"Agradecemos que esta ley aborde muchas cuestiones cruciales - continúan los obispos - porque son disposiciones que salvarán a las personas de situaciones extremadamente desesperadas, protegiendo sus vidas". Sin embargo, la USCCB reitera: "Es inconcebible que el Congreso haya aprobado esta ley sin las cláusulas necesarias para garantizar que los miles de millones de dólares de los contribuyentes se destinen a la asistencia sanitaria para mantener la vida y no para el aborto".
A continuación, los obispos señalan que, a diferencia de otros proyectos de ley de ayuda anti-covid, los partidarios de la Ley del Plan de Rescate Americano no incluyeron "la política tradicional de consenso bipartidista para evitar que el dinero de los contribuyentes se utilice para financiar abortos, tanto a nivel nacional como internacional".
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— Diario El Siglo C.A (@elsiglocomve) March 6, 2021
La política de consenso bipartidista "era necesaria", recuerdan los prelados, "porque esta ley incluye muchas referencias generales a la asistencia sanitaria que, sin la exclusión expresa del aborto, han sido interpretadas sistemáticamente por los tribunales federales no sólo para permitir, sino también para obligar a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, sin límites significativos". Como resultado, concluye la USCCB, "las muchas disposiciones importantes y que salvan vidas de la Ley del Plan de Rescate Americano se ven socavadas porque esto facilita y financia la destrucción de vidas, lo que es antitético al propósito de la propia ley, que es proteger a los estadounidenses más vulnerables en un momento de crisis."
La nota de los prelados está firmada por el arzobispo José H. Gómez, presidente de la USCCB, y los presidentes de seis comisiones episcopales: el arzobispo Joseph F. Naumann, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida; el arzobispo Paul S. Coakley, presidente del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano; el obispo David J. Malloy, presidente del Comité de Justicia Internacional y Paz; Mons. Michael C. Barber, presidente del Comité de Educación Católica; Mons. Shelton J. Fabre, presidente del Comité Ad Hoc contra el Racismo; y Mons. Mario E. Dorsonville, presidente del Comité de Migración.
