El informe de Moneyval destaca los avances de la Santa Sede en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero le exige más reformas El Consejo de Europa exige mejoras al Vaticano en materia de transparencia

Ve mejoras, pero no son suficientes. El Consejo de Europa considera que la Santa Sede aún está en riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, después de que este mediodía se haya publicado el informe Moneyval, en el que constata "importantes avances", aunque lamenta algunos aspectos a mejorar, en especial en lo tocante a la velocidad de la justicia vaticana y las pocas sentencias contra corrupción en la Santa Sede. El 'caso Becciu' parece haber pesado, y mucho. Tanto es así, que se espera que pronto pueda darse una decisión concreta sobre si se juzga al cardenal defenestrado por Francisco.

Los expertos de Moneyval aseguran que en la Santa Sede hay "un conocimiento general de alto nivel sobre el blanqueo de capitales y la financiación de la amenaza terrorista", y que en algunas áreas, "existe una comprensión detallada del riesgo", aunque advierte de "posibles abusos del sistema interno" que no se han modificado. Especialmente, que sólo se han juzgado dos casos en los tribunales de la Santa Sede, lo que el informe atribuye a la falta de recursos de la Fiscalía y de las fuerzas del orden, a una especialización insuficiente en investigación financiera, lo que da "resultados modestos en los tribunales con solo dos condenas por lavado de dinero".

"Persisten algunos retrasos en la incorporación de esas decisiones en la legislación nacional", lamenta el organismo del Consejo de Europa, que recomienda al Vaticano mejorar el uso de la inteligencia financiera en las investigaciones penales, contratar a fiscales con experiencia en delitos financieros e introducir un protocolo para que se faciliten las investigaciones y los juicios.

Satisfacción en Roma

Al tiempo, también aconseja establecer un procedimiento integral de petición a la Santa Sede cuando se solicite su consentimiento para iniciar un proceso penal contra cardenales y obispos, para que estos no sean, en la práctica, impunes por su condición de ciudadanos vaticanos.

Con todo, la Santa Sede se encuentra en el 'top five' de los estados sujetos al procedimiento de seguimiento regular de Moneyval, junto a Armenia, Israel, Rusia y San Marino. En peor situación se encuentran las otras 'jurisdicciones' evaluadas por el Consejo de Europa, con un "nivel insuficiente de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", apuntaron fuentes del Moneyval a elDiario.es. Estas jurisdicciones son Albania, Andorra, Chipre, República Checa, Georgia, Gibraltar, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, la Dependencia de la Corona del Reino Unido de la Isla de Man y Ucrania.

Por su parte, el presidente de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano, Carmelo Bargagallo, calificó de "positivo" el informe, destacando que la Santa Sede recibió cinco calificaciones de eficacia ‘sustancial’ y seis de eficacia ‘moderada’; y que en ningún caso hubo una calificación de eficacia baja".

Entre los aspectos en los que todavía hay que trabajar, Moneyval señala el de la justicia, en particular la velocidad de los procesos y el efecto disuasivo de las sentencias en el Vaticano. "Las recomendaciones expresadas por el informe Moneyval con respecto a la jurisdicción del Vaticano, concluye el Presidente de la ASIF, constituyen un estímulo para hacerlo aún mejor, manteniendo siempre alta la calidad de los recursos humanos empleados y reforzando la actividad de todas las autoridades implicadas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Son sugerencias que ayudan al Vaticano a contribuir a la realización, en condiciones de máxima transparencia y corrección financiera, del objetivo último de la misión de la Iglesia"

El informe se basa en la visita que Moneyval realizó a Roma del 30 de septiembre al 12 de octubre pasados, momento en que el Papa constituyó dos comisiones pontificias para reformar las estructuras económicas y administrativas, dejando al APSA y la Secretaría de Economía toda la capacidad administrativa. Entre otras decisiones, se quitó a la Secretaría de Estado (investigada en el 'caso Becciu' por posible malversación de fondos para la compra-venta de palacios de lujo en Londres) la capacidad de gastar un solo euro.