Los datos se mantuvieron 4 meses en internet: las víctimas exigen "que se depuren responsabilidades" La Conferencia Episcopal publicó, por error, los datos personales de 45 víctimas de la pederastia clerical
Aunque a los pocos días la retiró de la web, siguió durante cuatro meses en internet, sin informar del incidente a los afectados ni a la Agencia Española de Protección de Datos, con lo que podría haber incurrido en una posible violación de las normas de protección de datos, con multas que podrían alcanzar, en casos extremos, los veinte millones de euros, tal y como publica hoy El País
"A la espera de las responsabilidades penales, civiles y en materia de protección de datos, consecuencias directas de este hecho delictivo de enorme gravedad, desde ANIR queremos mostrar nuestra condena sin paliativos y exigimos el cese inmediato de los actores principales y secundarios de este hecho"
La desastrosa gestión de la información sobre la auditoría encargada a Cremades y los sucesivos informes 'Para dar luz' sigue dando quebraderos de cabeza a los obispos españoles. Así, tal y como publica hoy El País, la Conferencia Episcopal tuvo en su web 18 días una versión de la auditoría de encargada al bufete, en el que incluía información reservada de 45 víctimas de abusos. Aunque a los pocos días la retiró de la web, siguió durante cuatro meses en internet, sin informar del incidente a los afectados ni a la Agencia Española de Protección de Datos, con lo que podría haber incurrido en una posible violación de las normas de protección de datos, con multas que podrían alcanzar, en casos extremos, los veinte millones de euros.
"Si esto pasa en otra institución, los responsables del informe y el secretario general deberían dimitir", apunta una fuente conocedora del escándalo, que admite que no hubo "mala fe" en los obispos, pero sí "una desastrosa ausencia de profesionalidad", que achacan tanto al responsable de comunicación, Josetxo Vera, como al que -según relatan a El País fuentes de Cremades- tuvo primer conocimiento del error, el vicesecretario de Asuntos Económicos, de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, y al mismo secretario general y portavoz, y último responsable según estas fuentes, César García Magán.
"La CEE y el bufete de abogados se culpan mutuamente de lo ocurrido", destaca el diario de Prisa, que añade que el documento incluye los nombres y apellidos de las víctimas, y, entre otros detalles, un breve relato de los hechos, la fecha y lugar en que sucedieron, la edad que tenían las víctimas cuando fueron agredidas y el tipo de abusos que sufrieron. Información protegida por la Ley de Protección de Datos, y que la Iglesia española no supo conservar convenientemente.
Acusaciones cruzadas entre la CEE y Cremades
El Episcopado, según relata El País, echa la culpa al bufete, aunque la información estaba colgada en su portal. Explica que el despacho entregó su auditoría el 16 de diciembre, pero luego, “a lo largo de la semana”, no precisa la fecha, envió “una segunda versión del informe de auditoría, con el mandato de que esta nueva versión se subiera a la página web, sustituyendo a la anterior, por considerarla el despacho como la versión definitiva”, y asegura que así se hizo el 22 de diciembre. Esta explicación no aclara por qué, en todo caso, las dos versiones que hizo públicas la CEE, la primera y la definitiva, solo difieren aparentemente en ese anexo con información reservada y por lo demás parecen idénticas. Es decir, por qué iba a exigir el bufete la sustitución de un documento por otro igual y con el único añadido de información privada que no se podía divulgar, sostiene la publicación.
Por contra, Cremades aduce que es la CEE quien cometió el error al hacer cambios en su nota de prensa y sustituir un informe sin los datos confidenciales, el que estaba en un principio, por otro donde no se habían suprimido. De hecho, a día de hoy, sostiene El País, los obispos todavía no han informado a la Agencia Española de Protección de Datos. El bufete insiste en que el 23 de diciembre, pocos días después de la polémica presentación del segundo informe 'Para dar luz', que incluyó en una segunda nota de prensa el link a la auditoría nunca presentada de Cremades, "advirtió al director de comunicación de la CEE, Josetxo Vera, y al vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal".
¿Y qué opinan las víctimas? "A la espera de las responsabilidades penales, civiles y en materia de protección de datos, consecuencias directas de este hecho delictivo de enorme gravedad, desde ANIR queremos mostrar nuestra condena sin paliativos y exigimos el cese inmediato de los actores principales y secundarios de este hecho", resalta la Asociación Nacional Infancia Robada, que exige "depurar responsabilidades".
"No vamos a admitir que una vez más, se juegue con la integridad emocional de las víctimas y supervivientes de violencia sexual. Este delito, además de poner en riesgo a seres humanos, es revictimizador y le corresponde a la ejecutiva de la Conferencia Episcopal asumir la respuesta debida. Por humanidad y coherencia. En caso de que no se asuma esa responsabilidad, las consecuencias serán aún más graves de lo que ya son", culminan desde ANIR.
