El 0,6% de las víctimas fueron abusadas por clero católico, y un 1,13% en el ámbito religioso Informe del Defensor del Pueblo: uno de cada diez españoles asegura haber sufrido abusos sexuales siendo menor de edad

Uno de cada diez españoles (el 11,7%) afirma haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años, según una encuesta realizada por GAD3 para el Defensor del Pueblo, y que se incluye en el 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica', Una respuesta necesaria, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acaba de presentar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y que entregará el día 2 al ministro de la Presidencia.

Los datos de la encuesta, la primera muestra metodológica y numérica significativa en este campo (8.013 personas) señalan cómo el 3,36% de los abusos se produjo en el ámbito familiar, mientras que el 0,6% afirma que "ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13% que la agresión se registró en el ámbito religioso". Cualquier extrapolación de los datos a la realidad estadística española daría, en todo caso, cientos de miles de casos. 440.000, según extrapola El País, aunque Gabilondo ha querido dejar claro que él no es quién para hacer dicha extrapolación.

Los datos de la CONFER son 1.430 víctimas, y sin embargo la diferencia es de unos 400 con los obispos, destacó Gabilondo. "La CEE ha encontrado menos que nosotros", incidió Gabilondo, quien añadió que El País habla de 2.223. "Cuantificar estos asuntos es poco fecundo, es importante cada caso, y que no se deje ningún caso fuera de la contabilidad", recalcó el Defensor del Pueblo. "¿Por qué no hemos extrapolado nosotros? Porque pensamos que no se debe extrapolar".

En la encuesta, además, se refleja cómo "el 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron de bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema".

El informe, de 777 páginas, indica que "los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública", un problema, añade, que "ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad".

Un fondo estatal de compensaciones

Entre las recomendaciones del informe, el Defensor del Pueblo apunta la posibilidad de celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas.

El informe ve la luz (a falta de que se conforme la comisión parlamentaria en la nueva legislatura, momento en que Gabilondo regresará al Congreso a explicar su contenido, y será la Cámara Baja la que tome decisiones al respecto de las recomendaciones) 15 meses después de que el organismo público recibiera la encomienda.

A lo largo de los meses, el Defensor del Pueblo ha mantenido reuniones con asociaciones de victimas, más de 80 encuentros con la dirección de la Conferencia Episcopal Española, Conferencia Española de Religiosos, Tribunal de la Rota, institutos de vida consagrada, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas.

La Iglesia y la negación del problema

Sobre la respuesta de la Iglesia católica, el informe resalta cómo "al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema", y lamenta cómo algunas víctimas "han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos", según señala en nota de prensa la Oficina del Defensor del Pueblo.

No obstante, el estudio reconoce que la Iglesia católica "es una institución plural y que la Comisión Asesora, creada ad hoc, pudo detectar buenas y malas prácticas". Y el Informe reconoce “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.  

En lo tocante a la actuación de los poderes públicos, la nota de prensa recalca que "carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica". Sólo muy recientemente, el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. "La mayoría de casos que han llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial".

"La mayoría de casos que han llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial"

Una veintena de recomendaciones

El informe concluye con una veintena de recomendaciones concretas, entre las que destaca la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020.  Asímismo, el Defensor del Pueblo propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica. 

Entre las recomendaciones se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos, algo a lo que, por el momento, no están obligados.