El relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de la ONU, Philip Alston, ha presentado sus conclusiones sobre la situación de la pobreza en España.  A lo largo de un par de semanas se ha reunido con personas y colectivos que trabajan con gente en riesgo de exclusión social en seis comunidades autónomas diferentes. "En España hay familias que tienen un dilema: o poner la calefacción o comprar comida", ha dicho Alston.

Este australiano, experto en derecho internacional y derechos humanos, ha visitado antes otros diez países para realizar el mismo informe que será presentado en junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Durante la presentación de su informe ha “metido el dedo en el ojo” en varios asuntos: ha comentado, por ejemplo, que la Constitución española contempla el derecho a la vivienda, pero en la realidad "esto no significa nada" y ha pedido a los legisladores que empiecen a "tomarse en serio" este problema.  Y lo mismo con el tema de la burocracia para las ayudas sociales, y otras cuestiones. 

Ahora bien, también ha alabado el sistema sanitario público y universal. 

Non solum sed etiam

Los medios se han hecho eco de este informe, y al menos en una emisora de radio, se daba la noticia calificandola de “sopapo” y con cierto aire de sorpresa. ¿Cómo es posible que alguien pueda sorprenderse de las conclusiones a las que ha llegado este buen hombre? ¿Es que nadie conoce los informes anuales de Cáritas España? ¿Nadie ha informado sobre los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal Española en las tres jornadas contra la pobreza que se vienen celebrando desde el 2017? ¿y los informes y comunicados de organizaciones como la HOAC, Berakah, y los de plataformas como STOP desahucios, y la  EAPN (European Anti Poverty Network)? El problema hoy no es el de no tener información, sino el de no querer estar informado, mirar para otro lado. El señor Alston ha hecho un balance muy ajustado a la cruda realidad. ¡Buen trabajo Philip! Por cierto, su labor no es remunerada.