Se investiga un nuevo listado sin ningún tipo de documentación La Iglesia asturiana inmatriculó de manera sistemática más de 550 propiedades

Fue una labor sistemática desarrollada de años. La Iglesia asturiana aprovechó la rendija de la Ley Hipotecaria de 1946 y la posterior reforma del Gobierno Aznar para inmatricular a su nombre todo tipo de propiedades, desde templos a cementerios, capillas vecinales, terrenos de frutales, fincas urbanas y bienes protegidos por la Unesco, como el prerrománico asturiano. Un listado del Colegio de Registradores del Principado incluye un total de 553 propiedades. De la inmensa mayoría no había ni un solo documento que acreditara la titularidad. En concreto, en 516 se realizó por lo que se denomina certificación eclesiástica, es decir, una declaración del obispo o del arzobispo, de la máxima autoridad eclesiástica, que atestigua que el bien es suyo.

Se trata, por tanto, de un listado mucho más completo que el remitido a la Junta General del Principado, en el año 2018, donde apenas había 26 casillas. No obstante, el Grupo de Inmatriculaciones Asturias avisa. Este tampoco está completo. En las investigaciones que han hecho a título particular han aflorado propiedades inmatriculadas que no están en esta lista oficial del registro. Cuentan con notas simples para demostrar, por ejemplo, que la Iglesia puso a su nombre San Julián de los Prados o San Miguel de Lillo, otros dos bienes del prerrománico asturiano que gozan de protección internacional. La investigación sigue en marcha.

Las pesquisas no solo intentan sumar más bienes sino también descubrir las circunstancias en las que se realizaron las inmatriculaciones. El listado actual señala en qué registro se realizó el trámite, el número de inscripción de la finca, la localidad en la que se asienta, una brevísima descripción, que en algunos casos se ciñe a una sola palabra; el tipo de bien, si consta de dependencias complementarias y si existía alguna documentación al margen de la ya citada certificación eclesiástica. Sin embargo, no consta, por ejemplo, el año en el que se realizó. La fecha tiene una importancia crucial, ya que la legislación no siempre ha permitido el mismo procedimiento.

Desbrozar el listado

La Ley Hipotecaria de 1946 aprobada por el franquismo permitía a los obispados y arzobispados inmatricular bienes sin necesidad de justificar su propiedad. Tanto las administraciones como la Iglesia podían hacerlo. Solo quedaban excluidos los inmuebles o espacios dedicados al culto. Se podían inscribir desde plazas a prados de las fiestas o kioscos. En 1998 volvió a la actualidad, recuerda el portavoz asturiano, porque el Gobierno de José María Aznar permitió ampliar las inmatriculaciones a los bienes de culto. La normativa estuvo en vigor hasta el año 2015 cuando Estrasburgo condenó al Gobierno a pagar 600.000 euros y obligó a reformarla. La razón fue que la Iglesia registró a su nombre una finca que rodeaba una ermita que sí era de su propiedad. El solar, en cambio, pertenecía a aquella empresa de Palencia que batalló en los tribunales y que recurrió a Europa cuando en España fue incapaz de recuperar su suelo. No consta, por tanto, en qué momento se inscribió nada, aunque la lista de los registradores está repleta de templos parroquiales, capillas, ermitas, iglesias...

La descripción es tan somera que en muchos casos es muy complicado identificar los bienes. El Grupo de Inmatriculaciones, que ya maneja el listado, está tratando de desbrozarlo para llegar a alguna conclusión. De momento ya saben que todo el prerrománico, que sí está a nombre de la Iglesia asturiana, no está ahí.

La Iglesia asturiana tiene diferentes figuras jurídicas. En unas ocasiones la titularidad de todas las propiedades es del Arzobispado de Oviedo. En otras, aparece a nombre de la Diócesis de Oviedo o de la Archidiócesis. En unos pocos casos los límites jurídicos parece más difusos al ponerse a nombre de la «Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana». Uno de los monasterios que aparece está a nombre de la congregación. 380 de los bienes incluyen templos y dependencias complementarias. El resto no. 

Qué incluye

La iglesia parroquial de San Juan el Real, el templo ovetense en el que se casó Francisco Franco con Carmen Polo; la iglesia de Tresali, en Navia, construida con donativos y rifas organizadas por los vecinos; parte del monasterio de Santa María, en Villanueva de Oscos, un bien de interés cultural de gran relevancia; o la capilla de San Juan Bautista, en Cenero (Gijón), un ejemplo de la arquitectura románica del siglo XIII. Estos son solo tres ejemplos, aunque representativos, de los bienes inmatriculados por la Iglesia asturiana, que aparecían en el listado inicial entregado en 2018.

En este nuevo aparece de todo. Lo menos sorprendente pueden ser templos de referencia en grandes ciudades como la de San Nicolás o la capilla del Santísimo Cristo de Rivero, ambos Avilés. Pero también hay un sótano en Cangas del Narcea, una huerta en Santa María de Cerredo, terrenos frutos de concentraciones parcelarias en Amieva, Cangas de Onís, Onís y Parres; una finca de frutales en Caldones, Gijón; una finca urbana en Langreo, la casa sacerdotal de Oviedo; un garaje en Boo; suelo sin nombre en Bimenes; varias urbanas en Colunga, en la zona de Lué; y después terrenos sin describir a lo largo y ancho de toda la región de Poo de Llanes a Valle de Lago en Somiedo; Santianes, en Grado; decenas de terrenos sin bienes religiosos en Belmonte de Miranda; en Teverga, Proaza  Santo Adriano. 

Cifras nacionales

El Grupo de Inmatriculaciones da por hecho que este listado abarca el periodo de 1998 a 2015, es decir, que estas 553 inmatriculaciones se realizaron con la ley de Aznar. Así lo ha comunicado al Grupo Recuperando, que es la coordinadora que está aglutinando los esfuerzos de todos los equipos que se están movilizando en las diferentes comunidades. Dan por buena la cifra del Consejo de Transparencia que ya habla de unas 34.984 en toda España, en esa misma horquilla temporal. 

Los que tienen más avanzado el trabajo son los navarros. Ellos ya saben que en su territorio se produjeron 1.087 entre 1998 y 2007, otras 74 por gestiones municipales y que había otras 1.431 previas a 1998. En País Vasco han indentificado 523, una cifra muy similar a la ya demostrada en el Principado. En Aragón suman 2.023 posteriores a 1998 y ahora están tirando del hilo para analizar las décadas anteriores. En León son 2.102; en Burgos, en 3.000; en Sevilla 386; en Córdoba, 401; en Canarias, 489,... El siguiente paso consistirá en poder revetir lo hecho.