“La sección segunda de la Audiencia Nacional va a vigilar la evolución de la pandemia por si finalmente la suspensión se prorroga durante más de 30 días y hay que repetir el juicio de Gürtel que juzga el contrato de Canal 9 para la visita del papa a València”, informa el diario Levante-EMV.

 Al suspender el Juicio el Tribunal juzgador ante los escritos de las defensas en el sentido de que los obispos eran de “avanzada edad” y demás intervinientes en las sesiones del juicio tenían que desplazarse a Madrid en plena pandemia del coronavirus, la Sala acordó suspender las sesiones durante 29 días, un día menos de los 30 que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para las suspensiones.

Ya comenzaron los incidentes al tener que suspenderse la sesión en que iba a declarar el cerebro de la banda Gürtel, Francisco Correa, al alegar una crisis de hernia inguinal, por lo que fue llevado a un centro hospitalario. Al día siguiente ya estaba bien y depuso en estrados. Luego declaró Juan Cotino echándole la culpa de todo al arzobispo García Gasco, ya fallecido.

A renglón seguido llegó el miedo al peligro del coronavirus para los obispos y resto de testigos citados, entre ellos el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que exponían su inquietud por la salud y reclamaban alternativa. Camps pidió testimonian por videoconferencia. Así que atendiendo a razones de salud y sanitarias se decidió el alto momentáneo del juicio.

“La actual ley establece que los juicios se podrán suspender por un plazo máximo de treinta días por causas justificadas, porque el tribunal tiene que tener un conocimiento directo y unificado de los hechos para recordar con precisión todas las declaraciones”, explica Juan Nieto, enviado especial, subrayando el carácter anacrónico de la viejísima y retocada LEC, pues “el  juicio de la visita del papa a València está grabado por los avances tecnológicos que no incluye la ley”, por lo que no tiene mucho sentido mantener en vigor esa parte del articulado. Más la letra de la Ley es la que es.

El problema que surge ahora es la posibilidad de que se declare nulo o se repita, por culpa de la pandemia, “si el plazo de suspensión supera los treinta días, cualquiera de las partes puede solicitar que el juicio comience desde cero o instar a su nulidad a no ser que se llegue a un acuerdo, advierten fuentes judiciales”.

También cabe la posibilidad de que las suspensiones o aplazamientos, el alargamiento del procedimiento –los hechos ocurrieron en 2006, han pasado ya 14 años- conduzcan a la prescripción de los delitos.