El obispo emérito de Orán fue encadenado a la cama del centro hospitalario, mientras se difundía falsamente que recibía trato de favor La fiscalía investiga el trato vejatorio recibido por Zanchetta mientras su vida peligraba en el hospital

Ni trato preferente ni protección. El obispo emérito de Orán, Gustavo Zanchetta, que aún se encuentra a la espera de que se resuelva su apelación (pues su sentencia no es firme) fue encadenado a la cama durante su estancia en la clínica donde estaba siendo asistido por un episodio de afección multiorgánica. Ahora, el Ministerio Público Fiscal de Salta ha decidido imputar un delito de "vejaciones agravadas por el uso de violencia" contra el prelado, y decreta la "citación en audiencia de imputación en contra del personal del Servicio Penitenciario" por los delitos arriba mencionados.

Se demuestra, así, en contra de lo que afirmaron falsamente algunos medios, que Zanchetta, lejos de recibir un trato de favor, pudo ser vejado en sus derechos, mientras se había probado, tanto por médicos particulares como del poder judicial, que su vida corría peligro. Sin embargo, se tardó semanas en resolver su petición, y cuando se hizo, se le encadenó a la cama del hospital, en una habitación sin ventanas y con un guardia armado a menos de medio metro de él. Ahora la justicia trata de esclarecer el por qué de ese ensañamiento, que dista mucho del trato preferente que se difundió en su momento.

Además, según ha podido saber RD, durante su estancia en prisión, se le negó el acceso a los sacramentos, y se dilató la resolución de su petición médica, pese a la advertencia de los médicos de que su vida peligraba seriamente. Estos hechos, unidos a algunas presuntas graves irregularidades denunciadas por la defensa (manifiestan que, entre otras cosas, la investigación contra él comenzó sin denuncia previa, tomando declaración a varias personas hasta que una acusó al obispo emérito, y fuera del horario que garantizaba la presencia de un abogado) comienzan a dibujar un panorama aún por resolver, pero del que parece que faltan muchas cuestiones por aclarar.

Comunicado del Ministerio Público Fiscal de Salta

En su oportunidad, y por presentación de la defensa del entonces obispo de la Diócesis de Oran, Gustavo Oscar Zanchetta, se denunció el encadenamiento a la cama al que había sido sometido su defendido en violación a la normativa nacional e internacional de Derechos Humanos sobre tratamiento de personas privadas de su libertad; se cuestionaba en dicha presentación el uso de grilletes y esposas como elemento de sujeción a la cama en la clínica en donde estaba siendo asistido por un episodio de afección multiorgánica; disponiéndose en aquella oportunidad la remisión de piezas pertinentes a la Fiscalia correspondiente.

Corresponde recordar que en aquella oportunidad, hecho ocurrido en el año 2022- el obispo emérito de Oran había sido trasladado hacia una clínica por un episodio agravante de su cuadro clínico de base -afecciones cardíacas multiorgánicas e hipertensión arterial-. Estas circunstancias fueron oportunamente doblemente corroboradas por personal médico tanto particular como así también del Poder Judicial de Salta, al haberse consignado por parte del profesional del Servicio Medico del Distrito Judicial Oran, que se trataba “de un paciente de alto riesgo debido a la afección multiorgánica que posee, (…) todo este tipo de patologías (aneurismas) su desarrollo es evolutivo debido a que puede ir creciendo  (…) y en un pico de stress, que lleva consigo una hipertensión arterial, puede producir una ruptura del aneurisma con una hemorragia cataclísmica (…)”

A partir de la intervención cursada a la Fiscalía de Derechos Humanos, se iniciaron las investigaciones correspondientes, reuniendo elementos fotográficos, requiriéndose los informes correspondientes al Servicio Penitenciario y demás elementos pertinentes a las averiguaciones preliminares a cargo de dicha Fiscalía

Merituados estos elementos, entendió la Fiscalía a cargo, que surgieron los elementos de sospecha conducentes para formular imputación por el delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia, puesto que la afección a la salud que presentaba el entonces Obispo, constituía un factor eminentemente predominante de riesgo, contrario a lo que dispone el manual de procedimientos de las personas privadas de la libertad ante estas afecciones que podrían agravar la salud del paciente, no amparado en ninguna causa de justificación o razonabilidad. Por ello se ordenó en el día de la fecha, la apertura del proceso mediante el decreto de citación a audiencia de imputación en contra del personal del Servicio Penitenciario por los delitos arriba mencionados.