“Luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad, el Gobierno colombiano me expulsa de su territorio por considerarme un riesgo para la seguridad de Estado’”, denunció a través de su cuenta de Twitter Juan Grabois, miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. El abogado argentino había llegado al país este 25 de mayo, como parte de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, organismo creado en atención a la crisis en Colombia, con la misión de levantar un informe sobre violencia oficial en el marco de las protestas y contribuir a la articulación internacional en defensa de los derechos humanos en toda la región.

“Me han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino”, añadió Grabois en declaraciones difundidas a través de redes sociales. “Son tiempos de cambio para América Latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adiós Colombia. ¡Fuerza!”.

A través de su cuenta de Facebook, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos declaró que a Grabois “no le permitieron el ingreso a Colombia, bajo argumentos falaces y arbitrarios”. Aportando nuevos elementos sobre lo ocurrido al abogado, la entidad señaló que los restantes integrantes del grupo “pasaron sin problemas, con la misma documentación y cartas de invitación”.

Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario. Ahora en un cuartito. Esperando. Mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera ¡no tenemos miedo! La Patria Grande está de pie.@MisionIntCol#SOSColombiapic.twitter.com/4xQRwLqEpB

— Juan Grabois (@JuanGrabois) May 25, 2021

En el país y en el exterior, el episodio generó amplio rechazo, casi en vivo y en directo, al difundirse un video en el que una funcionaria de Migración Colombia le informa al consejero papal que, afirmando la soberanía, iba a “proceder a la inadmisión” en su contra. “El Papa pide al gobierno de Iván Duque que cese la violencia y Duque expulsa de Colombia a una de las personas más cercanas del Papa”, manifestó el español Juan Carlos Monedero. Y la representante a la Cámara María José Pizarro, a punto de participar en un debate de control político contra el ministro de Defensa Diego Molano afirmó: “Juan Grabois, la voz y oídos más cercanos al papa Francisco en América Latina, acaba de ser deportado de Colombia”.

Por su parte, la filósofa argentina Luciana Cadahia escribió también en su cuenta de Twitter: “Al impedir el ingreso de Juan Grabois, el Estado colombiano está enviando un mensaje muy negativo al Vaticano y al Papa. Me pregunto si ahora, además del pueblo y la comunidad internacional, el uribismo declara enemigo a la religión cristiana”.

La versión de Migración Colombia, rechazada por Grabois y por la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, es que el abogado tenía la documentación vencida y que irrespetó a los funcionarios del puesto después de que se le anunciara la inadmisión al país.

Crece la presión sobre Duque

A pocos días de cumplirse un mes del inicio de la ola de protestas contra el presidente colombiano Iván Duque, crece la presión internacional sobre el Gobierno, en atención a las graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el marco de la respuesta represiva contra las movilizaciones.

“Aunque las cifras difieren, se cuentan al menos medio centenar de muertos, y la organización Human Rights Watch señala a la fuerza pública de al menos 14 homicidios”, publicó recientemente El País, de España. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha expresado su preocupación por los resultados del uso desproporcionado de la fuerza, “en particular en términos del elevado número de pérdidas de vidas humanas, personas heridas, incluyendo lesiones oculares y denuncias de desaparición forzadas en el contexto de las protestas; así como su preocupación sobre denuncias de violencia sexual y de género en el marco de las protestas”.

En atención a la crisis, Misereor, Adveniat y otras organizaciones de cooperación internacional han conformado una Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en Colombia. Mediante un mensaje dado a conocer el pasado 20 de mayo, dirigido al Gobierno alemán y a la Unión Europea, dicha entidad pide incidir para que se ponga fin al uso desproporcionado de la fuerza policial contra los manifestantes y a la estigmatización de las protestas pacíficas. Estas han recibido por parte del Gobierno colombiano un tratamiento militar que, según las organizaciones, se constituye en “un gran paso para alejarse de la paz”.

La Coordinación llama la atención sobre la necesidad de “la investigación, el esclarecimiento y la sanción de las presuntas violaciones de los derechos humanos”. “En particular, se debe asegurar la aplicación de las medidas acordadas en el acuerdo de paz para la protección de los /las defensores y defensoras de derechos humanos, el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y sus aliados económico-militares, así como garantizar y promover la aplicación de programas de desarrollo socioeconómico participativos y eficaces”, añadieron las organizaciones firmantes del comunicado, refiriéndose al pacto firmado en 2016 que llevó al fin de la guerrilla de las FARC y a su transformación en partido político legal, después de medio siglo de conflicto armado.

Tanto el Gobierno alemán como la Unión Europea han apoyado dicho proceso de paz, por eso la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en Colombia considera necesario su acción en favor de una solución pacífica a la crisis en el país.

“La comunidad internacional también debería participar en el seguimiento internacional para el esclarecimiento jurídico de los hechos en el contexto de las protestas y acompañar activamente los procesos de diálogo, que incluyan a diferentes sectores, en asociación con actores reconocidos de la sociedad civil colombiana, por ejemplo, las iglesias”, añaden los firmantes, antes de agregar que “el Gobierno alemán sólo debería considerar la cooperación prevista por Alemania en la capacitación de la policía colombiana si, sobre todo a la vista de los últimos acontecimientos, reconoce una voluntad seria de reforma estructural por parte del Gobierno colombiano, la cual pueda medirse con criterios comprensibles”.