La defensa de uno de los acusados reclama que Francisco acuda como testigo en el proceso ¿Declarará el Papa en el 'caso Becciu'?

El equipo legal de Fabrizio Tirabassi, funcionario de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado del Vaticano, ha pedido que el Papa declare como testigo en el proceso en el que se juzga la compra opaca de un edificio de Londres, y en el que también esta acusado el ex cardenal Ángelo Beciu. Así lo ha confirmado a Europa Press el abogado Luigi Antonio Paolo Panella, que defiende a otro de los imputados en el mismo caso.

Los abogados de Tirabassi han interpuesto una solicitud al tribunal del Vaticano para que el Papa comparezca en calidad de testigo y aclare su posición en las supuestas negociaciones que ejercieron los funcionarios de la Santa Sede con el intermediario financiero, Gian Luigi Torzi, acusado de extorsión al Vaticano.

Sin embargo, la comparecencia de Francisco en el juicio es poco problable, tal y como señala Panella, ya que el ordenamiento jurídico del Vaticano, que data de 1913 no prevé que su máximo cargo, el Pontífice, testifique ante el tribunal.

Los fiscales del caso sí afirman que han hablado con el Papa, tal y como se recoge en el video de uno de los interrogatorios al principal informante del caso, monseñor Alberto Perlasca, pero habría sido de forma oficiosa porque no aparece recogida esta afirmación en el sumario.

Según las investigaciones de los magistrados del tribunal de la Santa Sede, la compra del edificio londinense por 300 millones de euros se gestó a través de un fondo de inversión, manejado en ese entonces por el banquero italiano Raffaele Mincione, cuando el destituido cardenal Angelo Becciu era el sustituto de la Secretaría de Estado, que viene a ser el jefe de Gabinete del Pontífice.

Parte del dinero usado para la compra provendría de donativos llegados como ‘Óbolo de San Pedro’, destinado en realidad a obras de caridad del Papa.

Para Panella el hecho de que el Santo Padre haya hablado con los fiscales constituye un precedente jurídico. “Es un hecho admisible y probado”, ha declarado. El abogado deduce que “escucharon al Papa como testigo” aunque su testimonio no está en las actas del sumario, lo que en su opinión representa “otra razón” para pedir la nulidad del juicio.

A esta petición de nulidad se sumó también el abogado del destituido cardenal italiano Angelo Becciu, que denunció ante el tribunal del Vaticano que se habían “mutilado” las pruebas del proceso contra su cliente.

El juicio

En el banquillo de los acusados está el destituido cardenal italiano Angelo Becciu, quien fue Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018, uno de los cargos más poderosos de la Curia Romana, y asesor muy cercanos al papa Francisco.

El juicio debe determinar si la Santa Sede fue defraudada por un grupo de empresarios sin escrúpulos o si se trató más de un sistema de corrupción interna que involucra a importantes jerarcas de la Iglesia.

El proceso, que durará varios meses, se celebra en una sala especialmente preparada en los museos del Vaticano, con la presencia de un limitado grupo de periodistas.

Entre los diez acusados, la mitad estaba al servicio del papa Francisco durante la controvertida compra, realizada en dos fases, de un lujoso edificio de 17.000 m2 en el elegante distrito londinense de Chelsea, del que el papa ha pedido desprenderse rápidamente.

La adquisición de ese edificio, a un precio mayor de su valor real, fue realizada a través de paquetes financieros altamente especulativos, por medio de dos empresarios italianos residentes en Londres.

Esa compra “generó pérdidas sustanciales a las finanzas del Vaticano y se utilizaron inclusive recursos destinados a las obras de caridad personales del Santo Padre”, reconoció la Santa Sede antes de la apertura del juicio.

Todo un reto para Francisco, crítico férreo de la corrupción, el cual ha denunciado sin cesar la especulación financiera mundial desde su elección hace 8 años.

Entre 2013-2014, la Secretaría de Estado del Vaticano pidió prestado 200 millones de dólares, buena parte de ellos al banco Credit Suisse, para invertir en el fondo luxemburgués del empresario italiano residente en Londres, Raffaele Mincione.

La mitad de la suma tenía como objetivo adquirir parte del edificio de Londres y la otra parte sirvió para realizar inversiones bursátiles.

Raffaele Mincione utilizó el dinero de la Iglesia para “operaciones especulativas”, entre ellas la compra de bancos italianos con problemas financieros.

La Santa Sede, que terminó por registrar pérdidas bursátiles, no tenía la capacidad para controlar tales inversiones, por lo que decidió cuatro años más tarde, a finales de 2018, poner fin a esa alianza.

Para ello, la Santa Sede eligió como nuevo intermediario a Gianluigi Torzi, quien negoció la salida de Raffaele Mincione, indemnizándolo con 55 millones de dólares y modificando el acuerdo financiero para que el Vaticano finalmente se convirtiera en el único dueño del edificio.

Torzi a su vez tomó el control de la propiedad del Vaticano, a través de acciones con derecho a voto. Luego, extorsionó a la Secretaría de Estado para obtener casi 18 millones de dólares por su salida, según el texto de la acusación del tribunal penal.

Los magistrados identificaron también a las dos figuras claves que ayudaron a Mincione y a Torzi a entrar en las redes del Vaticano a cambio de dinero.

Se trata de Enrico Crasso, un conocido hombre de negocios de nacionalidad suiza, ex-Credit Suisse, quien gestionó por décadas los dineros de la Secretaría de Estado.

El otro es Fabrizio Tirabassi, un importante funcionario laico de la Secretaría de Estado, a cargo de las inversiones, quien recibía además comisiones de los bancos por su intervenciones y era considerado la mano derecha del cardenal Becciu.

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