Tres realidades que se suman. La crisis migratoria ha venido para quedarse. En los últimos meses tanto la llegada de migrantes económicos, marcados por la pobreza de sus lugares de origen, como la llegada de solicitantes de protección internacional, motivada por guerras, persecución o inseguridad, han colapsado el sistema de acogida. La llegada de refugiados de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador se incrementa mientras que se estabiliza la llegada de Afganistán, Irak, Congo, Eritrea, Nigeria y Paquistán según datos de ACNUR. Hasta seis meses tiene que esperar para tener la primera entrevista y muchos más para alcanzar el acceso a dispositivos de atención.

La llegada de niños, adolescentes y jóvenes migrantes solos y especialmente vulnerables ha sufrido en los últimos tres años un incremento exponencial. A pesar de los muchos esfuerzos de las administraciones por cumplir las leyes de protección de menores los centros de acogida en sus distintas fases se encuentran desbordados. El Consejo de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales destacaba en un comunicado: “En los últimos meses se ha constatado la creación de nuevos centros de emergencia, a través de convenios con “entidades colaboradoras”, con poco margen de tiempo, sin tener en cuenta la cualificación profesional necesaria del personal contratado y con contratos laborales precarios”.

La multiplicación de las personas sin hogar es una tendencia mundial. La exclusión residencial por el encarecimiento de la vivienda, la precarización de los salarios -ya tenemos trabajadores que duermen en la calle- y el declive de los sistemas de protección social permiten y permitirán la proliferación de campamentos en las grandes ciudades europeas. La Fundación francesa Abbé Pierre propone la alternativa "vivienda primero", que consiste en dirigir a las personas sin hogar directamente a una vivienda independiente, ya que es una forma más eficiente y digna que las vías caóticas dentro del sistema de refugio de emergencia. Sin embargo, parece un objetivo inalcanzable ya que la crisis migratoria y los jóvenes extutelados junto con los menores refractarios aumentarán sustancialmente las personas que viven sin techo.

La magnitud del problema muestra el retraso en la previsión, la falta de recursos, la dificultad de implementar medidas de largo recorrido como el crecimiento de la vivienda social, la implantación de la renta garantizada y lo que es más importante, la intervención internacional en los países de origen. En este sentido se destaca la gran dificultad de las administraciones locales, autonómicas, estatales y de la Unión Europea para una actuación conjunta con programas globales. Las domésticas rencillas políticas ocultan ,en las acusaciones cruzadas de irresponsabilidad, la incapacidad para abordar grandes cuestiones. La presencia de la extrema derecha (EEUU, Italia, Hungría, Polonia) ya en algunos gobiernos es un aviso que muestra el poder de convicción a los votantes de la interpretación exclusivista de los derechos humanos y la restricción de la democracia.

La conciencia de la sociedad llega, a veces, a los sentimientos, pero es necesaria una conversión social de los estilos de vida. El abismo de la desigualdad se hace insostenible ya al interno de las propias sociedades ricas. La seguridad será el punto de quiebra, esta situación resentirá la economía y la acción política se radicalizará.

Para pasar de la emergencia a la promoción e integración hace falta una mirada a largo plazo que implique un giro de prioridades. El papa Francisco decía esta semana en el aniversario de su visita el desastre de Lampedusa: “¡Son personas, no se trata solo de cuestiones sociales o migratorias!”. Hay una urgencia ética en que nos jugamos la supervivencia de la sostenibilidad de las democracias. Clima y pobreza serán la amenaza. Esto no es apocalíptica, sino una realidad que pueden ver, si quieren, con solo salir de casa.