Francisco marca el camino de no retorno en la lucha contra los abusos a menores. Y lo hace colocando al Estado Vaticano como 'banco de pruebas' para unas normas que serán de obligado cumplimiento, en el futuro, para toda la Iglesia. Roma se pone de ejemplo en un tema en el que, desgraciadamente, no siempre estuvo a la altura.

Un mes después de que concluyera la Cumbre Antipederastia, Roma empieza a tomar medidas para que la Iglesia vuelva a ser un lugar seguro para los menores. Así, la Nueva ley sobre la Protección de Menores y Personas Vulnerables del Estado Vaticano, que entrará en vigor el 1 de junio, establece el aumento de la prescripción de los delitos hasta 20 años después de que el menor alcance la mayoría de edad.

La norma, que viene acompañada de un Motu Proprio (un decreto) de Francisco, que obligará a los ciudadanos vaticanos a denunciar cualquier abuso cometido en el Estado, o por los representantes de la Santa Sede (nuncios y personal diplomático) en el extranjero. A los que no lo hagan, o se retrasen en la denuncia, serán penados con multas que podrían llegar a los seis meses de prisión.

Fin del sigilo sacramental

El objetivo, subraya el Papa, es atender "los derechos y necesidades de los niños y personas vulnerables", así como "prevenir cualquier forma de violencia o abuso físico o psíquico, negligencia, maltrato o explotación" que puedan sufrir.

También, "ser conscientes de la obligación de denunciar los abusos a las autoridades competentes y cooperar con ellas en actividades de prevención y cumplimiento de la ley. "Todo abuso o maltrato contra menores de edad se procesa efectivamente de acuerdo con la ley", sostiene el Papa, quien reconoce a las víctimas y sus familias "el derecho a ser escuchados y acompañados".

Así, añade el Papa, "se ofrecerá atención pastoral adecuada a las víctimas y sus familias; apoyo espiritual, médico, psicológico y legal adecuado”, así como el “derecho a un juicio justo e imparcial".

La norma elimina el secreto sacramental para estos asuntos, es decir, las confidencias a las que un sacerdote tiene acceso, pero no durante la confesión. El secreto de confesión, al ser catalogado por la Iglesia como sacramento, no puede levantarse. También se ha anunciado la creación de un nuevo organismo, el Servicio de Acompañamiento que gestionará el Gobernatorato vaticano.

Acceso a las actas del proceso

En los procesos penales, apunta la nueva norma, la víctima tendrá derecho a estar informado sobre sus derechos y los servicios a su disposición; será informado de todo el proceso, y podrá tener acceso a las actas.

Durante el juicio, los menores podrán ir acompañados de sus abogados y de un adulto. Si es menor de 14, siempre con un abogado, y la audiencia se grabará. Las nuevas normas son un anticipo del vademécum, que se espera se publique en las próximas semanas, y que dará normas explícitas de comportamiento a obispos y responsables religiosos de todo el mundo.