AngloGold Ashanti, una multinacional de origen sudafricano dedicada a la explotación minera, es noticia en Europa por las denuncias de la red Iglesias y minería. Esta red se define como “un espacio ecuménico, conformado por comunidades cristianas, equipos pastorales, congregaciones religiosas, grupos de reflexión teológica, laicas, laicos, obispos y pastores que buscan responder a los desafíos de los impactos y violaciones de los derechos socio-ambientales provocados por las actividades mineras en muchos territorios”.

La red Iglesias y minería adelanta una “caravana” por Europa para solicitar un marco legislativo que garantice el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas de capital transnacional. Entre los participantes se encuentran varios líderes sociales de Colombia, que denuncian “la entrega del 90% del territorio del suroeste antioqueño a la extracción de cobre, oro, plata”. Son estos quienes señalan a la AngloGold Ashanti de ser una de las compañías interesadas en dichos recursos y quienes, como muchas otras personas y organizaciones sociales, rechazan la irrupción “neocolonial” en esta parte de los Andes, enumerando entre sus efectos la anulación de las actividades productivas locales, basadas en la agricultura; la exacerbación de la violencia entre pobladores y foráneos; y la ocupación de territorios ancestrales.

“La organización y la resistencia han logrado detener una parte de la concesión minera, en el municipio de Jericó”, explica Iglesias y minería. La red se ha solidarizado en medio del conflicto socio-ambiental vigente en esta región, avanzando en la consolidación de redes y alianzas de solidaridad entre iglesias del norte y el sur global, así como comprometiéndose con la incidencia desde la voz y las miradas de las víctimas. Según manifiestan sus voceros, uno de los propósitos de esta iniciativa es “acompañar los procesos pastorales de las iglesias locales en América Latina, que con valentía y profecía permanecen de lado de los afectados, buscando la ecología integral”.

Otras expresiones religiosas se encuentran igualmente comprometidas en la defensa de comunidades en otras partes de Colombia, pero no han faltado las presiones en su contra.

SIZOCC y las presiones del Ejército y de la “AGA”

La red Iglesias y minería no es la única articulación de organizaciones basadas en la fe que defienden a las comunidades afectadas por la profundización del extractivismo en Colombia. El año pasado nació la red Solidaridad Interreligiosa en zonas de conflicto en Colombia (SIZOCC), en atención a las denuncias de las misioneras de santa Laura Montoya sobre la crisis humanitaria en que se encuentran los pueblos étnicos de los departamentos de Antioquia y de Chocó por cuenta del conflicto armado. Las misioneras han visto obstaculizada su labor debido al dominio que en la actualidad ejerce el Clan del Golfo en estas zonas. Este último es un grupo armado ilegal vinculado, entre otras cosas, a la economía de la cocaína y, según denuncias de los obispos de Quibdó y de Apartadó, mantiene relaciones con sectores del Ejército colombiano.

El primero de dichos prelados, Juan Carlos Barreto, actual presidente del consejo episcopal de pastoral social, fue objeto de una acción de tutela por parte del Ejército, en reacción a sus declaraciones sobre la connivencia entre sectores de la fuerza pública y el Clan del Golfo. SIZZOC, la red de la que hace parte el prelado, junto con Hugo Torres, obispo de Apartadó, y otros eclesiásticos y líderes religiosos del campo ecuménico, ha recibido, además, dos cartas por parte de la institución castrense.

La primera, fechada el año pasado, corresponde a una solicitud de retractación. En atención al documento, a inicios de este año la red ratificó sus denuncias sobre paramilitarismo y solicitó una reunión con el alto Gobierno. Sin embargo, el encuentro nunca llegó a concretarse. El ministro del Interior, Daniel Palacios, minimizó la gravedad de las denuncias, tal y como lo había hecho el año pasado el encargado de la cartera de Defensa, Diego Molano. Situaciones de este tipo han merecido rechazo por parte de la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.

La segunda carta corresponde a una solicitud de ampliación de información y fue redactada en reacción a información divulgada a través de Análisis Urbano, una agencia de prensa especializada en crimen organizado en Urabá y en otras zonas del país. En el artículo titulado “Iglesia denuncia sociedad criminal entre Ejército y AGC en el Chocó” se informa sobre denuncias por paramilitarismo contra las brigadas XV y XVII, levantadas por varios obispos católicos y otros líderes sociales y religiosos, entre ellos varias autoridades presbiterianas y luteranas de Colombia.

Tanto esta solicitud de ampliación de información, como la acción de tutela contra el obispo de Quibdó y la solicitud de retractación del año pasado han sido interpretadas por miembros de SIZOCC como formas de acoso judicial. A lo anterior se suma una carta que la multinacional AngloGold Ashanti dirigió semanas atrás al corresponsal de Religión Digital en Colombia, en reacción a información divulgada sobre los intereses de la compañía minera en el occidente antioqueño. Según información pública, proveniente del catastro minero, AngloGold Ashanti no solo está interesada en exploraciones y eventuales explotaciones mineras en Jericó, sino también en otros municipios del departamento de Antioquia. Algo que la empresa niega, a pesar de los datos suministrados por la Agencia Nacional de Minería y la información que actualmente sirve de estudio a varios expertos de la Universidad Nacional de Colombia, también interesados en el tema.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), esta última carta también corresponde a una estrategia de acoso judicial en curso.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), esta última carta también corresponde a una estrategia de acoso judicial en curso.

Obstáculos a la labor misionera en zonas mineras

Una misión humanitaria en el departamento de Antioquia fue cancelada el pasado fin de semana por falta de garantías de seguridad. Algunos de sus integrantes denuncian hostigamientos. Este medio de comunicación debe reservarse el lugar exacto donde pretendía ser llevada a cabo dicha misión. La razón: no exponer a sus fuentes.

La región del Urabá antioqueño, además de ser una zona del país en la que detenta su hegemonía el Clan del Golfo, es escenario de varios megaproyectos de infraestructura, entre ellos una autopista que conecta los Andes con el océano Atlántico. “Con una longitud concesionada de 254 km, entre Cañas Gordas y Necoclí, y una inversión capex de $1,8 billones, la vía 4G está a cargo de la concesionaria Autopistas Urabá, integrada, en orden de participación, por China Harbour Concessions Company S.L., China Harbour Engineering Company (Chec) Limited Colombia, SP Ingenieros, Unidad de Infraestructura y Construcciones Asociadas y Termotécnica Coindustrial”, informó el corresponsal de Religión Digital en Colombia, meses atrás a través de El Espectador.

Aunque las obras de este megaproyecto de infraestructura cuentan con seguridad privada y vigilancia del Ejército, a pocos metros del lugar en el que se llevan a cabo se ven, a plena luz del día, hombres del Clan del Golfo que deciden quién puede entrar o no a algunos territorios étnicos. Además de impedir el ingreso de alimentos a algunos líderes indígenas, estos hombres han obstaculizado la labor misionera hace meses. Existen testimonios sobre líderes indígenas en comunidades bajo confinamiento que han escuchado ofertas por parte de empresarios mineros interesados en explorar sus territorios. Algunas de esas comunidades albergan cada vez más minas antipersonales y otros artefactos explosivos causantes de mutilaciones y muertes entre la población civil. Son las mismas comunidades donde se están multiplicando los suicidios y en donde la pervivencia de los pueblos étnicos está en riesgo.

Con nombre propio

Como en el suroeste antioqueño, en límites entre los departamentos de Antioquia y de Chocó tienen lugar varios conflictos socioambientales. Varias comunidades indígenas han denunciado hace décadas que empresas de capital transnacional intentan hacerse con sus lugares sagrados. Estos últimos albergan materiales como el cobre, codiciado en Europa para la industria automotriz.

Varios académicos alemanes, solidarios con la situación de los pueblos de América Latina, ya le siguen la pista a la relación entre transición energética y violación a los derechos humanos. La gira de Iglesias y minería avanza en el escenario de este debate mundial sobre tecnología y violencia. La novedad es que la red está hablando con nombre propio, al momento de referirse a compañías involucradas en graves denuncias sobre presuntos hechos que vulneran la calidad de vida de muchas comunidades. La Unión Europea y otras instancias internacionales están en capacidad de reaccionar. Es lo que asegura la red.

“Del lado de las víctimas”

Según informa Dario Bossi, miembro de Iglesias y minería, la red tiene relación con varias instancias del Vaticano como la Pontificia Comisión para América Latina y el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Esto la hace ser objeto de la confianza de eclesiásticos de gran renombre, entre ellos el cardenal Peter Turkson.

Entre los desafíos intraeclesiales que la red enfrenta “el primero viene de los fundamentalistas cristianos que todavía dicen que no cabe a la Iglesia ocuparse de estos temas”, explica el misionero.

“Otra dificultad es el riesgo de la complicidad y de la seducción, porque a las empresas les interesa el apoyo de las iglesias como supuestos agentes neutros puestos como mediadores, árbitros y facilitadores en el conflicto. Esto es muy peligroso. ¿Cómo es posible ponerse neutro cuando hay una violación tan evidente? El lugar de la Iglesia es estar del lado de las víctimas, siempre abierta al diálogo, a la búsqueda de caminos y a la reparación integral. Desafortunadamente hay estrategias bien concretas y experimentadas, que muchas veces intentan conquistar el favor de las iglesias a partir de financiamiento, apoyos a obras o proyectos de iglesias por parte de las empresas. Lo que viene frecuentemente a callar la voz de las iglesias”.

“Por último una gran dificultad sigue siendo la persecución, la criminalización y la muerte de líderes, incluso, cristianos, catequistas, laicas y laicos comprometidos de nuestras comunidades eclesiales de Latinoamérica, cuando se ponen en defensa de sus compañeros y compañeras de la Madre Tierra, en regiones amenazadas por la minería”.

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