El juicio por la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, con motivo del V Encuentro de la Familia, comenzará a celebrarse en la Audiencia Nacional el lunes 9 de marzo y durará varias semanas, a raíz de las Diligencias 275/2008 instruidas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que en mayo de 2016 dictó Auto de Apertura de Juicio Oral.

Las Diligencias las inició tras inhibirse la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en favor de la Audiencia Nacional, que procesó a los imputados por los delitos de asociación ilícita, continuado de prevaricación,  malversación continuada de caudales,  fraude a las administraciones públicas, continuado de falsedad documental, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y cohecho activo y pasivo, blanqueo de capitales, …indistintamente.  A los principales acusados se les impuso una fianza entre 11.000 y 15.000 euros. A Teconsa se le ha puesto una responsabilidad civil de 4.616.010 de euros.

En el juicio se enfrentarán al Ministerio Fiscal y a la acusación particular representada por Carmen Ninet Peña y Cristina Moreno Fernández un total de 23 acusados, 13 empresas y la Fundación de la Comunidad Valenciana para el V Encuentro Mundial de las Familias (formada por el Arzobispado de Valencia , Diputación y Ayuntamiento de Valenciana y Generalitat Valenciana), ésta partícipe de lo sucedido “a título lucrativo”. Entre los testigos a declarar hay cuatro Obispos.

Juan Cotino, Francisco Correa, Pablo Crespo...

Entre los acusados figuran nombres sobradamente conocidos, vinculados a la trama Gürtel como Francisco Correa y Pablo Crespo; Pedro García, que fue el hombre de confianza de la Comunicación de Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat, y director de la televisión autonómica Canal 9; el ex director general de la Policía y ex conseller de la Generalitat, Juan Cotino; así como altos cargos de Canal 9, entre ellos el todopoderoso en su día Vicente Sanz,  jefe de Recursos Humanos, condenado por abusos sexuales a mujeres periodistas. Entre las empresas acusadas están Teconsa, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga, Parque Logístco de Montalbo y Apogee Comunicaciones.

Para Francisco Correa, la Fiscalía pide más de 40 años de cárcel. Para Pablo Crespo una pena similar. Para Pedro García igual. Para Juan Cotino, 11 años de prisión. Todos llevan aparejada inhabilitación para cargos públicos, multas y la responsabilidad civil que se determine.

En síntesis, en la cabeza del negocio presuntamente fraudulento giraba en torno al holding Correa Sánchez “dedicado principalmente a la organización de eventos, entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba el Partido Popular”, dice el Auto del Juez. “La finalidad del grupo era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos públicos mediante la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros previo pago de la correspondiente comisión. Para ello crearon entramados societarios para conseguir contratos, emitir facturas falsas y ocultar los fondos obtenidos, sobornaron a autoridades y funcionarios públicos, con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública, y ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos ilícitos obtenidos”.

Suministros del V EMF

En Valencia operaron a través de Orange Market SL. La organización Correa se propuso como objetivo “lograra la adjudicación de contratos de modo ilícito y apoderarse de fondos públicos para el enriquecimiento personal de los miembros del grupo, con motivo de los procesos de contratación pública lanzados para la prestación de los servicios y suministros necesarios para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, en junio de 2006, y el desarrollo del V Encuentro Mundial de las Familias. Para ello contó con la participación esencial de Cotino Ferrer”.

Los citados mantuvieron reuniones para que la Fundación “otorgara la contratación del alquiler de estas pantallas, megafonía y video”. La Fundación decidió que se contratara todo ello a través de Canal 9, que lo hizo a través de una empresa pantalla del grupo Correa, Teconsa, a la que adjudicó por trámite de urgencia sin publicidad el contrato de pantallas, video y megafonía de todos los actos de la visita del Papa “por un precio desorbitado y notoriamente superior al servicio realmente prestado de 7.493.600 euros. Ello produjo una auténtica sustracción de fondos de RTVV (Canal) de al menos 3.300.00 euros”.

“En realidad-dice el Auto judicial- todo el proceso fue falsario y fingido” pues de antemano el grupo Correa sabía que se le iba a adjudicar a ellos desde mucho antes de la concesión, que lo fue gracias a la “colaboración necesaria” del director de la televisión autonómica Pedro García y altos cargos del ente.” El expediente fue “enteramente simulado”.

Analiza el Juez en su Auto con mucho detalle todos los documentos intervenidos en los registros y va pormenorizando los errores y falsedades de quienes los elaboraron y firmaron y señala la existencia de unas facturas de las empresas a las que se adjudicó los servicios con fecha anterior a la determinación. Una factura de 6.640.000 euros no consta cómo se pagó, ni la cuenta a donde se transfirió el dinero. Tampoco ha aparecido ninguna acta de la concesión del servicio. Ni motivación de la invocación de la urgencia del procedimiento adjudicatario. Ni solvencia de Teconsa en el sector audiovisual, dado que es una empresa en teoría dedicada a la construcción.

De esta cadena de chapuzas administrativas,  los promotores sacaron un botín de 3.387.197 euros. Al director de Canal 9, Pedro García, le tocaron 500.000 euros del botín. Correa se hizo un chalet en Ibiza. Teconsa defraudó a Hacienda parte del Iva que había cobrado de Canal 9.