El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal peruana rechazó de manera enérgica y absoluta, la ruptura del orden constitucional, advirtiendo que "es derecho y deber moral de los pueblos y de los ciudadanos la defensa de la democracia".

Un llamado a la unidad

El pronunciamiento obedece a la determinación de carácter inconstitucional e ilegal tomada por el presidente Pedro Castillo, según la cual disuelve el Congreso de la República e instaura un gobierno de emergencia excepcional, además de declarar el Estado de Excepción.

Los obispos solicitaron a las instituciones tutelares que asuman con plenitud sus funciones constitucionales. La recomendación obedece a la preocupación sobre la necesidad de proteger y salvaguardar la democracia, garantizando, preservando y restableciendo el orden publico y constitucional. Se trata de hacer efectivas las responsabilidades que les corresponden por ley.
«Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes,» afirmaron al citar el artículo 46 de la Constitución Política vigente en el país andino.

Al mismo tiempo los prelados llamaron a la unidad nacional, para que se mantenga la tranquilidad y se evite cualquier forma de violencia que afecte directa o indirectamente los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Tras el pronunciamiento del mandatario que se considera un golpe de estado planeado desde el poder Ejecutivo; el parlamento adelanta una sesión de emergencia, después de destituir al presidente Pedro Castillo, argumentando incapacidad moral para el ejercicio de sus funciones, esto significa su destitución inmediata, determinación que recibió un apoyo de 101 votos, lo que estaría ignorando las medidas instauradas por el mandatario.
De acuerdo con las normas que establece la sucesión constitucional Dina Boluarte, vicepresidenta tomó  juramento como nueva presidenta de los peruanos, anunciando un gobierno de Unidad Nacional. De esta forma en un año y medio de gobierno. el presidente Pedro Castillo estaría abocado a su tercera moción de vacancia.

Anuncios y medidas

En el pronunciamiento hecho por el presidente Pedro Castillo además de disolver el congreso, anunció una convocatoria a elecciones para integrar un nuevo congreso, además de decretar el toque de queda a partir de este 7 de diciembre desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Sin dejar de lado su anuncio de reorganizar el Sistema de Justicia, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Igualmente advirtió que quienes tengan bajo su control lo que califica como armamento ilegal deberá entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de las próximas 72 horas, de lo contrario podrán ser privados de la libertad con medida de carácter intramural de acuerdo con el tiempo que se establece en el decreto ley.

Según el mandatario, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán dedicarse al combate real y efectivo de la delincuencia, el narcotráfico y serán dotados de los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Después de anunciar el golpe de Estado y los cambios en las funciones de los organismos democráticos el presidente Pedro Castillo, salió del Palacio de Gobierno y en medio de su traslado a la Prefectura fue capturado. Por su parte la Fiscalía de la Nación anunció medidas en su contra. Diligencia que correspondió a Patricia Benavides, Fiscal de la Nación y Marco Huamán, fiscal adjunto supremo.

Los antecedentes

El presidente Pedro Castillo asumió las funciones propias de su cargo en julio de 2021, desde ese momento ha sido acusado e investigado por diferentes situaciones relacionadas con el delito de corrupción, lo que ha ocasionado en diferentes momentos cambios en su gabinete de ministros, con la decisión de hoy los ministros de relaciones exteriores, trabajo, justicia y economía presentaron su dimisión.