El Defensor del Pueblo Andaluz, favorable a los simulacros de procesiones en colegios públicos Jesús Maeztu: “La simulación de una procesión religiosa forma parte de la asignatura de Religión”

“La realización de una actividad consistente en la simulación de una procesión religiosa, como actividad complementaria, forma parte del contenido de la asignatura de Religión. Se trata de una actividad estrechamente vinculada al currículum de esa asignatura, como se establece en la normativa que la regula y está incluida en la programación”. Así responde Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz (DFA), a las quejas recibidas en relación con los simulacros de procesiones en los colegios públicos andaluces.

Una de las personas que puso en consideración de Maeztu su rechazo a esta idea fue el Presidente de la Federación de AMPA Nueva Escuela, Juan Antonio Carrasco Lobo. “La simulación de una procesión religiosa, como actividad complementaria, no puede ser considerada parte del contenido de la asignatura de religión, al no tener como objetivo la enseñanza y conocimiento de una concreta religión, o de una tradición o actividad cultural religiosa, sino la simulación de un hecho cultural con importantes connotaciones religiosas", expresaba Carrasco en una carta enviada a DFA en 2019. 

El debate está servido. Maeztu arguye que la actividad se ajusta a la legalidad vigente, cumpliendo con la normativa tanto en su diseño como en su aprobación. “Además —aclara el Defensor del Pueblo Andaluz en su respuesta a Carrasco— en ningún momento se ha vulnerado el derecho de las familias a declarar sobre sus propias creencias, puesto que el centro ha ofrecido la posibilidad de participar en una actividad complementaria sin preguntar sobre ideología o creencia”.

Tal como explica Diario de Sevilla, el origen de esta polémica tuvo lugar durante el curso 2018/2019, cuando en dos escuelas de la provincia de Sevilla se planificó esta “actividad complementaria” a propuesta del profesorado de Religión de los centros. Dicha decisión dio lugar a las primeras quejas, que suscitaron la inspección de la Consejería de Educación.

Velando por garantizar “el cumplimento de las leyes y los derechos de los miembros de la comunidad educativa”, la consejería supervisó las acciones llevadas a cabo por el profesorado y confirmó que habían sido aprobadas por los respectivos consejos escolares. "En ningún momento se ha vulnerado ninguno de los derechos del alumnado ni del profesorado, tal y como lo regula la Constitución, las leyes y demás normativa al respecto", expresa Maeztu en su carta, amparándose en el informe elaborado por los inspectores.