La Conferencia Episcopal de Colombia rodeó las denuncias sobre paramilitarismo, levantadas el año pasado por varios líderes sociales y religiosos, entre ellos el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, actual presidente de la comisión episcopal de pastoral social. 

El prelado participó, junto al obispo de Apartadó y otros eclesiásticos, en varias misiones humanitarias a regiones del país como Chocó y el occidente antioqueño, dominadas por grupos armados ilegales aliados con sectores del ejército colombiano. Esto último fue comprobado en terreno por parte de misioneros, diplomáticos y periodistas, algunos de los cuales fueron detenidos en el camino por parte de miembros del denominado Clan del Golfo, mientras pretendían llegar a una comunidad indígena en el muncipio de Dabeiba.

Los armados intentaron infructuosamente impedir que la misión humanitaria llegara hasta su destino y cumpliera con su labor: brindar apoyo a las familias confinadas por cuenta de la violencia y documentar las violaciones a los derechos humanos padecidas especialmente por mujeres y niños.

Los grafitis de las AGC en zona rural de dicho y otros municipios son una señal de dominio paramilitar. La aparición de los armados se dio a escasos metros de las obras sobre la Autopista al mar 2, una megaconstrucción a cargo de una empresa de capital chino. Tal nivel de tolerancia, a plena luz del día, hacia los ilegales, por parte de sectores de la fuerza pública, hace que personas como el obispo de Apartadó, Hugo Torres, hablen de formas de connivencia entre las autodefensas y hombres del Ejército obligados a brindar seguridad a la población civil.

En regiones como el occidente antioqueño, a la altura de municipios como Dabeiba y Frontino, los títulos mineros concedidos a empresas como la Anglogold Ashanti se superponen a los resguardos indígenas, instituciones de origen colonial que históricamente han servido para confinar a los pueblos originarios y negarles adecuadamente acceso a tierras y soberanía alimentaria.

El factor extractivista hace parte del conflicto armado como expresión de despojo, toda vez que la acción de dichas y otras compañías de capital transnacional no ha sido consultada adecuadamente con las comunidades indígenas, víctimas por igual de foráneos y de presiones de actores armados ilegales que no están siendo suficientemente combatidos por la fuerza pública en Chocó y otros departamentos.

De hecho, se han demostrado vínculos entre el denominado Clan del Golfo y oficiales de alto rango del Ejército como el Excomandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, general retirado del Ejército, tal y como lo dio a conocer recientemente el diario El Espectador, uno de los medios de comunicación más importantes del país. 

Sectores de la fuerza pública, sin embargo, niegan estas y otras formas de complicidad y han acudido a la acción de tutela y a una serie de cartas para exigirles al obispo de Quibdó y a otros líderes religiosos y sociales que se retracten. Estos ratificaron sus denuncias a través de una reciente carta al comandante en jefe de las fuerzas armadas, el propio presidente de la República, Iván Duque, quien se ha negado a recibir en palacio a los representantes de la Conferencia Episcopal y de otras instituciones religiosas y sociales que sostienen que el dominio paramilitar está en expansión ante la mirada cómplice de sectores del Ejército; y que dicha alianza no solo favorece la economía de la cocaína, sino también intereses del gran capital relacionados con la explotación de oro y de cobre en territorios étnicos. 

Dicha carta fue puesta a consideración de la opinión pública en el marco de la más reciente asamblea de la Conferencia Episcopal de Colombia. Durante el evento se llevó a cabo una rueda de prensa en la que el obispo de Quibdó y sus compañeros ratificaron sus denuncias, en solidaridad con las comunidades visitadas a lo largo de 2021. Igualmente, pidieron protección en favor de estas últimas y aclararon que sus afirmaciones no pretenden atacar a ninguna institución del Estado, sino exigir justicia para los oprimidos.

A continuación una entrevista que el corresponsal de Religión Digital en Colombia, el suscrito (Miguel Estupiñán) le hizo al obispo de Quibdó para el programa virtual de Twitter @HaciaElUmbral, especializado en derechos humanos y religión. El video sirvió como fuente para una nota de la periodista Paola Calderón en la web del CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Las denuncias del prelado también fueron difundidas a través de Vatican News.