Piden la derogación de los Acuerdos con el Vaticano Asociaciones, AMPAS y sindicatos exigen "sacar la religión confesional de la Enseñanza" y "de forma inmediata"

Cerca de 40 entidades, entre las que se encuentran asociaciones, AMPAS y sindicatos, se han unido en la campaña 'Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela', para exigir la derogación de los Acuerdos con el Vaticano para que no se oferte la asignatura de Religión en los centros educativos españoles.

Los firmantes de la campaña piden el fin de dichos acuerdos entre el Estado y el Vaticano porque, según indican, constituyen la "base legal de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema educativo", más aún cuando consideran que se ha producido un "progresivo rechazo social y político a sus contenidos", que tachan de "antidemocráticos".

De igual forma, reclaman la anulación de aquellos Acuerdos suscritos con otras confesiones que establezcan la posibilidad de impartir otras religiones en la escuela.

Asimismo, piden que se garantice la "plena laicidad de la enseñanza", para lo cual exigen "sacar la religión confesional de la Enseñanza" y "de forma inmediata", no financiar con dinero público el "adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar" y "potenciar la Red Pública de Enseñanza", la cual consideran "fundamental" para "vertebrar el Derecho a la Educación de todos".

Campaña iniciada en 2002

La campaña 'Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela' surgió en 2002 con el objetivo de lograr "la plena laicidad del sistema educativo".

Según recuerdan las entidades que forman esta iniciativa, en abril de 2019, durante la discusión parlamentaria de la última reforma educativa (LOMLOE), se envió al Ministerio de Educación y FP y a los diferentes grupos parlamentarios un documento en el que demandaban la derogación de los Acuerdos concordatarios de 1979 con el Vaticano, de acuerdo a la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Educación del Congreso el 22 de febrero de 2018.

Sin embargo, denuncian que durante la tramitación de la LOMLOE y hasta ahora, no se ha hecho efectiva dicha proposición, ni se ha reclamado por parte de ningún Grupo parlamentario. Tampoco en los Acuerdos de Gobierno de la actual coalición gubernamental se hizo mención a ello, ni en la tramitación y aprobación de esta última reforma, comentan.

Preocupación por una educación en valores cívicos y éticos

La ley fue aprobada en diciembre de 2020, y actualmente el Ministerio está trabajando en su desarrollo normativo, en los reales decretos que fijarán las enseñanzas mínimas de cada etapa educativa.

Esta cuestión "preocupa" a las casi 40 entidades, que dudan de los contenidos que se impartirán en la nueva asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, que se impartirá en un curso de Primaria y en otro de Secundaria, así como de su aplicación en los centros privados concertados de ideario propio (en su mayoría católicos).

"También nos preocupa la aplicación y solución que se va a dar, por parte de las diferentes CCAA y de los diferentes centros (en su autonomía) de la no alternativa a quienes no soliciten Religión", añaden en referencia a lo que dice la ley al respecto sobre su 'asignatura espejo'. Por ello, solicitarán reuniones con los diferentes responsables políticos.

Según denuncian, la actual política educativa de Estado está provocando "diversos desajustes", en base a las políticas de los diferentes territorios, que tienen más competencias en cuanto al porcentaje de currículo con esta última reforma.

"Por una parte, se siguen desarrollando diferentes procesos de mercantilización y privatización de la Enseñanza, tanto por vía de precarizar la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo al sector privado, en su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia católica. Y por otra parte, se siguen manteniendo en los centros escolares públicos a personas designadas por los obispos, con la misión de, además de impartir clases de religión, cristianizar a la comunidad educativa y hacer proselitismo religioso", afirman.

Y todo ello conlleva, según señalan, un "doble grave perjuicio para el alumnado" que, por un lado, es "segregado por motivos ideológicos" y, por otro lado, también es "segregado por motivos económicos y sociales".