Duras críticas a la nefasta política comunicativa de la Iglesia española sobre los abusos La 'Comisión Antipederastia' parte en dos a la Conferencia Episcopal

(Jesús Bastante).- Los pasillos de la calle Añastro echan humo desde hace una semana. ¿El motivo? El anuncio de la creación de la 'Comisión Antipederastia' de la Iglesia española, sus miembros, efectos y responsabilidades han sacado a la luz una lucha interna en el seno del Episcopado español, que amenaza con explicitarse en la próxima Asamblea Plenaria.

Una nefasta política comunicativa -con el todavía portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo, sin entender cómo su jefe de prensa, Josetxo Vera, no regresó a Madrid después de que El País publicara su informe sobre los casos de abusos en la Iglesia española-, un obispo cuestionado y, sobre todo, la sensación de que la comisión nace herida de muerte, lastran un proceso que debería haber servido para que la Iglesia española diera ejemplo de actuación ante los abusos sexuales. Y que, lamentablemente, ha servido para todo lo contrario.

¿Errores? Muchos. En primer lugar, los tiempos. Y es que la comisión fue aprobada en el primer Comité Ejecutivo de este curso, en el mes de septiembre, pero sólo se hizo pública después del informe de El País. El Ejecutivo, además, eligió al obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, sin consultarle. "No me dieron opción", ha subrayado el prelado a sus íntimos de Añastro. La razón estaría justificada en el protocolo antiabusos que la diócesis de Astorga aprobó -sin publicar- hace unos meses, y cuyas medidas han sido adoptadas por varias diócesis.

No repararon los miembros del Ejecutivo en que la figura de Menéndez está lastrada por las acusaciones de las víctimas de La Bañeza y Puebla de Sanabria. Tampoco, en que el obispo iba a defenderse, en la cadena Cope, atacando a uno de los supervivientes, a quien acusó de chantaje.

Tampoco midieron los obispos la repercusión que tendría el nombramiento de otros de sus componentes. Especialmente significativa es la presencia de Silverio Nieto, un personaje al que varias víctimas acusan de complicidad con los abusadores, y de actuar como 'agente doble'.

Con todo, el mayor fracaso de la comisión está en que su cometido debía estar constreñido a colaborar con el cardenal Blázquez para que presentara un informe ante el Papa el próximo mes de febrero. Esa era la idea original, y la razón por la que los miembros de la misma fueran únicamente juristas. De hecho, el propio obispo de Astorga, en declaraciones a Alfa y Omega, confirmaba que su misión inicial era la de "trabajar el tema jurídico", aunque se mostraba abierto a que, posteriormente, se incluyeran expertos en otras disciplinas. Pero el objetivo para el que se creó la comisión era eminentemente legal.

La reacción posterior -que no fue consensuada en el Ejecutivo-, anunciando que posteriormente se incluiría a distintos expertos en varias materias, hombres y mujeres, pero sin hablar en ningún momento de las víctimas, fue improvisada, y con la intención de 'responder' a las últimas informaciones.

"Es muy importante la cercanía de la Iglesia a estas personas que desgraciadamente han sufrido por parte de ministros de la Iglesia", recalcaba Menéndez. Sin embargo, al preguntarle si la comisión tenía previsto escuchar a los supervivientes de abusos, respondía con un lacónico "lo iremos viendo".

"De momento, a mí me han encargado la actualización de los protocolos, pero mi idea es ampliar los trabajos para que estos sean lo más ambiciosos posible. Alguna podría contarnos su experiencia y trasladarnos cuáles son las necesidades que tienen las personas que han sufrido esto", despachaba el obispo.

Precisamente, esta actitud es la que ha desatado las críticas de las víctimas de abusos, que se consideran nuevamente ninguneadas por una institución que ha vuelto a perder una ocasión para reconciliarse con los abusados por el clero. "La actitud es, de nuevo, defensiva", lamenta un 'fontanero' de Añastro, que critica con dureza la falta de estrategia comunicativa.

"Tendrían que haber anunciado la comisión en septiembre, cuando el Papa convocó a los obispos a la reunión de febrero, adelantarse, y no plantear una comisión meramente legalista. Y dejar de traer el argumento de que la mayor parte de los abusos se dan en la familia. Ése no es el problema: el problema es que en la Iglesia no pueden darse", lamenta este trabajador de la CEE, que añade: "Otra oportunidad perdida para dar un paso decidido por las víctimas, y no de defensa de los posibles abusadores".

Un nuevo fracaso comunicativo, que pone en serias dificultades a José María Gil Tamayo de cara a repetir como Secretario General el próximo 20 de noviembre. Una fecha marcada en rojo por los obispos, al ser la conmemoración de la muerte del dictador (en pleno escándalo por el futuro de sus restos), y por celebrar, ese mismo día, la Jornada de Oración por las Víctimas de Abusos.