La Secretaría General unifica las respuestas que han de dar las diócesis Los obispos evitan remitir a Fiscalía los casos de abusos prescritos o no juzgados
La CEE centraliza las respuestas a las peticiones del órgano judicial para conocer todos los casos de pederastia clerical en España, y recuerda que las diócesis no pueden enviar datos relativos a abusos en congregaciones, movimientos o colegios religiosos
En ningún caso se habla de casos de abusos con víctimas que ahora sean mayores de edad y que estén prescritos, algo que también habría solicitado la Fiscalía para poder tener un escenario real de la situación de los abusos en la Iglesia, más allá de lo meramente jurídico. Los obispos, en cambio, consideran que no están obligados a informar sobre estos casos al órgano judicial
La Fiscalía reclama a la Iglesia información sobre la pederastia clerical, y la Conferencia Episcopal tira balones fuera. Esa es la conclusión después de observar la propuesta de respuesta enviada a las diócesis por parte de la Secretaría General de la CEE a la petición formulada el pasado mes de noviembre por la Fiscalía General del Estado para que “nos remitieran información sobre las denuncias o testimonios recabados desde la oficina de asistencia a las víctimas relativos a la comisión de delitos contra la libertad sexual contra menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa”.
En el borrador de respuesta, adelantado por El País y al que ha tenido acceso RD, enviado desde Añastro a todas las diócesis para que, a su vez, respondan individualmente a los requerimientos de la Fiscalía. ¿Cómo? De este modo. “Venimos a poner en conocimiento de la Fiscalía que, salvo inadvertencia, las ‘denuncias o testimonios recabados desde la oficina de asistencia a las víctimas relativos a la comisión de delitos contra la libertad sexual contra menores de edad”’ ya han sido puestos oportunamente en conocimiento de la Fiscalía competente [de *], con fecha de [xx de xxx de xxxx]”.
En otro borrador, destinado para aquellas diócesis que no tengan procesos canónicos abiertos, se añade que “Venimos a poner en conocimiento de la Fiscalía que, salvo inadvertencia, no existen ‘denuncias o testimonios recabados desde la oficina de asistencia a las víctimas relativos a la comisión de delitos contra la libertad sexual contra menores de edad’”.
En ningún caso se habla de casos de abusos con víctimas que ahora sean mayores de edad y que estén prescritos, algo que también habría solicitado la Fiscalía para poder tener un escenario real de la situación de los abusos en la Iglesia, más allá de lo meramente jurídico. Los obispos, en cambio, consideran que no están obligados a informar sobre estos casos al órgano judicial.
Una respuesta coordinada
Los modelos se incluyen junto a una carta del nuevo secretario general de la CEE, César García Magán, en la que aconseja a las diócesis “que no haya ningún caso que se comunique a la Fiscalía General del Estado que no esté previamente comunicado a la fiscalía provincial”, y que la respuesta venga coordinada por la procuradora que representa a la Conferencia Episcopal, que suscribe, de hecho, ambos borradores.
Al mismo tiempo, “en relación con su petición relativa a otras instituciones religiosas distintas de esta [Archidiócesis/Diócesis]”, añade el escrito, que comenzará a enviarse desde cada diócesis a la Fiscalía en los próximos días, “tenemos que informarles de que los distintos institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, con los colegios y otras instituciones que de ellos dependan, son entidades autónomas, con personalidad jurídica propia y distinta de la de este [arzobispado/obispado], siendo por ello que, para poder recabar los datos a los que se refieren, deberían solicitarlos desde la Fiscalía a cada una de esas entidades”.
