No dicen abiertamente que el Gobierno les esté tomando el pelo, pero una sensación similar flota en el ambiente en la calle Añastro (y aledaños), la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), adonde ayer, 24 de enero, se trasladó por petición propia Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno para “escenificar” lo que en el Opus Dei denominan “convertir el limón en limonada”: que su Ejecutivo había conseguido endulzar finalmente la amarga constatación de que el órdago del PSOE en 2017, a cuenta de las inmatriculaciones de la Iglesia, no había logrado su objetivo al respaldar la justicia que las mismas se habían realizado conforme a derecho.

Atrás quedaban la palabrería gruesa sobre la mayor agencia inmobiliaria de España; las presiones no demasiado sutiles de la exvicepresidenta Carmen Calvo, que regresó del Vaticano con una clase maestra de finezza diplomática, a pesar de aterrizar en Roma presionando con el incipiente goteo de casos de abusos sexuales en la Iglesia española; y, finalmente, el jarro de agua fría en forma de informe del Ministerio de Justicia, con el listado anexo de los cerca de 35.000 bienes inmatriculados, que certificaba su legalidad.

Baño de realidad para el Gobierno de Sánchez

Era un baño de realidad al sueño de embridar a la Iglesia y revertir, al menos, la joya de la corona de las inmatriculaciones, la mezquita catedral de Córdoba, por eso en Añastro y aledaños hay una cierta sensación de que, a cambio de una catequesis exprés en la capilla de Rupnik, le han puesto una alfombra roja a unos trileros que han logrado esconder bajo un cubilete sus propios errores mientras dejaban ver que la Iglesia, efectivamente, no es de este mundo.

Como efecto colateral nada desdeñable, la histórica visita de Sánchez a Añastro –la primera de un presidente del Gobierno a la Casa de la Iglesia–, ha dejado desconcierto y enfado en el PP, que sigue queriendo ir a misa, aunque sea a los funerales de Franco, pero que no entiende tampoco esa escenificación para reconocer, en vísperas de las elecciones en Castilla y León, que fue precisamente en esa comunidad donde se han registrado casi la mitad de las mil inmatriculaciones erróneas realizadas gracias a aquella especie de barra libre que dispuso la ley hipotecaria de Aznar que se prolongó de 1998 a 2015.

“Una puerta en la pared a Sánchez”

Desconcierto compartido por algunos destacados obispos que, reconociendo que, como en el caso del cardenal Juan José Omella, el presidente del Episcopado español, tampoco ellos se hubiesen negado a recibir en su casa al presidente de todos los españoles, no entienden “la celeridad”  del encuentro y consideran la escenificación “demasiado frondosa” para el poco “fruto” que la Iglesia recibe a cambio.

“Este clima de buen diálogo y de buen entendimiento, entre comillas, es hacerle al Gobierno de Sánchez una puerta en la pared para que salga del atolladero frente a sus bases y medios de comunicación afines. Porque la de las inmatriculaciones es una problemática en la que se había metido él solo”, señalan fuentes episcopales.

“La realidad registral –abundan–ha demostrado, primero, que la Iglesia lo había hecho conforme a la ley, por tanto, prima el sentido de legalidad; segundo, que lo de la inmatriculación de inmuebles por parte de la Iglesia no era tanto como decían, con el consiguiente poco rédito político para los impulsores de la revisión, es decir, el PSOE; tercero, que han aparecido casi un millar de bienes que se le atribuían a la Iglesia de los que esta no tenía constancia, y ha avisado al Gobierno para que sea la Administración quien se haga cargo; y que han aparecido también otra serie de bienes asignados incorrectamente por quienes prepararon el listado”.

Guerra semántica por el relato

Añádase a esto la guerra semántica por el relato en los medios y redes sociales, que apunta que la Iglesia se ve obligada a reconocer que lo hizo mal y el resultado es un cierto sabor agridulce entre algunos obispos, que nunca han acabado de fiarse, y aunque entienden “que los presidentes se visiten y encuentren al menos una vez en cada legislatura”, sienten que les están utilizando, porque “la Iglesia siempre está ahí, no se presenta a elecciones, y los tiempos políticos actuales vienen muy modulados por las circunstancias y los intereses de partido”.

Porque se entiende que este encuentro “ha sido una puesta en escena muy frondosa, pero el árbol de las relaciones Iglesia-Estado tiene que dejar ver su fruto, que se resuelvan temas, de lo contrario es pura ornamentación política”. Incluso, estiman, “parece un contrapunto a la visita de Yolanda Díaz al papa Francisco”, porque ahí hay también un electorado y “quien siga pensando que ser católico en España es ser de derechas, se ha quedado muy anquilosado”.

Algo más que un diálogo para la galería

En definitiva, se quiere y desea un diálogo con este y cualquier Gobierno, “pero que no sea simplemente de cara a la galería y a su electorado”. Al igual que lleva repitiendo el cardenal Omella desde que hace casi dos años fue elegido presidente de la CEE, se quiere que se cuente con la Iglesia como “un actor social más” para aquellos temas que tienen que ver con el bien común.

Pero de momento, más allá de algunas cuestiones en temas de menores extranjeros, salario mínimo o reforma laboral, el balance es bastante magro para los planteamientos de la Iglesia, y se teme que “la puerta en la pared” abierta a Sánchez pueda salir “gratis total”. “Estas buenas formas entre Iglesia y Gobierno no pueden ocultar que hay cuestiones pendientes, temas difíciles… Son cuestiones que afectan también a una concepción de vida de los católicos, donde la Iglesia no puede ser obviada y hay que entrar en diálogo para tratar de llegar a un entendimiento”, se lamentan.

El ‘regalo’ amargo de la nueva embajadora

Por no hablar de la cuestión educativa, donde con cada Gobierno la Iglesia se juega el ser o no ser de su papel en la educación de las nuevas generaciones. Y donde –ahí sí– amarga el escaso fair play del Ejecutivo, que casi con nocturnidad y alevosía, propuso hace pocas semanas como embajadora ante la Santa Sede a la ministra que regañó a la concertada nada menos que en la inauguración de su congreso anual…

“No nos parece que, con una ministra con la que no se ha practicado un diálogo tan necesario como el que requiere una ley educativa, se le conceda, además, la medalla de esa histórica embajada”, se reconoce sobre una tema que también está saliendo recurrentemente estas semanas durante las tandas de visitas ad limina.

Desde luego, estos detalles no escapan a la astucia de un “cura de pueblo” como es el arzobispo de Barcelona. Él cree que quien siembra, recoge. Sigue la pauta Francisco. Y, además, tiene en su Comisión Ejecutiva a quienes le recuerden que una buena relación “exige algo más que pura estética” y que ahí está la Constitución para refrescar que la cooperación es imperativa. Pero sabiendo hasta dónde estirar. Porque las constituciones se modifican (y ese artículo, una vez abierta la veda, está en el punto de mira) y los acuerdos internacionales se denuncian. Quizás su pervivencia sea el fruto más inmediato. También para Pedro Sánchez.