Utilizaba las expresiones "princesa" y "solete" para dirigirse a ella La Fiscalía de Gijón pide 8 años de cárcel para un sacerdote por abusar sexualmente de una alumna
Los abusos comenzaron en 2008, cuando la menor tenía 12 años, y se mantuvieron hasta 2012, ocasinando un trastorno de tipo ansioso depresivo en la menor
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de abuso sexual y solicita que se condene al procesado a 8 años de prisión e inhabilitación
| RD/Agencias
El escrito de acusación provisional de la Fiscalía ya ha sido presentado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, según fuentes de Fiscalía.
Según sostiene el Ministerio Fiscal el procesado, de 50 años, sacerdote, trabajaba como docente en el colegio en el que estudiaba la menor nacida en 1994.
El hombre, que en todo momento fue conocedor de la edad de la menor, inició el contacto personal con ella a través de redes sociales y en sus conversaciones le decía que no era de piedra, que la quería y utilizaba las expresiones "princesa" y "solete" para dirigirse a ella.
Durante los años 2008 y 2009, y contando la menor con 12 y 13 años, el procesado siguió intimando con ella, provocando encuentros y diciéndole que la amaba y que la deseaba. Durante el año 2010, cuando la niña tenía 14 y 15 años, mantuvo los primeros encuentros sexuales con ella, llegando a mantener relaciones completas cuando la menor contaba con 17 años.
Según Fiscalía el procesado le decía a la menor que era la mujer de su vida, que quería una vida con ella pero que no podía debido a su condición de sacerdote. La relación finalizo en septiembre del año 2012 y los hechos ocasionaron un trastorno de tipo ansioso depresivo en la menor.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de abuso sexual y solicita que se condene al procesado a 8 años de prisión; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación absoluta para el empleo y desempeño de actividades docentes y cualquier otra relacionada con menores durante 5 años; libertad vigilada durante 8 años, posteriores al cumplimiento de la condena, con la obligación de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la menor con 3.000 euros.
