El Cabildo acusa al Gobierno de acelerar ahora el proceso Economía ratifica la sanción a Gómez Sierra y los ex directivos de Cajasur
El Ministerio de Economía ha ratificado las sanciones que el Banco de España impuso a sus dos últimos presidentes, Juan Moreno y Santiago Gómez Sierra -arzobispo auxiliar de Sevilla-, a exconsejeros y a exdirectivos de Cajasur después de la intervención de la entidad controlada por la Iglesia el 21 de mayo de 2010, confirmaron fuentes cercanas al caso. En total, el órgano supervisor fijó una multa de 2,5 millones de euros para 40 participantes en la gestión de la caja cordobesa. Lo cuenta F.J.D. en Diario de Sevilla.
La mayor de todas las sanciones corresponde a Gómez Sierra, que deberá pagar 180.000 euros y afrontará una inhabilitación de dos años para ejercer cualquier cargo directivo en el sector financiero.
Por su parte, el Cabildo de la Catedral se revolvió ayer contra la orden del Ministerio de Economía que ratifica las sanciones interpuestas por el Banco de España a los antiguos gestores de Cajasur, cuya notificación se produjo durante el día de ayer. En su airada respuesta, los canónigos acusan al Gobierno de acelerar el proceso de los expedientes sancionadores de Cajasur contra los antiguos responsables de la entidad antes de que se produzca el cambio efectivo del Gobierno y apuntan que la orden ministerial que ratifica en casi todos sus puntos las sanciones interpuestas por el Banco de España después de la intervención de la entidad cordobesa es "bastante irregular y deficiente en términos jurídicos".
Y es que el Cabildo encuentra una estrecha relación entre el cambio de gobierno y la "cierta precipitación" con la que entiende que se ha ejecutado la citada orden. En extensión, el texto de los representantes de la Iglesia en la anterior etapa de Cajasur sostiene que si bien el dictamen del Ministerio "no sorprende por su contenido" en cuanto a su visión de las sanciones, "la irregular manera en que ha sido adoptada y la fecha elegida para ello evidencian cierta precipitación, un deseo de resolver el asunto antes de que tuvieran lugar las elecciones del pasado domingo".
La Iglesia, sin embargo, no se queda ahí, sino que valora además el momento político del país y sugiere que el resultado de las elecciones "era previsible de antemano y provocaría la salida del ministerio de la actual titular, Elena Salgado". Es por ello que los canónigos interpretan que el actual gobierno en funciones habría acelerado el proceso para resolver el asunto bajo su mandato.
Pero el verdadero interés del Cabildo reside en la interposición de un recurso de reposición al dictamen ministerial comunicado ayer. ¿Qué significa esto? Fácil. Ante el gobierno anterior este paso no hubiera tenido sentido porque es muy complicado que se admita un recurso de estas características por el mismo organismo que lo ratifica o instruye. Sin embargo, el hecho de que se vaya a producir un cambio de gobierno anima a la Iglesia a agotar la vía administrativa ante un ministro del PP "por las poderosas razones que nos asisten".
La Iglesia, según la nota remitida ayer a última hora de la noche, como viene siendo tradicional en esta institución cuando se abordan temas relacionados con Cajasur, manifestó su confianza en que en el marco de un futuro proceso contencioso-administrativo "podamos contar al fin con la paridad de armas jurídicas frente a quienes han instruido el expediente sancionador". Carga de este modo el Cabildo contra el actual Gobierno y contra el Banco de España, a quienes acusa de proceder de forma inexplicable y sin la "aparente asepsia de una aislada operación de disciplina bancaria y de intervención en la que se hizo público escarnio de Cajasur, tachando a dicha entidad de mala gestión financiera y de asumir riesgos excesivos".
Sin dejar esta línea de ataque a quienes ellos señalan como responsables de una intervención injusta, el Cabildo sugiere que las motivaciones y las irregularidades que en su día llevaron al Banco de España a a adoptar aquellas decisiones "lejos de ser endémicas y exclusivas de la caja, eran generalizadas en todo el sector y en algunos casos mucho más graves, como hoy es a todas luces evidente". Claro que con esto reconocen de forma explícita que la caja tenía graves problemas, al menos tan importantes como los que sufren las entidades intervenidas recientemente.
La ratificación de las sanciones realizada por el Ministerio de Economía afecta a los dos últimos presidentes de Cajasur, Juan Moreno y Santiago Gómez Sierra, a exconsejeros y a exdirectivos de Cajasur tras la intervención de la entidad, que se produjo el 21 de mayo de 2010. En total, el órgano supervisor fijó multas que suman 2,5 millones de euros para 40 participantes en la gestión de la caja desde distintas responsabilidades.
Fuentes del proceso consultadas ayer por El Día señalaron que el hecho de que se vaya a producir un cambio de gobierno abre la vía a que se generalicen estos recursos de reposición. Es más, en los casos de aquellos consejeros que votaron a favor de la fusión con Unicaja, hay mayor confianza en que el caso pueda resolverse sin cargas debido a que estos consejeros actuaron en todo momento como marcaba el Banco de España. Además, agotada esta vía, según fuentes distintas a las del Cabildo, quedaría el proceso Contencioso-Administrativo, en el que entienden que se le daría la razón a quienes intentaron evitar la desaparición de Cajasur tal y como se la conocía.
