En la reunión del papa Francisco con los obispos españoles solo se habló del tema de “la formación en los seminarios de los futuros sacerdotes españoles”, dedicándole  una sesión  de cinco horas.  El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, y el portavoz de la Casa de la Iglesia, César García Magán, no llegaron a comprender cómo en ese encuentro  no se llegó a ninguna conclusión, ya que de las conclusiones apenas se pide desarrollar  un “proceso” para ir caminando de cara a una nueva estructura en la formación de los futuros sacerdotes, pero sin hacer concreciones.

Lo que considero preocupante es que la reunión se centrara exclusivamente en los seminarios, que es un tema de índole clerical, y se dejara de mencionar y de tratar temas de más calado como el de los abusos a menores por el clero y religiosos o del Informe del Defensor del Pueblo. Tampoco  han sido tratados dos temas que afectan especialmente a la Iglesia católica española como el  de los Acuerdos de 1979 y el de las inmatriculaciones, lo que considero una oportunidad perdida para encauzar a la Iglesia hacia un modelo libre de privilegios, especialmente de aquellos que le permiten librarse de los impuestos que le generan beneficios, mostrando más un perfil insolidario que solidario, la virtud más cristiana y humana. 

 Para esos resultados tan nimios hubiera sido mejor una  videoconferencia, como comentó  Omella,  y así haberse ahorrado el tiempo y el gasto que ha supuesto el viaje. Por otro lado, no ha habido ninguna mención a los 15 seminarios ultraconservadores de los “kikos” que hay en España, ni a los dos obispos uruguayos que envió  el Papa a España para realizar un estudio de los seminarios e intentar mejorarlos.

Los tres últimos pontífices han reconocido el movimiento de Kiko Argüello. El papa Francisco, inexplicablemente, se ha puesto del lado de los dos papas anteriores, a pesar de su personalidad progresista, tan contraria a la ideología retrógrada anti Vaticano II y anti Francisco de los kikos.

El encuentro hubiera merecido más de una sesión para discutir temas tan acuciantes como los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 y las inmatriculaciones. Respecto a los Acuerdos, se trata de cuatro acuerdos firmados por el Gobierno de España y la Santa Sede el 3 de enero de 1979 mediante los que se reformó el Concordato de 1953 —firmado por el Gobierno franquista bajo los principios del nacionalcatolicismo—, para adecuarlo a la proclamación de la aconfesionalidad del Estado por la Constitución española de 1978. Al estar implicada la Santa Sede, el papa Francisco no ha hecho ninguna referencia a su renovación o derogación como solicitan los teólogos y católicos más progresistas.

Respecto a los bienes inmatriculados, una ley franquista de 1947 nombró notarios a los obispos, dándoles derecho a inmatricular una enorme cantidad de bienes. Esa ley excluía los centros de culto, pero Aznar, con la reforma de la ley hipotecaria, eliminó esa excepción.   La lista publicada por el Gobierno constata 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia, entre 1998 y 2015. De ellos, 20.014 se refieren a templos eclesiásticos y el resto, 14.947, a terrenos, fincas, locales, garajes, viviendas, casas de maestro, fuentes o plazas. El listado incluye monumentos como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla. Todos esos bienes están exentos del pago del IBI a pesar de que muchos de ellos generan beneficios.

El propio Gobierno ha anunciado  que tras la publicación del listado de los bienes inmatriculados se iniciaría un proceso de impugnación de los “bienes de dominio público” incorrectamente inscritos a nombre de la Iglesia. Así queda abierta  la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de miles de ellos.

La Conferencia Episcopal Española se ha mostrado tibia respecto a las inmatriculaciones. No ha mostrado interés sobre el tema. Más bien desea que se mantenga la situación actual, que tantos beneficios le proporcionan a la Iglesia, y se alargue en el tiempo, oponiéndose con su desidia a devolver esos bienes a los ayuntamientos y a particulares. Esa actitud de apropiación indebida y escandalosa por parte de la Iglesia se opone frontalmente a la doctrina del Evangelio, lo que resta credibilidad a la institución si no se enmienda. Solo ha devuelto casi un millar de bienes inmatriculados.