Recientemente, la Secretaría de Gobernación pareció advertir a las asociaciones religiosas de las consecuencias y sanciones por la intervención en política partidistas, especialmente en estos tiempos de campañas electorales. En un comunicado del 26 de abril, recordó lo señalado en el 130 constitucional y relativos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público exhortando a “todos los actores religiosos, particularmente a las y los ministros de culto, a conducirse de tal manera que, en el actual periodo de campañas electorales, continúen contribuyendo a la edificación de una sociedad plenamente democrática y respetuosa de los preceptos constitucionales, en el marco de la laicidad del Estado mexicano”.

Aunque el comunicado no fue explícito en ese párrafo para entender qué es esa edificación de la sociedad plenamente democrática y respetuosa de la ley, la sentencia se hace en un párrafo subsecuente que dejó claro cuál es el propósito del exhorto:“Ser cuidadosos de no incurrir en propaganda o proselitismo político, sea en favor o en contra de candidatas, candidatos, ideologías partidistas o de partidos políticos”.

Como en cada proceso y campaña electoral, la autoridad federal echa mano de estas indicaciones que parecerían tener especial dedicatoria a la Iglesia católica; sin embargo, la diversidad religiosa es propicia para que existan organizaciones políticas con plena identificación con ciertas ramas del evangelismo pentecostal o carismático con la convicción de hacer política afianzada en la religión como una vocación o especie de predestinación a construir una sociedad basada en principios sobrenaturales. Para nadie es desconocido la competencia de un partido político, que fue alianza con el actual en el poder, cuyo nuevo registro estuvo bajo polémica cuando el Instituto Nacional Electoral habría confirmado la participación directa de ministros de culto activo en su reconformación.

Es necesario repensar al estado laico reconfigurando el significado de este principio despojándolo de la extraña esquizofrenia, especialmente en esta administración que se ha colgado lo mismo de textos evangélicos como de la sotana papal. Todos hemos sido testigos de las insistentes citas del actual presidente de México en torno al Papa Francisco para dar piso firme a sus medidas populistas: “Y aunque se pueda pertenecer a cualquier religión, olvidamos los Evangelios o no somos consecuentes… ¿Por qué primero los pobres?” Esa es la esencia de los Evangelios”, dijo el presidente López Obrador, el 7 de abril de 2020 citando a @Pontifex

Es claro que el veto constitucional que margina a los ministros del culto es una rémora histórica del pasado violento en las relaciones Estado-Iglesia. Ahora, México es un estado laicista hipócrita. Otras confesiones han logrado filtrarse en este muro de la política haciendo partidismo activo e incluso hay arrobamientos cuasimesiánicos y consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús.

Es necesario reconocer que las iglesias tienen mucho que decir en un México exigente de orientaciones pertinentes para el voto razonado. Por otro lado, un importante porcentaje de electores afirma que las iglesias no deben meterse en política. Es claro, los principios religiosos no deben usarse para hacer política activa de partidos ni para acarrear el voto en flagrante violación al estado laico.

Los obispos de México han destacado la crisis de la política y de las instituciones (PGP No.60). Ha señalado a la democracia mexicana “como una de las más caras del mundo” y han visto con sospecha “la superficialidad de las plataformas de los partidos, la manipulación del voto que juega con la pobreza de la gente y los escasos resultados que se ofrecen para una vida mejor de los pueblos” (PGP No. 62), incluso en diferentes diócesis, auspiciados por los obispos locales, se realizan jornadas de reflexión y de oración para indicar cuál es la mejor forma de votar este 2021.

A casi 30 años de la reforma constitucional en materia de relaciones del Estado y las iglesias, es necesaria una transformación de esta legislación para superar esos vestigios que hacen de las asociaciones religiosas, actores de segunda en un México que tolera a cualquier ideología, incluso las que van en contra de la dignidad de la persona humana. Votar es, en suma, una condición del estado laico donde conviven ateos, librepensadores y creyentes. Todos con la aspiración de hacer más digna a la política.