Con ocasión de los debates en torno a legislaciones sobre aborto, repetiré lo escrito hace tiempo en este blog sobre la responsabilidad de decidir ante choques de valores en situaciones  conflictivas de protección de la vida naciente y de gestión de la salud y el cuerpo propios.

En vez de insistir jurídicamente en un derecho a interrumpir la gestación o un derecho a dar a luz, prefiero insistir (desde la ética, con más peso que el derecho) en el deber y responsabilidad de decidir: mejor dicho, en el deber de decidir responsablemente quien tiene la responsabilidad de hacerlo  (incluida, por supuesto, la “persona menor madura”, por decirlo con el término técnico en bioética).

Soy consciente de que mi postura provoca reacciones exageradas desde los dos extremos, llamados tópicamente progresista y conservador. Los unos me llamarán antifeminista y los otros me llamarán pro-abortista o anti-vida. Cuento con ese malentendido que deseo refutar.

 Permítanme rebatirles insistiendo en que ambas posturas tienen el deber de la decisión responsable. La postura en favor o en contra de legislaciones en las que entra en juego la responsabilidad ética no debería considerarse como señal de identidad progresista o conservadora (con disciplina de voto para lograr mayoras parlamentarias). Desde una y otra bancada debería ser posible presentar oportunas enmiendas a determinada legislación, sin condicionamientos por disciplina de partido.

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Nota 1: Adelantándome a las acusaciones que preveo por parte de la oposición a esta postura ética, reitero que me considero pro-vida, pro-persona y pro-mujer, a la vez que desde esa postura admito la posibilidad de presentar diferentes enmiendas a determinada ley, independientemente de la propia pertenencia política.

Nota 2: Para tranquilizar posibles escrúpulos por razones de pertenencia religiosa, me permito añadir que, como estudioso de la moral teológica católica, considero  la  presente ley de plazos (más sus supuestos de excepción) compatible con el cuidado de proteger la vida naciente, así como de respetar el deber de decidir responsablemente ante el conflicto con la gestión de la propia salud y el propio cuerpo. La decisión responsable de interrumpir justificadamente un embarazo no se puede identificar sin más con una “opción de suprimir vidas”, como dicen ciertas jerarquías eclesiásticas de ultramar (y también alguna de nuestro país, a la hora de tomar el té con ellas...).