Pérez Pueyo defiende, con el apoyo de Roma, un cambio en la jurisdicción del santuario, que la Obra no acepta Informe Torreciudad: estas son las claves de la 'guerra' entre el Opus y la diócesis de Barbastro

Este martes, saltó el escándalo. Por primera vez en la historia, el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, tomaba la insólita decisión de nombrar un rector del santuario, algo que siempre había llevado a cabo el prelado de la Obra. Estallaba una guerra cuyas consecuencias todavía no se conocen, pero que nadie ha podido parar, ni siquiera una reunión, hace dos semanas, en Madrid, entre el obispo y Fernando Ocáriz.

¿Qué hay detrás de la guerra entre el Opus Dei y el Obispado de Barbastro-Monzón en Torreciudad? Cuestiones de legitimidad, control, aspectos económicos y compraventa de terrenos y, sobre todo, la sensación, para unos, de estar siendo “engañados” y, para otros, la necesidad de “conservar la esencia” del santuario soñado por el fundador de la Obra, Escrivá de Balaguer, íntimamente ligada a la infancia del santo súbito oscense.

¿Qué es lo que prima en caso de conflicto, el Derecho Canónico o un acuerdo suscrito entre la prelatura y un obispo hace medio siglo? ¿Qué papel ha tenido la ‘intervención’ del Papa y la nueva dependencia del Opus del Dicasterio para el Clero?

¿Por qué el Opus se negó sistemáticamente a presentar una terna de candidatos para la validación del prelado? ¿Por qué el Opus Dei se empeña en seguir llamando ‘oratorio’ a un templo que, sin lugar a dudas, va más allá de una estancia para rezos privados de un grupo? ¿Qué pretende dilatando este proceso, como ya ha hecho, por ejemplo, en el caso Gaztelueta? ¿Sigue siendo la Obra, en la práctica, una prelatura personal? Ofrecemos las claves del escándalo, y algunas posibles respuestas.

"El obispo se sintió engañado"

Nadie quiso iniciar esta batalla. De hecho, desde hacía meses, tanto la Prelatura como el Obispado habían iniciado conversaciones para modificar los estatutos del santuario (que no, como afirma falsamente la Obra en su comunicado, el 'Oratorio'). Con acuerdos y desacuerdos, como suele darse en estos casos. Pero, hace meses, la diócesis descubrió, con pesar, cómo se estaban llevando a cabo algunas maniobras extrañas. "El obispo se sintió engañado, y no le gustó nada", sostiene a RD una fuente que ha estado implicada, directamente, en la polémica. 

¿Por qué? Por los aspectos económicos del santuario (la aportación de Torreciudad a la diócesis es, actualmente, simbólica -nimia, en realidad-, mientras sus ingresos oficiales superan, ampliamente, el millón de euros), a lo que se sumaron ciertas informaciones que aseguraban que la fundación que gestionaba el recinto había adquirido terrenos colindantes, con la intención de construir un macrocomplejo que pondría al santuario al nivel de Lourdes o Fátima. Algo que desconocía la diócesis.

Los problemas de legitimidades y autoridades (el estatus jurídico de Torreciudad data de 1962, cuando el Opus no era, ni soñaba ser, una prelatura personal), sumados a la necesidad de alcanzar un nuevo acuerdo de colaboración entre ambas entidades, llevaron a la Obra y a la diócesis a proseguir el camino de diálogo, no exento de dificultades (e “incomprensiones” por parte de la diócesis, según desliza el comunicado del Opus Dei), en el que han tenido que intervenir la Conferencia Episcopal y los dicasterios correspondientes, y que se ha cruzado en el tiempo con la publicación de ‘Ad Charisma Tuendum’, un golpe en la línea de flotación de la Obra, y especialmente, del rango y autoridad de su líder, que ya no volverá a ser obispo. Ya no estamos hablando de un diálogo entre iguales, y en la Iglesia las jerarquías siguen siendo fundamentales, por más que este pontificado esté abogando por la sinodalidad.

Torreciudad ofrecía dinero (un canon anual a perpetuidad, que vistas las cifras de negocio del recinto, la diócesis quería aumentar: de hecho, se solicitó un canon fijo por peregrino -190.000 el año pasado-, algo a lo que se negó la Obra), y curas

Con todo, fuentes consultadas por RD afirman que Pérez Pueyo quiso alcanzar un acuerdo satisfactorio para la Obra, consciente de la importancia del Opus Dei en Huesca, lo simbólico del lugar para los miembros de la Prelatura y la necesidad de proveer pastoralmente no sólo al santuario, sino a toda una diócesis marcada por la escasez de clero y las dificultades para llegar a todas las poblaciones. Y Torreciudad ofrecía dinero (un canon ínfimo anual a perpetuidad, que vistas las cifras de negocio del recinto, la diócesis quería aumentar: de hecho, se solicitó un canon fijo por peregrino, 190.000 el pasado año) -las fuentes lo sitúan entre 5 y 25 euros, lo que daría una cifra entre el medio millón y los cinco millones de euros al año; y curas.

Con todo, las negociaciones acabaron enconándose, y el Opus Dei aplicó la fórmula que tan buenos réditos le ha dado en el pasado: dilatar las decisiones (formalmente, sin negarse a nada, pero dejando pasar el tiempo), confiando en que, por aburrimiento, desidia o falta de fuerzas, Pueyo cesara en sus intentos de ‘controlar’ mínimamente el santuario. Pero el obispo operario diocesano continuó firme en sus posiciones, con el aval directo de Roma, y sabiendo que cualquier paso en falso podría suponer un freno definitivo al proceso. Ni siquiera durante el encuentro forzado en Madrid entre Pueyo y Ocáriz pudo desbloquearse la situación.

¿Puede nombrar el obispo al rector de Torreciudad?

Con la ley (canónica) en la mano, y por mucho que la nota de la Obra asegure que Pérez Pueyo carece de legitimidad para tomar decisiones que competan al gobierno del santuario, lo cierto es que la razón asistiría al obispo. Así lo asegura también la nota de Barbastro-Monzón, echando mano del canon 557, que afirma que “el Obispo diocesano nombra libremente al rector de una iglesia, sin perjuicio del derecho de elección o de presentación, cuando éste competa legítimamente a alguien; en este caso, corresponde al Obispo diocesano confirmar o instituir al rector”. En el párrafo siguiente, añade que “aunque la iglesia pertenezca a un instituto religioso clerical de derecho pontificio, corresponde al Obispo diocesano conferir la institución al rector presentado por el Superior”.

Más adelante, el canon 562 viene a sustentar el mando del obispo frente al rector, señalando que “bajo la autoridad del Ordinario del lugar y respetando los estatutos legítimos y los derechos adquiridos, el rector de la iglesia tiene el deber de cuidar de que las funciones sagradas se celebren en la misma dignamente, de acuerdo con las normas litúrgicas y las prescripciones de los cánones, de que se cumplan fielmente las cargas, se administren con diligencia los bienes, se provea a la conservación y decoro de los objetos y edificios sagrados, y no se haga nada que de cualquier modo desdiga de la santidad del lugar y del respeto debido a la casa de Dios”. Y, especialmente, el canon siguiente, el 563, que establece que “con causa justa y según su prudente arbitrio, el Ordinario del lugar puede remover de su oficio al rector de una iglesia, aunque hubiera sido elegido o presentado por otros, permaneciendo firme lo que prescribe el c. 682 § 2”.

Es cierto que la Obra acude a los códigos que se refieren a las prelaturas personales (el Opus, al menos formalmente, todavía es la única), para justificar, como apunta el número 297, que serán los estatutos los que “determinarán las relaciones de la prelatura personal con los Ordinarios locales de aquellas Iglesias particulares en las cuales la prelatura ejerce o desea ejercer sus obras pastorales o misionales”. Lo que obvia (o solo tiene en cuenta para el primer permiso, obtenido en los años 60), que debe hacerse “previo consentimiento del Obispo diocesano”.

En todo caso, más allá de la trifulca entre canonistas, lo cierto es que la polémica en torno a Torreciudad hunde sus raíces en una difícil relación entre el obispo de Barbastro y el Opus Dei, que siempre se ha considerado propietario no solo de los edificios sino de toda la actividad pastoral, turística y económica del recinto, demostrando su fiabilidad económica (sólo el año pasado, como apunta su Memoria de 2022, ingresó 1.230.957 euros).

Y con esos tiempos también supo jugar la Obra, que sin negarse formalmente (como ahora sí hace en su nota, cuestionando la legitimidad del obispo para nombra rector) a presentar una terna de candidatos para dirigir Torreciudad (y hacerlo mancomunadamente con un equipo, en el que también formarían parte clero diocesano), dejó pasar las semanas sin contenstar a los continuos requerimientos que, asegura la diócesis, se le hizo. Llegado un momento, y tras fracasar la mediación de varios expertos enviados desde la CEE y el Vaticano, el obispo tuvo que actuar. Y el Opus, que desde la publicación del Motu Proprio papal está más nervioso que nunca (el ‘caso Gaztelueta’, y otras acciones menores, destinadas a provocar el miedo entre medios y personalidades críticas, es buena prueba de ello), hizo algo que no acostumbra: contestar en público a un obispo. Romper la cadena jerárquica. ¿Mala idea o una muestra de fuerza? 

¿De quién es Torreciudad?

Lo que parece claro es que, por más que ahora el Opus intente recuperar esa definición, Torreciudad no es, ni puede ser, un ‘Oratorio’. ¿Por qué? Porque según el canon 1223 un oratorio es “un lugar destinado al culto divino con licencia del Ordinario, en beneficio de una comunidad o grupo de fieles que acuden allí, al cual también pueden tener acceso otros fieles, con el consentimiento del Superior competente". Nadie, ni siquiera el Opus hasta la nota de ayer, puede negar que Torreciudad sea un santuario.

Otra de las cuestiones sin resolver está en la propiedad del recinto, que según la nota del Opus Dei, pertenece a la Fundación canónica Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad, una institución de la que no hay registros actualizados y que, según algunas fuentes, está extinta. Y de la antigua ermita, además de la de la imagen, que fueron cedidas en 1962 por el obispo a la Obra, en un contrato a perpetuidad que, en opinión de la diócesis, no se está cumpliendo en todos sus extremos. ¿Quién tiene, entonces, la potestad para decidir sobre el santuario? 

Según la propia web de Torreciudad, la gestión corre a cargo del Patronato de Torreciudad, “una asociación civil sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública mediante Orden del Ministerio del Interior de 19 de junio de 2002 (BOE 2 de octubre de 2002), que incluye entre sus fines el sostenimiento del santuario de Torreciudad y la promoción de peregrinaciones. Además, tiene por objeto la realización de actividades que persigan fines de interés general, culturales, formativas, asistenciales, de promoción del voluntariado social, de defensa del medio ambiente y otros de naturaleza análoga, en el entorno del santuario de Torreciudad”.

En su Memoria anual (presentada, curiosamente, el pasado 13 de julio), se lee que “el gobierno del Patronato está encomendado a una Junta Directiva que determina y ejerce el seguimiento de las directrices generales de actuación. Asume su representación institucional y vela por el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Estratégico”. Su presidenta es Mª Victoria Zorzano. ¿Es el Patronato de Torreciudad el sucesor de la ‘Fundación Canónica’? No lo sabemos.

Lo que sí queda claro es que la Obra considera a Torreciudad ‘Santuario’ y no ‘Oratorio’, como ahora postula la nota de prensa del Opus. El santuario de Torreciudad recibió en 2022 en torno a 190.000 personas, cifra que recupera en buena medida los registros del año anterior a la pandemia, se señala en la Memoria. Algo que se refleja también en los datos económicos: en 2022, se ingresaron 1.230.957 euros, únicamente en el santuario mariano, hoy en disputa.