Carmen Calvo admite que las inmatriculaciones "se han hecho al amparo de una situación legal" Argüello: "La Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo"

"La Iglesia no quiere nada que no sea suyo". El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, destacó hoy que en el informe hecho público esta mañana por el Consejo de Ministros sobre las sobre las inmatriculaciones de la Iglesia, el propio Ejecutivo realiza un reconocimiento de la legalidad seguida por la Iglesia en este proceso.

Argüello aseguró que la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo, “por lo que estamos dispuestos a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide”. A su vez, recalcó que estos bienes están al servicio del “bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana: en la liturgia, en la catequesis y en la caridad”, y que muchos de ellos tienen también un extraordinario valor histórico, artístico y cultural de los que, mediante visitas y actividades, disfruta la sociedad.

En este sentido, Argüello hizo un llamamiento a la colaboración entre la Iglesia, la sociedad y las administraciones públicas “para que el mantenimiento de estos bienes y para que su uso, el propio de la acción de la Iglesia y el que pueda realizarse para el bien común, social, artístico y cultural, pueda seguir realizándose”. 

El Gobierno presenta el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica, que ha sido trasladado al Congreso: tienen 34.961 inmatriculaciones, de las cuales 20.014 son templos #Directopic.twitter.com/QCyg98hav6

— Europa Press (@europapress) February 16, 2021

Por su parte, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha abierto la puerta a que el listado permita tanto a las administraciones públicas como a los particulares (personas físicas o jurídicas) reclamar inmatriculaciones si consideran que han sido parte afectada de las mismas, pero ha recordado que, en principio, serían legales. "Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica se han producido al amparo de una situación legal. Otra cosa es que haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el presidente Aznar", ha explicado.

En este sentido ha añadido que estas eventuales reclamaciones podrán ser realizadas tanto por la Administración General del Estado (incluyendo el conjunto de administraciones autonómicas y locales) como por particulares (personas físicas o personas jurídicas). Respecto a la otra parte, también ha asegurado que "si la Iglesia considera que hay inmatriculaciones que puede resolver de oficio o va a defender su derecho a los tribunales frente a otra parte, es una decisión suya, una vez que es la institución religiosa que ha tenido la posibilidad legal de hacer esas inmatriculaciones".

Calvo ha recordado que estos registros se hicieron al amparo de una reforma que, pese a ser polémica, era legal. "Discrepando o no de lo que propició la reforma de Aznar, lo que es verdad es que se produce a la luz de una legalidad. Al Gobierno le compete dar una información transparente, rigurosa y veraz de un mandato que se le encomendó a Rajoy y que no cumplió".

La vicepresidenta también ha insistido en los diferentes tipos de bienes que se incluyen en el listado y cuáles pueden ser los más proclives de ser reclamados: "Hay bienes claramente dedicados al culto y a la educación, y bienes que no tienen nada que ver con eso. Bienes protegidos bajo el paraguas de Patrimonio español y las leyes autonómicas de patrimonio histórico, que están afectos a un fin público y de utilidad social. En esas tipologías el espacio que ahora se abre cuando se tienen conocimiento de esos bienes será el que condicione la decisión de cada posibilidad y los que puedan estar sometidos a litigio".

Hay bienes claramente dedicados al culto y a la educación, y bienes que no tienen nada que ver con eso. Bienes protegidos bajo el paraguas de Patrimonio español y las leyes autonómicas de patrimonio histórico