Ilegal, inmoral, ilegítimo
Cuando la conducta humana no se guía por principios sólidos, compartidos y admitidos por la colectividad se entra en el campo de la delincuencia. Es decir, la única norma es el capricho producto de intereses que lesionan el bien común.
Cuando Moisés recibió las tablas de la ley que le entregó Yahvé en el monte del desierto, no significó otra cosa sino que quien obrara fuera de ese marco debía ser considerado detractor y por tanto castigado. Los diez mandamientos no son un código de excelencia, sino más bien una ética de mínimos que permita la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la posibilidad de una real igualdad entre todos los miembros de aquella sociedad. Exigir o poner como norma no matar, no mentir, no levantar falso testimonio, no es un código de heroicidad sino de comportamiento normal para que unos pocos no aplasten a los demás.
Hemos vivido, estamos viviendo un proceso constituyente que está viciado por todas partes. Así como en el Antiguo Testamento la ley venía de lo alto, de Yahvé, en las sociedades modernas, la ley viene del poder originario que reside en el pueblo y es quien mediante los mecanismos admitidos universalmente, de consulta y elección popular, le da vigencia y valor.
En nuestro caso, han sido de tal magnitud las fallas cometidas que convierten a la asamblea nacional constituyente en una reunión de una parcialidad, sin más valor que eso: no representa al todo y por tanto no puede erigirse en la rectora de la vida de todo el colectivo nacional.
Es ilegal lo que se hace fuera del marco constitucional por el que se rige la nación. Son demasiados los ejemplos que ponen en evidencia la ilegalidad, desde la convocatoria hasta la proclamación de los resultados. Al no convocar al poder originario para que apruebe o desapruebe un proceso constituyente con especificaciones claras de cuáles son sus competencias, todo lo que de allí sigue está viciado.
A ello hay que sumar todos los pasos posteriores. Se diseñó un esquema eleccionario claramente parcial, inclinado a favorecer una sola opción, con categorías desconocidas o fuera del marco legal, con criterios tan empíricos y poco comprobables, que lo convierte en algo inadmisible. Por otro lado, la complicidad del poder electoral y del alto tribunal de la república, aprobando de manera exprés cuanto era presentado por el ejecutivo, ponen en evidencia que se estaba jugando a la manipulación y al fraude.
Lo peor, el desconocimiento del clamor popular para que dicho proceso no se llevara adelante, trajo consigo el uso indiscriminado de la fuerza, el amedrentamiento, la represión, la encarcelación sin cumplir con lo mandado por la ley para irrumpir en la propiedad privada, o conducir a calabozos desconocidos y someter a la justicia militar sin más requisito que el de los hechos consumados, es actuar con la ley de la selva: el más fuerte se impone y el más débil desaparece. Pero lo más grave es el número de muertos habidos en estos tres meses: más de un centenar de asesinatos sin el menor gesto de solidaridad para con los afectados, es índice de una degradación del valor supremo de la vida humana.
Por último, hemos presenciado una capacidad increíble para la manipulación y la mentira. La credibilidad y confianza en los órganos de justicia, de orden público y del poder electoral se han resquebrajado a niveles impensables. El manejo de cifras irreales no soportaría el más sencillo proceso de auditoría. Por ello estamos ante una realidad ilegal, inmoral, ilegítima que no obliga en conciencia.
Todos sus actos son irrelevantes y de tratar de imponerlos a la fuerza no generarán sino una conflictividad mayor que la que hemos vivido. Ser capaces de construir una sociedad en la que quepamos todos, con respeto mutuo y cartas claras de lo que se quiere obtener, es el reto que todos tenemos por delante.
Si no se oye el clamor del pueblo, cualquier ideología o fanatismo no nos conduce sino por la senda de la violencia y de la muerte. No es ese el camino correcto. Nunca es tarde para rectificar y poner la balanza donde debe estar: en la voluntad soberana del pueblo.