Un juzgado de Pamplona la admite a trámite, pero no suspende la causa canónica El pederasta condenado por el 'caso Gaztelueta' denuncia al obispo de Teruel en un fallido intento de frenar el proceso canónico en su contra

El mundo al revés, o cómo un pederasta condenado en firme por el Tribunal Supremo denuncia al juez que lleva, por orden del Papa, un proceso canónico. Esto es lo que está sucediendo, desde hace meses, con el juicio canónico del 'caso Gaztelueta', constantemente torpedeado por el profesor del Opus Dei condenado por abusos a menores, y jaleado por medios de comunicación vinculados a la extrema derecha eclesial y otros poderes ocultos. Sin temor, incluso, a tratar de provocar un tsunami en las relaciones Iglesia-Estado de difícil solución.

Y es que José María Sanz, el profesor, supernumerario del Opus Dei, presentó el 17 de abril una demanda civil contra el obispo de Teruel (y juez designado por el Papa para este caso), José Antonio Satué, que fue admitida a trámite, en parte, el pasado 2 de mayo. Lo que no hace, y eso lo ocultan convenientemente quienes filtran la información, es que se ha rechazado la suspensión cautelar del proceso canónico. Curiosamente, o no tanto, cuando éste está a punto de culminar.

No es la primera vez que sucede algo así. A lo largo de todo el proceso, ha sido una constante que, poco después de cada una de las vistas -cuyo secreto de sumario ha sido incumplido sistemáticamente por una de las partes-, y en algunos casos sin que la otra parte fuera informada, saltaban a la luz informaciones sesgadas, dirigidas a modificar en la opinión pública una verdad jurídica que no es cuestionable, pues hay sentencia firme y no se ha recurrido ante instancias europeas, con lo que se trata de un caso cerrado: José María Sanz es un abusador de menores condenado. Pese a las presiones, insultos y amenazas recibidas, el trabajo del equipo jurídico designado por el Papa ha continuado.

En su demanda, Sanz reclama que Satué sea condenado por una intromisión contra el derecho fundamental al honor de José María Martínez, que se paralice el procedimiento canónico y se obligue al obispo a “abstenerse de promover cualquier otra actuación” relativa a los hechos que se juzgan, posibilidad que el tribunal que ha admitido a trámite la demanda civil ya ha negado. Entre otras cosas, porque el propio encausado aceptó participar en dicho proceso. 

También se reclama que sea condenado a pagar, en compensación por “graves daños morales”, 20.000 euros en caso de que el procedimiento civil contra el obispo concluya antes que el canónico contra Martínez, o de 60.000 euros si sucede al contrario. 

Sea como fuere, lo cierto es que el nuevo movimiento del pederasta condenado en firme por el Supremo se produce justo en el momento en que los trabajos del tribunal canónico están a punto de concluir, y cuando se espera un fallo inminente. Un fallo que, con el aval del Papa Francisco, se pretende reponer el buen nombre de la víctima, manchada por la anterior investigación canónica, que no se ha revocado pese a que las sucesivas sentencias en los tribunales de Justicia. Todo un procedimiento que coincide en el tiempo con las 'dificultades' que vive el Opus Dei, cuya existencia en la configuración actual (como una prelatura personal) está en entredicho. De hecho, en la práctica, la Obra ya está asimilada a una "asociación clerical".