Los Informes sobre la pederastia eclesial en España El Informe auditoría de Cremades & Calvo Sotelo (II)

El Informe, como se puede apreciar por lo expuesto, llega -a diferencia del ya presentado por el Defensor del Pueblo- con una doble “perdigonada en el ala”: en primer lugar, por sus sospechosos aplazamientos; por el “affaire” de la complaciente relación entre A. Dagnino y la CEE (materia para una novela de intriga) y, sobre todo, por las diversas apuestas existentes sobre la perspectiva que tendría que presentar la redacción de la Auditoría: desde la más complaciente con los obispos, liderada por A. Dagnino, y la más crítica, capitaneada por F. J. Cremades. Y, en segundo lugar, por las reticencias que se habrían activado contra la Auditoría -como filtran sus críticos en los medios- en algunas diócesis y congregaciones sobre la calidad de la metodología empleada y el trabajo de campo realizados, así como por las quejas de las víctimas. 

"El Informe llega con una doble 'perdigonada en el ala': en primer lugar, por sus sospechosos aplazamientos; por el 'affaire' de la complaciente relación entre A. Dagnino y la CEE. Y, en segundo lugar, por las reticencias que se habrían activado contra la Auditoría"

A estas críticas al Informe Cremades & Calvo-Sotelo -para nada inocentes- habría que sumar el conocimiento de los gastos ocasionados, que vendrían a estar -según algunas fuentes- por encima de un millón doscientos mil euros; una observación que personas cercanas al bufete -y como tambien se puede concluir de la lectura de la Auditoría - se encargan de poner en su sitio indicando que los honorarios profesionales del trabajo realizado por los abogados -y no cobrado a la CEE- vendría costar -al precio actual del mercado- en torno a los nueve millones y medio de euros. Sí se ha repercutido -indican seguidamente- “todos los gastos de desplazamiento, organización y costes en los que ha incurrido para atender a los profesionales internos y externos de la firma. La cantidad completa de los gastos repercutidos es de 750.000 Euros”.

Puntos más sobresalientes

Antes de adentrarme a exponer algunos de los puntos que considero más reseñables de esta Auditoría, me llama la atención la advertencia realizada al bufete por Jan Marc Sauvé, presidente de la Comisión Independiente francesa, encargada de realizar el estudio correspondiente en Francia, conocido como Informe CIASE: la misión encomendada es difícil; tanto, que va a ser “imposible de realizar un trabajo que pueda contentar a todos”. Casi parece una premonición de la acogida que va a tener esta Auditoría, sobre todo, entre los obispos y entre algunos medios de comunicación.

Enfoque integral y relatos “creíbles”

El primer punto que me llama la atención es su apuesta por asumir un acercamiento empático a las víctimas, una apuesta que lleva a reconocer a los miembros de la Auditoría la insuficiencia de una aproximación jurídica y a propiciar “un enfoque integral”, sin “enjuiciar, valorar o determinar -algo que no va a compartir la CEE en su Informe- la validez de los relatos sino dar credibilidad a todos ellos poniendo a la víctima y su relato en el centro de este trabajo”. Tal apuesta explica que los auditores entiendan “fundamental adoptar la perspectiva psicológica y sociológica”, además de la que se asienta en “el punto de vista del derecho” y de la “responsabilidad moral”.

"El primer punto que me llama la atención es su apuesta por asumir un acercamiento empático a las víctimas. Tal apuesta explica que los auditores entiendan 'fundamental adoptar la perspectiva psicológica y sociológica', además de la que se asienta en “el punto de vista del derecho” y de la 'responsabilidad moral'"

La “estimación”

El segundo punto que también me llama la atención, es la negativa del despacho a “realizar extrapolaciones sociológicas sobre las cifras, como se hizo en Francia o realizar consideraciones de naturaleza teológica o canónica”. El objetivo es “estudiar la mejor respuesta institucional ante los abusos sexuales a niños, niñas y adultos en situación de vulnerabilidad”. Esta es la razón por la que la Auditoría “se realiza sobre todos los casos documentados”, facilitados “por las propias instituciones de la Iglesia, por organismos públicos competentes, las personas expertas, los medios de comunicación y las víctimas”.

"La Auditoría 'se realiza sobre todos los casos documentados', facilitados 'por las propias instituciones de la Iglesia, por organismos públicos competentes, las personas expertas, los medios de comunicación y las víctimas'… sin extrapolaciones"

Gracias a los datos proporcionados por tales fuentes, sostienen -algo que, igualmente, va a ser criticado en el Informe de la CEE- que “el número total de denuncias recibidas de las instituciones de la Iglesia asciende a 961”. A ellas hay que añadir 118 “comunicadas exclusivamente al Defensor del Pueblo”; otras 305 provenientes del Dicasterio vaticano de Doctrina de la Fe; 55 denuncias extraídas del canal de denuncias del propio bufete, que se reducen a diez nuevas, para concluir “un total de 1.383, con un número de víctimas indeterminado”. Sin embargo, prosiguen los auditores, es posible estimar, a partir de tales denuncias, “un mínimo de 2.056 víctimas, aunque es objetivamente evidente que el número es superior, por lo que debemos afirmar que el número de víctimas es indeterminado, siendo también indeterminado el número de victimarios”. 

Seguidamente indican que “no hablamos de casos sino de denuncias”, siendo muy conscientes de que “lo  importante no es el número, sino el dolor y el daño producido en cada una de las víctimas”; algo de lo que dan testimonio cuando indican que la gravedad de los hechos impide a las víctimas relatar lo acaecido resaltando que el término “abusos o tocamientos” abarca “una realidad muy heterogénea”, aunque se refieren también “felaciones, violaciones, introducción de pene u objetos en órganos genitales o boca, tocamientos en genitales, tocamientos en culo, pechos, cuerpo, tocamiento libidinoso, besos no consentidos, abrazos libidinosos, lametones en cuello y cara, contacto físico no consentido, desnudos no consentidos”. 

"El lugar de los hechos más repetido son los colegios y seminarios menores y mayores"

Y completan esta información señalando que “el lugar de los hechos más repetido son los colegios y seminarios menores y mayores”, presentando la persona victimaria el siguiente perfil: mayoritariamente sacerdote/religioso/a, profesor/a responsable académico del menor siendo el porcentaje aproximado en el 99% de los casos, aunque también se encuentran casos de “sacristanes, celadores, responsables de administración, actividades extraescolares o catequistas”. Las fechas de comisión de los hechos de los que se ha tenido noticia van “desde el comienzo de los años 40, y hasta el día de hoy: alrededor de 80 años en total”. 

Estos datos -y los dramas que encierran- dan pie a los auditores para ofrecer dos importantes consideraciones. 

Protección de la Iglesia e indefensión de las víctimas

Según la primera, después de haber cotejado estas cifras con las conocidas gracias a los Informes de otras iglesias, comprueban que “se repite prácticamente en todo el mundo la prioridad de proteger a la institución y su reputación por encima de todo y también es frecuente que se preste escasa atención a las víctimas una vez recibida la denuncia, impidiéndoles formar parte del proceso”. Desgraciadamente, la Iglesia española no es una excepción.

"Se repite prácticamente en todo el mundo la prioridad de proteger a la institución y su reputación por encima de todo y también es frecuente que se preste escasa atención a las víctimas una vez recibida la denuncia, impidiéndoles formar parte del proceso"

Pero eso, siendo muy grave, no es todo. Las medidas que ha tomado esta Iglesia -señalan en segundo lugar- han sido tardías, desigualmente asumidas y adoptadas casi siempre como reacción a los acontecimientos”, además de “globalmente insuficientes”. Por eso, los auditores preguntan “cuál ha sido el papel que han desempeñado los Obispos españoles y los superiores de órdenes religiosas”, para responder seguidamente que “en nuestra propia experiencia, no pocas veces nos hemos encontrado con una actitud defensiva, de parálisis, ocultamiento y hermetismo por parte de algunas de las autoridades eclesiásticas entrevistadas. Hemos constatado que lo que suele prevalecer en algunas autoridades de la Iglesia es la interpretación de que las críticas son un ataque orquestado para desprestigiar a la institución a través de la instrumentalización de las víctimas”.  

"En nuestra propia experiencia, no pocas veces nos hemos encontrado con una actitud defensiva, de parálisis, ocultamiento y hermetismo por parte de algunas de las autoridades eclesiásticas entrevistadas"

“Los obispos no hicieron bien su trabajo”

Y los redactores de la Auditoría rematan esta segunda consideración trasladando el parecer de muchas de las víctimas a las que han escuchado en estos términos: “están convencidas de que los Obispos no hicieron bien su trabajo”. Leyendo estas líneas, me encuentro con una importante constatación que -así me parece- no percibo recogida ni debidamente tomada en consideración en el capítulo dedicado a las recomendaciones.

En todo caso, concluyo este segundo apartado de mi lectura de la Auditoría centrado en los datos, recogiendo lo que sostienen sobre “la ignorancia que existía en la sociedad hace unos años”. De esta ignorancia, apuntan, “las propias víctimas no eran una excepción”, algo que ha provocado “que el daño se agravara a través de la negligencia en la reacción del entorno. Esa ignorancia ya no existe y, por tanto, no se puede emplear como excusa. Ni la Iglesia ni ninguna institución puede argumentar hoy en día que desconoce la magnitud de la tragedia”.

"Ni la Iglesia ni ninguna institución puede argumentar hoy en día que desconoce la magnitud de la tragedia"

En tercer lugar, la Auditoría recuerda en diferentes ocasiones que no se trata solo de “ofrecer unas cifras -cuestión indispensable-, sino también de proponer una reparación integral y establecer los  mecanismos para  su cumplimiento, evitar casos futuros y prever la adecuada respuesta ante los que existan”.

Propuestas para la reparación

Pero, antes de adentrarme en el apartado dedicado a la reparación y establecimiento de algunos mecanismos institucionales, creo que no se puede perder de vista una recomendación que no me parece que esté de más, visto el enfrentamiento -creo que ya claro a estas alturas de la exposición- entre los Informes de Cremades & Calvo-Sotelo y el de la CEE: hay que “fomentar -recomiendan los primeros- investigaciones académicas y profesionales sobre abusos sexuales perpetrados en instituciones religiosas y su relación con la violencia espiritual y sus efectos devastadores, así como en materia de deontología de los ministerios para elaborar códigos de conducta y medidas sancionadoras”. Si no me equivoco, la toma en consideración de una recomendación análoga -recogida en el Informe MHG de la Iglesia alemana- propició las famosas reevaluaciones diocesanas, a fecha de hoy, todavía no cerradas en aquel país. 

Recogida y contextualizada esta recomendación, paso a exponer lo que me llama la atención de las propuestas referidas a la reparación. 

En primer lugar, su insistencia permanente en que sea “integral”: “reconocer el daño producido y honrar el dolor de las personas que han sido víctimas de cualquier forma de violencia en el seno de la Iglesia, tanto niños, niñas y adolescentes como personas adultas, pidiendo perdón públicamente no sólo por el daño sino por el silencio permitido”.

"Integral, preventiva, reparadora"

A ello hay que añadir la urgencia en “tomar las medidas de prevención necesarias para tratar de que no vuelva a suceder”, y brindar a las personas que fueron víctimas recursos de calidad para la reparación de su daño”, lo que incluye “diversos tipos de recursos, incluidos recursos psicoterapéuticos de calidad, asesoramiento legal e indemnización económica. El trauma no se olvida pero se puede integrar y recuperar la posibilidad de un desarrollo pleno. Es un proceso lento y no es un proceso lineal, pero con el acompañamiento necesario, la sanación es una realidad innegable”.

Y para que tal objetivo no se quede en la formulación de un buen deseo, la puesta en marcha de una Comisión Independiente que se encargue de realizar una “reparación integral”, no excluyendo “la exigencia de una responsabilidad penal de la persona victimaria, donde la reparación sea acordada con la víctima”. Junto a ello, “cuando la víctima así́ lo desee, el procedimiento de determinación de la reparación debida debe ser solemne y, en ningún caso, debe implicar exención de responsabilidad penal de la persona victimaria”. Obviamente, dicha Comisión queda obligada a garantizar que el servicio de reparación sea realizado “por personal experto especializado y con formación específica en materia de violencia contra los niños y, en particular, en abuso sexual”.

Propuestas para la prevención 

En lo referente a la prevención, es decir, a “evitar casos futuros y prever la adecuada respuesta ante los que existan”, la Auditoría urge a la CEE a que establezca, en paralelo con la Comisión Independiente, una segunda Comisión, en este caso, “de Protección responsable del seguimiento y evaluación de todas las medidas contempladas en este informe”. Esta Comisión “debe estar compuesta de forma multidisciplinar y debe incluir personas situadas en la intervención directa. Y debe comprometerse a garantizar la transparencia y rendición de cuentas del proceso elaborando un Plan de Prevención”. Ha de coexistir con “un equipo coordinador del proceso” y de un servicio de asesoría legal en cada diócesis, así como de “una figura de acompañamiento a las víctimas con formación en psicología que pueda realizar el acompañamiento a la persona que llega y realizar las reuniones necesarias hasta poder definir las necesidades de reparación que tiene la persona”.

También merece ser reseñada la recomendación de crear un “fondo” en el que participen “la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos para la reparación, dotado inicialmente con 50 millones de euros”. “Las aportaciones  económicas  a dicho patrimonio  -indican los redactores del Informe- no debieran provenir de aportaciones realizadas por los feligreses, ni de las donaciones recibidas vía impuesto del IRPF”, ni tampoco solo del “patrimonio que tuvieran las personas victimarias”, sino “con cargo  a  un  patrimonio  separado adscrito a este fin” “que  creará  la Iglesia Católica” y que “se constituirá  y nutrirá con sus propios recursos  económicos”. “Las indemnizaciones” pueden oscilar “entre 6.000 y 100.000 euros”, “en función de las circunstancias concretas de cada abuso y los daños producidos”. 

Un drama, sobre todo, social

Me parece oportuno finalizar la presente recensión trayendo a colación un punto que -así lo entiendo- va a ser central en el Informe de la CEE y que el bufete tambien contempla, aunque no con la fuerza que los obispos le van a conceder: “el trabajo que hemos realizado, que esperamos mejorar, ofrece una experiencia y aprendizaje a la sociedad española, que tiene un enorme problema con los abusos a menores, tal y como ha señalado el Fiscal General del Estado, ‘Save the Children’, o la Fundación ANAR”.