"Esperemos que se encuentren caminos de justicia" Ecuador en ascuas

En  el año 1990 se produjo en el país el primer levantamiento indígena de los tiempos modernos. Fue como el pistoletazo de salida para la conmemoración de los 500 años de “resistencia indígena, negra y popular”.  Este “levantamiento”   recogía una vieja tradición de los pueblos originarios de los países andinos.

La palabra “levantamiento” ha sido en la historia la forma de expresión del descontento, rebeldía y protesta. Le dan este apelativo porque quieren significar que es un cambio de postura: de la humillación, del abatimiento a la elevación de la frente que significa retomar l orgullo de lo que son; que no es cuestión de un dia, que es un proceso de discusión en las comunidades hasta tejer una red. Del “levantamiento” surgen los delegados/as que llevan adelante los requerimientos. Estos delegados no son representantes en el sentido occidental de la palabra: El delegado no puede tomar resoluciones por su cuenta. Si dialogan con una autoridad, los delegados llevan el pedido y regresan a la comunidad para que sea ella la que decide. De ahí su carácter comunitario y lo que a nosotros, los no originarios, nos parece que las discusiones se hacen eternas, porque van y vienen de y hacia la comunidad.

El levantamiento no es un acto, no es un día, ni un paro indefinido. No tiene tiempo,  ni reloj hasta que se decide en comunidad que se suspende el levantamiento. Tampoco tiene un carácter clasista; es toda la comunidad.

Desde 1990 ha habido varios levantamientos que, en unión con otras fuerzas, han significado el cambio de gobiernos o presidentes.

En Ecuador la mayor organización indígena es la CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Esta confederación aglutina a los pueblos originarios de los Andes, de la Amazonía, de Costa, afrodescendientes y campesinos. A su vez, ésta tiene su brazo político PACHACUTIK, que tiene sus asambleístas, diputados, en la Asamblea Nacional.

Con el gobierno que se instaló el 24 de mayo de 2021 se fue tensando la relación de éste con la población debido al rumbo neoliberal que ha ido  tomando, la serie de leyes que ha ido promulgando de cara a las privatizaciones (que las llama concesiones) del sistema eléctrico nacional, del sistema de comunicación, de la industria petrolera, de la Seguridad Social y de otros sectores de la economía, además de una política de achicamiento del Estado (llámese despido de médicos, maestros, funcionarios públicos, recorte de los presupuestos de salud, educación, inversiones en vialidad, etc). Todo ello mientras se firman acuerdos con el FMI y BM, se aumenta la deuda externa pública y se condonan deudas privadas de los conglomerados empresariales.

En estos momentos, con el aumento del precio del petróleo a nivel internacional (Ecuador produce  cerca de 500.000 barriles de petróleo diarios) el Estado está recibiendo ingresos extras no presupuestados. El gobierno destina este nuevo ingreso a una RESERVA MONETARIA que deposita en Bancos del exterior, sin ganar intereses, y que puede garantizar los préstamos de la banca privada, pero que no puede conceder préstamos al propio Estado para inversiones públicas.

Con estas políticas y decisiones,  la pobreza ha aumentado en 6 puntos; han desaparecido más de un millón de empleos; se ha “uberizado” buena parte de la fuerza laboral. En estos momentos, no hay medicinas en los hospitales públicos (aunque han proliferado las farmacias privadas); ha aumentado la inflación; se ha casi triplicado el precio de los combustibles con curiosa teoría de que debemos estar acordes con los precios internacionales, con lo cual da la impresión de que producir petróleo no es ninguna ventaja; ha aumentado la emigración, al punto de que el segundo mayor ingreso del país son las remesas que envían los emigrantes.

Pues bien, ante este panorama es ante el que ha reaccionado la CONAIE, compuesta básicamente de campesinos: les ha aumentado el precio del transporte de sus productos y los intermediarios han bajado sus pagos porque no pueden competir con las transnacionales de semillas, fertilizantes ni con los supermercados que tienen sus propios medios de acopio en el exterior; los hospitales y postas médicas están desabastecidas y la red vial lleva ya 5 años sin mantenimiento.

La CONAIE presentó al Gobierno un pliego de 10 puntos para ser discutidos y consensuados. Esperó pacientemente la invitación al diálogo y negociación, así como las propuestas. Este no ha respondido. Con debido tiempo de antelación, se presionó al gobierno y se anunció que el 13 de junio empezaría un LEVANTAMIENTO a nivel nacional. A esto respondió el gobierno con un Decreto declarando el “estado de excepción” en tres provincias.

Todo ello en un ambiente de inseguridad ciudadana por la presencia de grupos delicuenciales ligados al narco-tráfico, de  sicariato, etc., amén de las tres masacres producidas en meses anteriores en las cárceles del país. Hasta el momento son más de 400 muertos.

Cumplido el plazo del 13 de junio, ese mismo día comenzó el levantamiento con cierre de vías, manifestaciones públicas, marchas, etc. comenzando por las provincias de mayor población indígena, con la meta de confluir en la capital.

En este ambiente ya comienzan a escasear los alimentos de primera necesidad en las ciudades por no haber transporte. Las carreteras principales están cortadas.

Ante la afluencia de manifestantes de fuera de Quito, las universidades POLITÉCNICA SALESIANA, POLITÉCNICA NACIONAL y CENTRAL (la mayor universidad pública de Quito) han abierto sus puertas para alojamiento de los manifestantes de otras provincias. A ellas se han unido otras universidades del país, organizaciones obreras y barriales, así como otras organizaciones sociales.

Por su parte, el gobierno ha desplegado (como hay “estado de excepción) las fuerzas policiales y militares que han ocupado la CASA DE LA CULTURA, lugar histórico de acogida de organizaciones sociales, convirtiéndolo en sitio de acopio de las fuerzas policiales de élite.

Un ambiente de crispación, miedo e inseguridad para el común de los ciudadanos.

Ahora están dándose llamamientos al diálogo de la Conferencia Episcopal, de Universidades y de ONGs y otras instituciones que invocan a la CRUZ ROJA a las NN.UU (nadie está pidiendo la intervención de la OEA por sus funestos oficios en la crisis boliviana y la consiguiente pérdida de confianza ciudadana).

Una cosa está quedando clara: ni los partidos políticos, ni la Asamblea Nacional, ni el propio gobierno (que no llega al 15% de aprobación) tienen credibilidad ni inspiran confianza.

En la Asamblea Nacional hay grupos parlamentarios que están pidiendo la renuncia del Presidente o que adelante las elecciones; otros piden la muerte cruzada = que se vayan tanto los legisladores como el presidente; y otros que se utilice el mecanismo constitucional de la revocatoria del mandato.

En mis 55 años de estancia en Ecuador nunca he visto una manifestación y movilización popular tan grande como la que estamos viviendo estos días.  Al mismo tiempo, la polarización social que esta movilización está produciendo es enorme y no se ven cauces de salida.

El Ejército y la Policía tienen en su interior la misma polarización, además de la historia pasada en la que la fuerza dirimente eran ellos: cuando las FF.AA. retiraban su apoyo al gobierno, su permanencia era de horas. En estos momentos, predomina la línea dura. Desde hace más de dos años, tanto la Policía como el Ejército copan las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana. No hace mucho, el embajador de los EE.UU., en una declaración pública insólita, y que no tuvo ninguna reacción, habló de “narco-generales”, a alguno de ellos le retiró la visa de su pasaporte. 

Esperemos que se encuentren caminos de justicia.

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