El pasado mes de marzo, el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, en un encuentro con los medios de comunicación y una vez transcurridos los primeros cien días al frente de la diócesis, ofreció sus impresiones acerca del estado  actual de la misma. En realidad, si nos atenemos a las reseñas aparecidas, la centralidad del mensaje que vino a impulsar versó sobre su inteligencia de algunos aspectos de la pederastia en la Iglesia. 

La posición de tan celebrado obispo entre el sector progresista puede concretarse en estos términos: la Iglesia “no se merece” la “imagen fija” que le asocia con la pederastia. Ello es “profundamente injusto”. El “verdadero problema está en la sociedad”. Es más, en la Iglesia, ciertamente, no se ha “actuado bien” con este problema. Lo cual “no quiere decir que quisiéramos esconder la verdad. Cuando este tipo de cosas pasan en las familias, también se mantienen en silencio. Puede ser por miedo, por la imagen que vaya a dar. Hoy en día la Iglesia está trabajando para superar lo sucedido, poniendo siempre a las víctimas en el centro”. 

1.Todavía carece de un relato creíble

A mi entender, el problema actual de la Iglesia  en España, cuando se  enfrenta  con la pederastia en su seno, radica en que todavía se halla muy lejos de construir un relato coherente y creíble.  La pasividad de la jerarquía eclesiástica en el ejercicio de sus funciones fue, en su momento, escandalosamente manifiesta. Se caracterizó, como ya se subrayado hasta la saciedad, por tres características: la extensión geográfica y temporal de tales conductas delictivas, el desamparo de las víctimas y una cierta impunidad de los autores, la generalizada ocultación complementada con una actitud de obstrucción a toda investigación. Los efectos y consecuencias inevitables de tan antievangélica conducta acabaron con la precaria credibilidad que atesoraba. Y, en éstas estamos, hoy por hoy.

Probablemente, aún no concurran las circunstancias necesarias para que sea realizable tan complicada construcción. Se trata de una tarea, por cierto, nada fácil, entre otras razones, porque se está, a partir de la justa valoración de lo sucedido, ante un muy complejo proceso de larga duración. Pero, eso sí, es, desde mi punto de vista, absolutamente imprescindible que se entienda la necesidad de lograr tal objetivo. Tengo, a fuer de sincero, la impresión de que en la Iglesia en España no se es consciente de su importancia y trascendencia, ni siquiera a nivel de los responsables máximos de su gobierno. O, quizás, por ello mismo. 

Lo vemos a diario. Todavía se aprecian demasiados cabos sueltos, innumerables resistencias explícitas o veladas a la orientación que, por fin, un papa, Francisco, decidió impulsar en serio a  fin de acabar con tan vergonzosas y antievangélicas conductas. Aún son reseñables interpretaciones comparativas con lo que sucede al respecto en la sociedad civil y que, aun pudiendo ser  ciertas, se utilizan, en el fondo, para predicar una rebaja en la propia responsabilidad o en hacerse perdonar la pésima actuación procedimental en el pasado.

Todavía persisten dinámicas que no se casan con la necesaria transparencia exigible. Sobran, incluso ahora mismo, muchas palabras, demasiadas, que no se acompañan con hechos coherentes ni con normativas que aseguren y garanticen dicha transparencia a la vez que impidan el abuso de poder por la propia administración eclesiástica. Tampoco la autoridad se ha comportado, a veces, en coherencia cuando, después de la investigación preliminar, se ha acreditado que el sacerdote acusado fue, en realidad, una víctima. No se ha hecho apenas nada a fin de  conseguir que las múltiples acciones y decisiones  así como los procesos y los procedimientos que ahora se manejan sean más comprensibles y, sobre todo, sean rastreables (Cardenal Marx). 

En este orden de cosas, que reclama, en mi opinión, mayores desarrollos normativos y una infinita mayor transparencia, se ha de huir de ciertas tentaciones, siempre vivas en la administración eclesiástica. Es muy contraproducente, a este respecto, el testimonio de la autoridad tendente a no acabar de reconocer lo sucedido  -por ejemplo, la ocultación-,  o la tendencia clara e inadmisible de imponer, como verdad incuestionable, su propia visión e interpretación jerárquica,  o la negativa a inhibirse de intervenir en los entresijos procedimentales y salvaguardar, de este modo, las condiciones que le permitan ejercer su insustituible función de padre y hermano con el sacerdote acusado, o la frecuente identificación personal con la acusación de abuso, que lleva a una toma de posición abiertamente enfrentada con el sacerdote acusado de tal forma que, casi siempre, aparece el fin de la relación en términos de ruptura mutua, esto es, como el rosario de la aurora.

Tampoco, dada la singularidad de la institución a que se hace referencia, se puede caer en la tentación de seguir el patrón habitual, por ejemplo, en la construcción de los relatos en la actividad política. En la Iglesia, nunca, en ninguna actividad que se organice y se emprenda, se ha de olvidar que lo prioritario es el evangelio y, en consecuencia, no son de recibo atajos, trampas, apariencias e hipocresías, injusticias, rigideces y falsedades, que desacreditan la verdad y a quienes las abrazan. Práctica, por cierto, frecuente en el pasado, que se ha traducido en la pérdida  a chorros de credibilidad y en un abandono más que considerable de creyentes.

Las precedentes apreciaciones, formuladas en abstracto al objeto de no personalizar las acusaciones y extender el daño moral,  gozan de un sólido fundamento en la realidad objetiva: el modo concreto como, históricamente, se ha venido posicionando  -hablando en general- el episcopado español. Ya sé que no se acaba de reconocer y que el sector fundamentalista del catolicismo español niega y combate, en clara posición ideológica frente a Francisco, tales valoraciones. Incluso en estos mismos momentos. ¡Allá ellos! Eso sí. No debieran ignorar el daño que añaden al prestigio y credibilidad de la institución a la que dicen servir. Con la que ha caído, da pena escuchar, en medios católicos, defensas que no se sostienen en modo alguno  y que entorpecen, sin duda alguna, el camino hacia la consecución de un relato coherente y creíble. ¡Resistencias inapropiadas que no cesan!  Por ese camino (y tú más), la gente no les creerá.

En esta línea, no puedo por menos de recordar algunas referencias -se podría aludir a otras muchas-, que echan por tierra toda posibilidad de construir de momento un relato coherente y  creíble, a saber:

1). La sociedad española, incluidos creyentes en Jesús, es sabedora que fue necesario que el  Informe 2018, realizado por El País, se hiciese público y fuese entregado a Francisco,  así como al Defensor del pueblo, para mover las conciencias episcopales en una cierta dirección  diferente a la que venían manteniendo. La verdad es que pudo hablarse de un antes y un después de la referida investigación, que, por cierto, se puso en marcha, entre otras motivaciones, por la presión de la sociedad civil, profundamente indignada por lo sucedido y, en parte, ocultado. Contemplar  como todavía ahora supura la herida, supuestamente causada por la referida investigación, es más que suficiente para convencerse de su trascendencia en orden a propiciar la necesaria investigación de lo sucedido. ¡Así son las cosas en la Iglesia! Algunos, sin embargo, no lo perdonarán jamás.

2). El caso del colegio Gaztelueta, adscrito al Opus Dei, evidenció, en la opinión pública española, un modo de cómo la Iglesia no debía actuar a la hora de investigar un presunto caso concreto de abuso sexual frente a un menor. Un caso singular por múltiples razones evidentes. La instrucción, encargada a Silverio Nieto,  asesor áulico de la CEE, dio lugar a todo un espectáculo bochornoso e  incomprensible sobre todo para quienes habíamos actuado profesionalmente en procedimientos similares.

Como informó en su día José Lorenzo en RD,  “cuando en el año 2015, la Congregación para la Doctrina de la Fe cerró la investigación eclesiástica del caso Gaztelueta, en una parte de la Iglesia española quedaron flotando en el ambiente un montón de dudas sobre lo acertado de la decisión".  ¡Sin duda! Yo diría que tales dudas, a la vista de la identidad de los protagonistas que se dieron cita  (Opus Dei, Silverio Nieto y CDF)  y al modo como se condujo de hecho la instrucción también prendieron en la propia sociedad civil. El conflicto fue evidente al estar ante soluciones contradictorias por parte de la jurisdicción canónica y la jurisdicción penal estatal. 

En muchos anidó la idea de que Francisco habría de pronunciar la última palabra “sobre un asunto que había estado lleno de trampas en la investigación, y con minas adosadas que podrían acabar afectando a la imagen del Papa" (José Lorenzo). ¡Muchos sentimos, a decir verdad, vergüenza ajena! Y, efectivamente, el Papa, al entender que el caso “no fue juzgado bien” por parte de la Iglesia,  ordenó una revisión íntegra del mismo. Esperemos ahora el pronunciamiento del Tribunal canónico nombrado. Se trata de hacer justicia y señalar la posible responsabilidad de quienes protagonizaron semejante despropósito. Al margen de cuál sea el contenido
concreto de la nueva resolución, se debe subrayar que el daño causado en la credibilidad de la iglesia fue infinito.

3). La semana pasada, la CEE ha entregado al Defensor del pueblo  seis tomos “con información sobre los casos de pederastia (…) recabados por las diócesis y las congregaciones religiosas, así como los protocolos de prevención que supuestamente están siguiendo los obispos y superiores (…). El órgano público, … solicitó este febrero por carta a las 70 diócesis y órdenes españolas todos los casos de abusos sexuales que conociesen desde 1950, los ‘dispositivos de escucha y reparación a víctimas’ que la Iglesia católica ha puesto en marcha hasta ahora, así como datos sobre su funcionamiento” (Julio Núñez, El País).

El cardenal Omella, por su parte, subrayó que se habían entregado “todos los datos de los casos que hemos recabado las diócesis y la congregaciones. Nos hemos adelantado, queremos demostrar que apostamos por la colaboración y la transparencia”, si bien matizó que, en los tomos entregados no hay “nombres ni apellidos”. Se ha de celebrar esta apuesta por la colaboración, sobre todo a la vista de la actitud obstruccionista observada en el pasado, si bien la prudencia aconseja, al mismo tiempo, esperar al estudio y análisis de la información  facilitada. En concreto, se ha de verificar  “el número de casos que han aportado, si los datos están completos y si se ajusta a lo (…) solicitado” (Ibidem).

Esta actitud de prudente espera, hasta tanto se conozca a fondo el contenido de la colaboración facilitada, es especialmente recomendable a la vista de la advertencia del verano pasado: “Nosotros no estamos dispuestos a una apertura generalizada de los archivos, porque [eso] no lo haría ninguna institución. Pero sí ante una noticia referida sobre una persona en concreto donde aparecen acusaciones” (Mons Argüello). De momento, el juicio sobre la transparencia es un tanto dudoso y, más bien, habría que hablar de una cierta opacidad.

En cualquier caso, entiendo, personalmente, que conectar la información facilitada por la CEE con el Informe 2018 de El País, para desprestigiarlo, como se realizó en algún medio católico de comunicación, es un despropósito, respirar por la herida (haber sido puestos en evidencia) y moverse en el marco del “y tú, más”. Se  añade más daño al causado y todo se hace menos creíble.

(CONTINUARÁ)   

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