Los obispos muestran su "preocupación" ante las reformas en Educación y Eutanasia El Gobierno abrirá en septiembre el 'melón' de las inmatriculaciones y la fiscalidad de la Iglesia
El Ejecutivo emplaza a la Conferencia Episcopal al comienzo del nuevo curso para negociar un nuevo sistema tributario en las relaciones Iglesia-Gobiero, así como a hacer público el listado de inmatriculaciones, como ya ha hecho Cataluña
| Jesús Bastante /Efe
El Gobierno abrirá en septiembre el 'melón' de la nueva fiscalidad de la Iglesia y el conflicto que puede provocarse tras la publicación del listado definitivo de inmatriculaciones, según han confirmado a RD fuentes de Vicepresidencia, tras un discreto encuentro celebrado esta semana entre responsables de la CEE y del Ejecutivo, y que hoy se ha conocido en sendas notas (cada institución ha enviado la suya), que evidencian algunas diferencias.
Así, mientras el Gobierno incide en el acuerdo parea retomar en septiembre las conversaciones sobre fiscalidad y los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, en la nota de la CEE -que despacha la cuestión con un "compartieron la oportunidad de poner en marcha las conversaciones en torno algunas cuestiones económicas en el próximo mes de septiembre"- se apunta a la "preocupación" de los obispos por las cuestiones educativas y antropológicas. Los obispos están sumamente preocupados por la reforma de las leyes de Educación y la posible aprobación de la Eutanasia.
Formalmente, la reunión, en la que han participado el subsecretario de la Presidencia, Antonio Hidalgo, y la subdirectora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, el secretario general de la CEE, Luis Argüello, y los responsables económicos de esta institución, Carlos López y Fernando Giménez Barriocanal, tenía la excusa de la presentación de la Memoria de Actividades de la CEE, pero ha servido para que ambas insituciones marcaran distancia la misma semana en que la vicepresidenta Calvo se ha reunido con las confesiones minoritarias, en un intento de visibilizar la "neutralidad" de los poderes públicos respecto al hecho religioso y el fin de la relación de privilegio de la Iglesia católica con el Ejecutivo en España.
