"Se quiere ir hacia otra praxis, más lógica y evangélica, frente a la anterior, que no era ni lo uno ni lo otro" Añastro cambia el paso y pide a las diócesis que provean fondos para indemnizaciones por abusos

“Si hay una sentencia en contra y esta dice que hay que indemnizar a la víctima de abusos, se paga cuanto antes”. Añastro cambia la consigna y pretende ponerse al lado de las víctimas, en vez de enfrente. O esa es la sensación que quedó tras la reunión conjunta entre diócesis y congregaciones que tuvo lugar la pasada semana, a puerta cerrada, para fijar criterios comunes en el tema de las indemnizaciones que habrían de afrontarse en caso de sentencias condenatorias por casos de abusos sexuales. Aunque la actuación que se está viendo en algunas diócesis, como en la de Toledo, parece distar mucho de este "cambio de praxis".

Poco más de dos años y medio después de que el entonces secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en nombre del conjunto del Episcopado, echase un jarro de agua fría a la petición de hacer un informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia en España y a la creación de un fondo de compensación económica para los abusados, las cosas han cambiado sustancialmente: en vísperas de la entrega de la auditoría encargada a un despacho de abogados (con retraso, eso sí), los ecónomos de las diócesis españolas han recibido la petición de que provean fondos para indemnizaciones. Y para que se vayan haciendo una idea, el monto de lo que las sentencias civiles marcan en España en el caso de sentencias condenatorias oscilan entre los 3.000 y los 40.000 euros, según se les informó haciéndose eco de un estudio ya existente.

Se trata de un cambio de actitud que, sin embargo, se ha ido cocinando lentamente y en realidad, obligados por la fuerza de los hechos. Y que fue expuesto con toda naturalidad por Fernando Giménez Barriocanal en la macro-reunión con miembros de las Oficinas de Protección de menores de las diócesis y congregaciones religiosas y a la se han unido vicarios generales, vicarios judiciales, moderadores y agentes jurídicos de institutos de vida consagrada, además de los ecónomos.

En total, 400 personas. El motivo lo justificaba: establecer las líneas maestras de actuación en el caso de las indemnizaciones económicas y unificar criterios de actuación, toda vez que, según ha sabido Religión Digital, algunas congregaciones religiosas habían decidido actuar por su cuenta y pagar dinero a víctimas que habían amenazado con denunciar, según señalan fuentes que as¡stieron a la reunión.

Aunque a la cita faltaron casi la mitad de los ecónomos diocesanos, a la otra mitad le quedaron claros los criterios expuestos por el veterano vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE: si hay sentencia condenatoria, pagar la indemnización “cuanto antes”; si no hay sentencia condenatoria, “la Iglesia tiene la obligación moral, aunque no legal”, de ponerse a disposición de las víctimas para ayudar con los gastos “de reparación”, como la terapia psicológica y otros derivados de su situación personal; y, finalmente, instar a las diócesis y a las congregaciones religiosas a proveer fondos tanto para las indemnizaciones como para el funcionamiento de las oficinas antiabusos.

“El criterio dado en ese encuentro -señala un asistente- fue que la Iglesia ayudará a reparar a las víctimas, incluso con dinero en el caso de que los casos hayan prescrito. Porque las víctimas son víctimas, y si necesitan ayuda, tienen que saber que ahí está la Iglesia. Y advirtiendo que no se debe entrar en el juego de la extorsión, de pagar silencios a cambio de que no haya denuncias. Si esto se diera, hay que decir a esas personas que saquen a la luz pública lo que consideren, si quieren”.

Ayuda a las diócesis con menos recursos

Se abordó también la cuestión de las diócesis que tiene menos recursos económicos. En estos casos, la consigna es que “se buscarán los medios que sean necesarios para que, llegado el caso, también ellas puedan afrontar sus responsabilidades económicas”. Igualmente, se indicó la conveniencia de que, si hay algún caso que se esté juzgando, las diócesis afectadas lo tengan en cuenta de cara a la elaboración de sus presupuestos”.

Se destacó también como un paso positivo la petición de que las oficinas antiabusos, tres años después de su creación (sobre el papel al menos), tengan realmente un presupuesto específico con el que poder funcionar y atender a sus obligaciones, algo que según se señala, es hoy por hoy insuficiente. “No puede ser que estas oficinas tengan dificultades económicas para seguir funcionando”, señalan las fuentes.

Con respecto a la expectación ante la próxima presentación del llamado informe Cremades, se destaca “la tranquilidad” con respecto a los resultados que este pueda arrojar, así como por las responsabilidades económicas que de los mismos pudieran derivarse. “Lo que sí había era malestar por el retraso en su presentación”.

En la gestión de los casos de abusos sexuales en la Iglesia en España, indican las fuentes, “hasta no hace mucho tiempo hubo una praxis, y ahora parece que se quiere ir hacia otra, más lógica y evangélica, frente a la anterior, que no era ni una cosa ni la otra. Y me alegro de que nos pongamos en la onda del Evangelio”, apuntan los asistentes al macroencuentro.