“Desencadenar un proceso contundente que actúe con la urgencia y valentía necesarias para lograr un paso trascendente hacia la justicia social en nuestro continente”, fue la solicitud de la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) a los miembros del Consejo Permanente de la OEA, reunidos este 22 de agosto para conmemorar el Día contra la Trata de personas y el Día internacional de la población afrodescendiente.

En el documento, el Consejo Episcopal presenta una serie de aportes al “Manifiesto contra la pobreza en las Américas”. Se trata de algunos elementos que refuerzan su llamado y confirman su disponibilidad para participar en dichos procesos. “Instamos al Consejo Permanente de la OEA a avanzar sin dudas en la adopción de esta propuesta que nuestras poblaciones necesitan y demandan con tanta insistencia”, afirman.

Motivar acciones

Temas como la pobreza y la desigualdad a consecuencia de la violencia estructural, la desesperanza y la polarización política, sin olvidar la migración forzada; son realidades que los obispos latinoamericanos plantean con urgencia frente a la necesidad de aprobar el “Manifiesto contra la Pobreza y la Desigualdad” que más allá de la reflexión debe motivar acciones y compromisos claros para lograr la transformación de la realidad de millones de personas en el continente.

“Es el momento de ejercer el liderazgo moral y político, de escuchar las voces de justicia que se están levantando en todo nuestro Continente”, advierten, además de considerarlo como un gran aporte de las Américas a la crisis global por lo que insisten en la aprobación del Manifiesto como un imperativo ético.

Desafío que declaran requiere de nuevos enfoques, comenzando por revindicar la dignidad de los empobrecidos como sujetos y no solamente como beneficiarios pasivos de medidas temporales o de emergencia. De esta forma la Iglesia continental advierte que “América Latina y el Caribe sufre la mayor concentración del ingreso y los mayores niveles de desigualdad en el mundo, como aparece en los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la CEPAL de 2023".

Pobreza y violencia

Situación que los obispos explican, ha sido denunciada por la Iglesia en diversos escenarios, particularmente en momentos históricos como la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano en 2007 o en las Encíclicas Laudato Si’ y Fratelli Tutti del Papa Francisco.

En su opinión, lo más grave es que "la desigualdad no es solo económica, de ingresos o distribución de recursos; sino que también afecta las dimensiones sociales y políticas, lo que termina por perpetuar la injusticia, debilitar la democracia, atacar la dignidad de la persona y socavar el bien común”.

En segundo lugar, está la pobreza, que "es una forma de violencia porque niega a los seres humanos el despliegue de todas sus potencialidades al minimizar un acceso equitativo e igualitario a oportunidades". Desigualdad que, en sus palabras atenta contra los derechos humanos, genera desconfianza entre ciudadanos e instituciones del Estado socavando los ideales de la democracia. “Son formas de desigualdad política, económica de género y social que producen conflictos que a su vez se expresan en polarización”.

Desigualdad que divide

Como parte de la reacción en cadena, el tejido social se hace débil lo que termina por incrementar la vulnerabilidad de poblaciones enteras que incluso pueden padecer la criminalización, cuando en realidad eran las víctimas.

"Es crucial que nos atrevamos con claridad y convicción a transformar las raíces estructurales de las violaciones hacia la dignidad y los derechos que han de garantizarse con la perspectiva de equidad e inclusión", insisten los obispos a lo que se agregan situaciones como la explotación y destrucción de la naturaleza que también lleva a la pobreza, la desigualdad y la inequidad.

"Las grandes desigualdades han polarizado la política en nuestras naciones", lamentan los prelados al referirse a los actores de la sociedad que terminan por culparse unos a otros sin tomar medidas, lo que crea condiciones que despiertan los intereses criminales.

Si bien esto puede impulsar políticas públicas y programas sociales para aliviar la cotidianidad "ni atacan la raíz estructural de la situación, ni potencian a los pobres, excluidos, discriminados o descartados en su dignidad y capacidad como sujetos colectivos de su propia acción y progreso", aclaran.

Otro de los aspectos que los obispos destacan en su propuesta para el Manifiesto, es el fenómeno migratorio que en la mayoría de los casos sucede por desesperación. "Es la falta de respuestas y de opciones ante la pobreza y la desigualdad, lo que lleva a millones de personas a migrar en busca de mejores oportunidades para sus familias".

Redefinir la misión

Migración que dentro del territorio de un país o superando las fronteras constituye una "prueba clara de que las políticas públicas y los acuerdos regionales son un fracaso en términos sociales y económicos".

Ante la gravedad de estas problemáticas, la presidencia del Celam se sostiene en la urgencia de aprobar el “Manifiesto contra la pobreza y la desigualdad” porque su publicación e implementación además de ser un "hito histórico" conduce la OEA a "redefinir su misión para enfrentar conjuntamente los desafíos estructurales de nuestro hemisferio, con respuestas concretas que cambien esta realidad en el menor tiempo posible".

Esto sin perder la conciencia de que la legitimidad de las instituciones internacionales es fruto de su capacidad para representar y atender efectivamente los derechos, necesidades y propuestas de las poblaciones.

Así recuerdan que la convergencia de los Estados puede favorecer la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra el crimen transnacional y las políticas para gestionar medidas efectivas contra flagelos como la migración, el desplazamiento forzado, la protección a migrantes y la lucha contra la trata de personas.