Tras su encuentro con militares armados en el aeropuerto de Monterrey Piden al gobierno de México que ponga fin a intimidaciones al obispo Vera López

Tras denunciar la intimidación que sufrió monseñor José Raúl Vera López por militares armados, el pasado 11 de julio en el aeropuerto de Monterrey, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a funcionarios a poner fin a este tipo de actos contra del obispo de Saltillo.

De acuerdo con la revista Proceso, la organización internacional, que opera en conjunto con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) emitió una acción urgente fechada en Ginebra, Suiza, en la que expresa su preocupación por “los actos de intimidación” contra monseñor Vera López.

En el documento, dirigido a López Obrador, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como a los subsecretarios de esas dependencias, Alejandro Encinas y Marta Delgado, entre otros personajes, el Observatorio informó sobre los hechos que motivaron la exigencia.

Por ello, pidió las medidas más apropiadas para garantizar su seguridad e integridad física del fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de Chiapas, y presidente del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, así como en general, la de todas las personas defensoras de derechos humanos en México.

En la solicitud al gobierno de López Obrador, externada también al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, refirió que el 11 de julio, Vera López “fue intimidado por dos militares que se acercaron a él con uniforme militar, cascos y arma larga y en una libreta tenían registrado su nombre”.

Se acercaron a él con uniforme militar, cascos y arma larga y en una libreta tenían registrado su nombre

De acuerdo con la relatoría de los hechos ocurridos en la Terminal 2 del Aeropuerto de Monterrey, cuando Vera López regresaba de un vuelo proveniente de la Ciudad de México, el personal castrense procedió a interrogarlo “sobre su cargo y jerarquía, el lugar de destino y las placas del automóvil en que se desplazaría y tomaron nota de la matrícula del vehículo en la libreta que portaban”.

Añadió que cuando el obispo de Saltillo preguntó a los militares las razones del interrogatorio, llamó la atención que le respondieron que el procedimiento efectuado se realizó “sólo por su seguridad”. Ante lo ocurrido, “el Observatorio expresa su profunda preocupación por estos hechos que constituyen actos de intimidación contra monseñor José Raúl Vera López, y teme que estos ocurran como represalia a su lucha histórica y permanente en la defensa de los derechos humanos en México".

Así como "por el constante acompañamiento a víctimas y familiares de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos, en la búsqueda de la verdad y la justicia”, se destacó en el pronunciamiento.

Recordó que Vera López es ampliamente reconocido y que fue propuesto en 2012 como Premio Nobel de la Paz por su labor en la búsqueda de diálogo y pacificación en Chiapas. Por ello, el Observatorio exigió al gobierno de López Obrador “adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección, seguridad e integridad física y psicológica” del prelado, así como “abstenerse de realizar actos de intimidación contra las personas que defienden los derechos humanos en México”.

También pidió “incluir como tema central en la agenda de derechos humanos del gobierno federal el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil”.

Además, el Observatorio solicitó a López Obrador y a altos funcionarios, hacer un reconocimiento público “de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en México”, y diseñar políticas públicas para garantizar el reconocimiento a los activistas. En la acción urgente pidió la aplicación efectiva de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998. Así como “garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México”.

El documento también está dirigido a los embajadores responsables de las misiones de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, ante la Unión Europea y ante la Organización de Estados Americanos, Socorro Flores Liera, Mauricio Escanero Figueroa y Jorge Lomónaco, así como el secretario General del gobierno del estado de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos.