La Iglesia celebra la apertura del Año Judicial de la Provincia Eclesiástica Valentina Monseñor Arrieta: "El pontificado de Francisco está aportando renovación al ordenamiento de la Iglesia"

El Tribunal Eclesiástico de Valencia ha celebrado hoy, viernes, la apertura del Año Judicial de la Provincia Eclesiástica Valentina, presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y con la intervención del secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, monseñor Juan Ignacio Arrieta, quien ha pronunciado la lección magistral sobre “La reforma del derecho de la Iglesia en el pontificado del papa Francisco”.

Así, monseñor Arrieta se ha referido de forma global a las reformas e iniciativas aportadas hasta ahora en el pontificado de Francisco en relación al ordenamiento canónico y a sus principales instituciones, en cuanto a la reforma de las personas, a la reforma de las relaciones entre las personas y las instituciones, y la reforma de las organizaciones dentro de la sociedad eclesial.

En este sentido, a través del análisis de esos tres aspectos, el secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos ha mostrado la “renovación que el pontificado de Francisco está aportando al ordenamiento de la Iglesia”.

En su intervención ha abordado, entre otras cuestiones, la reforma de la Curia romana, la adopción de sistemas de control y de transparencia así como la formación humana y espiritual de sus profesionales.

Para monseñor Arrieta, “estos seis años que ahora se cumplen de pontificado del papa Francisco han sido años densos en sucesos y en novedades pero nos colocan ante perspectivas que antes eran impensables”. Así, “su reciente viaje a Dubai o el acuerdo alcanzado con el Gobierno chino nos ponen en un camino lleno de esperanza”, ha indicado.

“Gran esfuerzo de la Santa Sede y la Iglesia ante graves delitos”

De igual modo, monseñor Arrieta se ha referido al “gran esfuerzo de la Santa Sede y de la Iglesia entera” ante la aparición de “graves delitos”.

En esta línea, ha defendido que “en los seis años de su pontificado el Papa ha mantenido el criterio de rigor en materia de abusos de sexo que había iniciado Benedicto XVI y aún antes el que fuera prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger”.

“A él se debe ya desde los primeros años en la dirección de ese dicasterio el continuo apremio para rectificar la equivocada solución que antes se daba a éste y a otros problemas del clero de obligarles, simplemente, a solicitar la dispensa de las obligaciones sacerdotales”. Así, ha expresado que “éste no era el camino y que era necesario que, a través de un verdadero proceso, se impusiese, cuando fuera necesario, la pena de expulsión del Estado clerical a quienes resultaban culpables de determinados delitos”.

Igualmente, por iniciativa del Papa, las Conferencias Episcopales y las diócesis han tenido que establecer “claros protocolos de prevención y de eventual denuncia de este tipo de delitos, de acuerdo con la legislación penal de cada país”.

“Estamos a la espera de poder concluir la reforma de la entera legislación penal del código de Derecho Canónico iniciada en 2009”

Desde 2001, estos delitos especialmente graves pertenecen a la jurisdicción exclusiva de la Congregación de la Doctrina de la Fe, a la que se refieren todos los Obispos y superiores para proceder jurisdiccionalmente. “Éstos últimos, como es natural, están obligados a iniciar autónomamente la investigación previa, apenas recibida noticia, y adoptar las medidas cautelares necesarias en relación con el reo, normalmente la suspensión provisional de todo encargo pastoral, y otras medidas de vigilancia hasta que no se llega a instaurar propiamente la causa”.

“El esfuerzo que la Santa Sede y la entera Iglesia está haciendo para combatir este gravísimo delito son proporcionales al grave escándalo que naturalmente suscitan crímenes de este tipo realizados por quienes tenemos el deber de proclamar el Evangelio”, ha añadido.

“El ordenamiento canónico procede, con autonomía, respecto del civil”

En todas estas circunstancias, según monseñor Arrieta, “el ordenamiento canónico procede, con autonomía, respecto del civil siempre respetando las normas de cada país, y con mucha frecuencia imponiendo sanciones penales, incluso perpetuas, por hechos que la jurisdicción civil ha archivado o sobre los que se ha dictado sentencia absolutoria”.

“Téngase en cuenta, por ejemplo, que la prescripción de este tipo de delitos se ha elevado en la Iglesia a 20 años a partir de la mayoría de edad de la víctima y que muchos casos concretos –cuando hay particular escándalo– se ha creído necesario derogar incluso las normas de la prescripción”.

Así, según ha asegurado en su intervención, Francisco estableció en 2014 dentro de la Congregación de la Doctrina de la Fe un Colegio de Jueces, formado por cardenales y obispos expertos en Derecho para resolver en última instancia los recursos contra las penas impuestas en estas materias por las diversas autoridades eclesiásticas.

Igualmente, el secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos ha asegurado que además de las iniciativas de prevención y de formación que en toda la Iglesia se adopte en esta materia con clérigos, religiosos, y el personal laico, dependiente de instituciones eclesiásticas, -que es primordial-, “estamos a la espera de poder concluir la reforma de la entera legislación penal del código de Derecho Canónico iniciada en 2009”. El objetivo central que se persigue “es devolver a los Obispos locales la jurisdicción en la mayoría de estas situaciones proporcionándoles instrumentos jurídicos, que antes no tenían, y responsabilizando su actividad pastoral”, ha matizado.

Cardenal Cañizares: “Debemos redoblar los esfuerzos por adaptar las estructuras actuales a las necesidades reales de los fieles”

En el acto de apertura del Año Judicial de la Provincia Eclesiástica Valentina, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha destacado que “debemos redoblar los esfuerzos por adaptar las estructuras actuales a las necesidades reales de los fieles” en el ámbito del acompañamiento espiritual y pastoral adecuado a las familias y matrimonios en crisis.

Igualmente, respecto al modelo de mediación de la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Comunitat Valenciana, que ha calificado como “beneficiosa para la sociedad puesto que facilita la mediación”, el Arzobispo ha puesto “a disposición de esta Ley la experiencia acumulada de nuestros órganos judiciales y de nuestros profesionales, especialmente, a través de la mediación intrajudicial canónica implantada en la diócesis de Valencia, y por ello trabajaremos por diseñar iniciativas de encuentro mutuo e intercambio de experiencias”.

En esta misma línea, ha recordado que los tribunales eclesiásticos de la Provincia Valentina “han asociado a su oficio ordinario el de proveer a las familias en crisis de una serie de servicios de acogida y acompañamiento previos, coetáneos o subsiguientes a las causas matrimoniales que han tenido unos resultados positivos y han permitido conciliar la ruptura y crisis familiar con la mejor supervivencia de los vínculos familiares”.

Por su lado, el balance del Año Judicial “pone de relieve el espíritu de comunión -en la Provincia Valentina- con el deseo del Papa Francisco de que la Iglesia, en todas sus articulaciones, actúe en armonía para proporcionar el apoyo institucional y pastoral adecuado a los matrimonios y las familias”.

Además, “nos permite subrayar el importante esfuerzo realizado en tres ejes básicos, que son la celeridad en los procesos, la simplificación de los trámites y la especial atención a los fieles necesitados”.

Como iniciativas necesarias, el Cardenal ha subrayado la importancia de “una pastoral familiar próxima y cooperante con la actividad, también pastoral, de los Tribunales eclesiásticos; una formación permanente de los párrocos, porque en sus manos está la primera orientación a las familias y matrimonios; y en determinados casos, avanzar hacia la descentralización” de los servicios de los Tribunales.