SJM publica su décimo informe anual: Diez años de derechos vulnerados en CIE Los jesuitas denuncian "el sufrimiento constante que generan los CIE", mientras las Administraciones "miran hacia otro lado"

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) presenta el informe ‘Diez años mirando a otro lado’, décima publicación anual de esta serie. Diez años desde que un grupo de personas comenzaron a visitar el CIE de Madrid y a publicar trabajos de análisis anuales con el objetivo de despertar la conciencia social sobre la realidad hostil de CIE y a llamar a la puerta de la Administración para exigir el cumplimiento de los derechos humanos en estos centros y su cierre definitivo.

Este año, lamentablemente, el informe cuenta con muy pocos datos estadísticos del Ministerio del Interior, que incumple su deber legal de transparencia. Los datos obtenidos son fragmentarios, y en ocasiones no están bien identificados y las cifras obtenidas son discordantes. Según los datos manejados, el año pasado fueron internadas 6.473 personas, un 18% menos que en 2018. De ellas, casi el 60% habrían sido finalmente repatriadas forzosamente desde CIE.

Las cifras sobre solicitudes de asilo no cuadran: el informe maneja la cifra de 2.164, publicada por el Ministerio. Esa cifra supondría un aumento de un 10% respecto de 2018 y un máximo histórico. Sin embargo, recientemente hemos tenido acceso a otra cifra distinta, también proporcionada por Interior: 1.684. De nuevo, es deplorable la falta de transparencia del gobierno. Llama la atención que en los dos CIE de Canarias, donde se internó al 54% de las personas llegadas de forma irregular, solicitó asilo sólo el 0,28%, frente a lo que sucedió en el CIE de Algeciras (y su extensión en Tarifa), donde solicitó asilo el 69% de internos.

En 2019 el SJM constató graves vulneraciones de derechos de las personas extranjeras internas, mediante 1.462 visitas de sus equipos a 793 personas en cinco CIE del territorio. Estas vulneraciones son una constante en estos diez años de trayectoria de SJM en CIE, en realidad desde su apertura. El informe repasa casos de deficiencias en las autorizaciones judiciales de internamiento; episodios de violencia policial, calificados incluso de torturas y tratos degradantes y vejatorios; casos de autolesiones y suicidio que han exigido un severo protocolo para limitar el aislamiento en Valencia; internamiento de menores de edad, así como de personas con enfermedades mentales y físicas; problemas estructurales graves en las instalaciones (por ejemplo en el CIE de Las Palmas pese a las largas obras de reforma realizadas); trabas en la asistencia humana de las ONG; carencias en la asistencia jurídica y de intérpretes; falta de actividades socioculturales…

A pesar del esfuerzo por parte de la sociedad civil, el Defensor del Pueblo y los Juzgados de Control de CIE para denunciar esta larga lista de derechos vulnerados que atentan contra la dignidad humana, el Ministerio del Interior hace oídos sordos y dirige la mirada hacia otro lado, manteniendo una práctica tan lesiva como el internamiento, en el que se observa cómo sufren tantas personas y cómo se repiten episodios de violencia.

El informe analiza la aplicación defectuosa del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los CIE, nacido en 2014 ya sin pulso. Esta normativa ha demostrado ser insuficiente a la hora de garantizar el cumplimiento de los derechos que ampara, e ineficaz al no ser capaz de terminar con un modelo carcelario y policial, ni de proveer debidamente los servicios previstos.

Este informe también dirige una breve mirada a los CATE y otros dispositivos de primera detención, como las salas de inadmisión de los aeropuertos. Pone de manifiesto la arbitrariedad y la falta de transparencia sobre los criterios para derivar a unas personas a recursos de acogida humanitaria e internar en CIE a otras; así como las deficiencias en la asistencia letrada y en la interpretación que denuncia el Defensor del Pueblo. Asimismo dirige una breve mirada a las instalaciones aeroportuarias y a los vuelos de repatriación gestionados por Frontex, en los que el Defensor del Pueblo observa deficiencias, insistiendo en lo problemático de ejecutar la expulsión sin un preaviso de 12 horas.

El SJM deplora que el Gobierno y las instituciones sigan mirando hacia otro lado ante la realidad que acontece en los CIE, haciendo oídos sordos a la llamada de la sociedad civil, del Defensor del Pueblo y de los juzgados de control, que exigen una mirada crítica y de frente, denunciando un modelo insostenible. SJM reclama una vez más el cierre de los CIE, o al menos, en el caso de que se reabran, que se garanticen los derechos humanos y se restrinja su uso a casos muy excepcionales, como último recurso tal y como la ley prevé.

Durante la pandemia de la covid-19 que aún vivimos, España ha podido vivir con los centros de internamiento vacíos sin que se rompan sus costuras. La inminente apertura de fronteras genera preocupación e inquietud, en la medida en la que la posibilidad de ejecutar de nuevo las órdenes de expulsión y de devolución mueva al Gobierno a valerse de nuevo del internamiento. El SJM considera que es tiempo de políticas que faciliten procesos de regularización e impidan situaciones de irregularidad sobrevenida: a nuevos tiempos, nuevas políticas.