Es realidad candente cuya dimensión apenas si llega al gran público, dada la complejidad que supone el área de la economía.  También en este asunto --Cataluña versus resto de España-- los ánimos están encendidos y se impone la racionalidad. 

Servatis servandis, la economía de una nación en poco difiere de la economía doméstica y, condensando mucho el asunto, la cuestión se dilucida, se resume, en la gestión de los gastos con relación a los ingresos. Si los ingresos superan los gastos, se genera un fondo de ahorro que será el colchón monetario que otorgue confianza para el futuro; si es al revés, la familia, la ciudad o el Estado tendrán que o bien reducir el gasto o bien recurrir a préstamos sujetos a interés y a plazo de devolución, o sea, a déficit.

El PIB de Cataluña es de 236.814 millones, siendo el presupuesto anual (2024) de unos 47.000 millones, que no cubren los gastos asumidos de servicios y proyectos, de ahí que vaya acumulando un déficit, o sea una deuda que tiene que pagar de 85.456 millones, y que lastra su economía.  

¿A quién debe Cataluña esa ingente cantidad de dinero? En la actualidad, a Cataluña le resulta enormemente difícil o muy gravoso financiarse. Sus “bonos” han sido calificados como “bonos basura” por entidades internacionales. Debe dinero 

1. A bancos comerciales como Santander, BBVA, Caixabank y otros.
2. A fondos de inversión nacionales o internacionales.
3. A inversoresinstitucionales como seguros o fondos de pensiones.
4. A gobiernos e instituciones internacionales.
5. Al Estado español, que desde 2012 está inyectando dinero a Cataluña para hacer frente a esa deuda (Fondo de Liquidez Autonómica). Ese préstamo está destinado sólo al pago de la deuda para atenuar los intereses y llega a los 77.053 M. que debe al Estado, o sea, al resto de los españoles.

 ¿En qué gasta Cataluña sus presupuestos? Grosso modo,  en dos partidas, unas ineludibles y otras secundarias o eludibles. Entre las primeras:

1. Sanidad, el presupuesto mayor: hospitales, atención primaria, tratamientos, medicinas.
2. Educación: escuelas públicas, universidades y programas de formación.
3. Servicios sociales: atender a las personas mayores, en situación de dependencia, o con discapacidad; pensiones no contributivas, programas de asistencia social y ayudas para colectivos vulnerables
4. Infraestructuras: red de transportes (autopistas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc.) y proyectos de transporte público.
5. Justicia y seguridad: policía, bomberos y modernización del sistema judicial.
6. Política Fiscal y Transferencias al Estado: pagos y transferencias al gobierno central.
7. Cultura y turismo: en infraestructura cultural, fomento de la industria turística y preservación del patrimonio histórico y artístico.
8. I+D e innovación: centros de investigación, universidades, y desarrollo tecnológico.

 En gastos secundarios que se pueden dividir en tres, prescindibles o eludibles, de mejor gestión o menos prioritarios, encontramos:

1. Gastos de Administración Pública: Generalitat, organismos autónomos, empresas públicas y entidades dependientes del gobierno catalán. Organismos duplicados, exceso de personal, etc.
2. Subvenciones y Ayudas a Partidos Políticos y Asociaciones afines.
3. Financiación del proceso independentista: campañas institucionales, organización de referéndums no autorizados, sostenimiento de entidades y programas que impulsaban la causa independentista.
4. Proyectos de gran fuste que no han tenido repercusión social o sin el retorno económico esperado.
5. Empresas públicas subdelegadas que gestionan necesidades básicas, como la vivienda o el transporte público. Otras son una duplicidad de servicios que el Estado ya proporciona.
6. Financiación de eventos culturales o internacionales: congresos, exposiciones y grandes festivales, así como competiciones deportivas nacionales o internacionales.
7. Inversiones en proyectos de autonomía política: estructuras paralelas que fomentan la idea de un sistema político catalán autónomo, como las embajadas de Cataluña en el extranjero.
8. Publicidad Institucional para promocionar la imagen del gobierno catalán o respecto al conflicto político con el Estado español.
9. Gastos en protección y promoción de lengua y cultura: incluye el gasto en la TV3, la financiación de actividades culturales o la promoción internacional de la cultura catalana.

 Algunos de estos gastos podrían justificarse en términos de política cultural, de identidad o de desarrollo económico, pero podían haber sido eliminados, reducidos o reorientados hacia necesidades más urgentes, especialmente en situación de déficit. Añádase que, en muchos casos, la gestión tanto de las partidas necesarias como de las otras haya sido muy cuestionada, por su mal hacer, por dispendio o por corrupción.

Viene ahora a cuento el asunto de la “quita de la deuda catalana”.  Esta “quita” se refiere a la deuda que Cataluña tiene contraída con el Estado español referido al FLA, que asciende a 77.053 millones de euros.  En este sentido las comunidades del País Vasco, Navarra y Madrid tienen deuda 0 con el Estado; a Cataluña se suman con deuda elevada Valencia (54.745 M/€), Andalucía (24.290), Castilla la Mancha (13.987) y Murcia (12.269).

“Condonar” parte de esa deuda no significa que la misma no haya que pagarla.  Dado que hay que hacerlo, “alguien” tendrá que asumir dicho pago. ¿El Estado, o sea el resto de España?  Se podría hablar de “solidaridad nacional”, pero muchos piensan que “quien gasta sin control, que se apriete el cinturón”. Y pague.