La Abadía presenta los resultados de su investigación interna, y pide perdón a las víctimas Montserrat admite que el hermano Andreu fue un "depredador sexual" que abusó de menores durante cuarenta años
Miguel Ángel Hurtado, una de las víctimas, exige la dimisión del abad Soler, y denuncia que el objetivo de la comisión “no era esclarecer la verdad sino minimizar el daño reputacional de la institución”
“Ante estos casos vergonzosos de abusos a menores cometidos por miembros de nuestra comunidad, pedimos perdón a todas las víctimas y nos ponemos a su disposición, como hemos hecho en todo momento, para ayudarlos en su dolor y sufrimiento”
El hermano Andreu Soler fue “un depredador sexual” que “abusó de jóvenes durante cuatro décadas. Estas son las principales conclusiones del informe encargado por la Abadía de Montserrat a una comisión independiente, y que los religiosos han presentado este mediodía.
En un comunicado, el abad, Josep María Soler, admite que hubo casos de abusos denunciados desde 1968. “Ante estos casos vergonzosos de abusos a menores cometidos por miembros de nuestra comunidad, pedimos perdón a todas las víctimas y nos ponemos a su disposición, como hemos hecho en todo momento, para ayudarlos en su dolor y sufrimiento”, señala.
“Siguiendo las recomendaciones de la comisión, y para evitar que hechos como estos vuelvan a producirse en Montserrat, estamos elaborando un plan de protección de menores que aumentará y mejorará los mecanismos de prevención y detección existentes actualmente”, señala la comunidad, que anuncia el nombramiento de un delegado de protección de menores, que será un profesional externo al monasterio.
Luchar con firmeza contra esta lacra
Los resultados de este informe “serán puestos inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía, del Síndic de Greuges de Catalunya y de los organismos competentes de la Santa Sede y de nuestra Congregación benedictina”, culmina la nota, que vuelve a condenar “de manera absoluta cualquier tipo de abuso a menores” al tiempo que reafirma “nuestro compromiso de luchar con firmeza contra una problemática tan grave que afecta a toda nuestra sociedad”.
La comisión ha estado integrada por la Sra. Cristina Vallejo, abogada; el Dr. Xavier Pomés, médico; y la Sra. Begoña Elizalde, psicóloga. También ha participado, con voz y sin voto, el P. Bernat Juliol, OSB, el cual ha realizado las tareas de secretario, coordinador y enlace con el Monasterio.
El informe hace referencia a una docena de denuncias presentadas, así como otros tipos de comunicaciones que han facilitado informaciones a la comisión “y que han sido tenidas en cuenta en tanto que contextualizan los abusos objeto de estudio”.
Los anteriores abades no actuaron
Centrándose en hermano Andreu, el informe admite que “no consta ningún tipo de actuación por parte del P. Abad Sebastià M. Bardolet. Asimismo, existen contradicciones entre los relatos del P. Abad Sebastià M. Bardolet y el P. Josep M. Sanromà sobre la gestión de la denuncia realizada por un “Noi de Servei” en 1998”.
Por su parte, el actual abad “tuvo conocimiento de esta denuncia de abuso seis meses después de su elección y tomó las siguientes decisiones para hacerle frente: apartó al H. Andreu M. Soler de los “escoltas” y lo envió al Monasterio del Miracle, donde no tenía contacto con menores, a la vez que se puso a disposición de la víctima manteniendo contacto con él y su madre. El P. Abad Josep M. Soler relata que actuó siempre intentando ayudar a la víctima de acuerdo con los criterios y la sensibilidad existentes hace veinte años”, algo que la víctima, Miguel Ángel Hurtado, ha negado en repetidas ocasiones.
El informe concluye con una serie de conclusiones. Son éstas:
Constatamos que el H. Andreu M. Soler fue un depredador sexual y un pederasta. Abusó en el entorno de los “escoltas” (“Nois de Servei”) en el periodo temporal comprendido entre 1972 y 2000.
Constatamos dos abusos sexuales en la Escolanía por parte del V.T.M. entre los años 1960-1968 (años en que V.T.M. fue su responsable).
En general, existe, como denominador común, para la mayoría de los casos, el silencio de las víctimas respecto al Monasterio y también en muchos casos respecto a su ámbito familiar. Ha habido ocasiones en que la primera vez que las víctimas hablaban de los abusos era ante los miembros de la comisión.
Un único caso de abuso del H. Andreu del que se tuvo conocimiento en vida de él fue una denuncia que en noviembre de 2000 la madre de una víctima puso en conocimiento del P. Abad Josep M. Soler.
En el caso puntual de los abusos sexuales en la Escolanía, se actuó de inmediato, se habló con los padres, se adoptaron decisiones encaminadas a separar el responsable y se actuó con transparencia con los familiares.
En los casos de abusos sexuales en el entorno de los “escoltas” (“Nois de Servei”) y que situamos hasta el año 2000, se omitió cualquier tipo de actuación. Esta comisión no puede concluir si se ocultó lo que sucedió o simplemente se actuó por desconocimiento de la situación, ya que existen versiones contradictorias. Lo que podemos afirmar, como relatan las víctimas, es que había rumorología suficiente para justificar una acción encaminada a reunir a los padres, actuar contra el H. Andreu o haberlo apartado preventivamente de los “escoltas” (“Nois de Servei”).
Respuesta de la víctima
Por su parte, Miguel Ángel Hurtado - primer denunciante del caso Montserrat y portavoz de la asociación de víctimas de pederastia clerical Infancia Robada –, mostró sus “serias dudas” sobre la validez de las conclusiones del informe, “tanto respecto al número total de víctimas, como de agresores, como a la responsabilidad institucional de la abadía”.
Para Hurtado, la comisión “carece de credibilidad, legitimidad e independencia y por tanto también sus conclusiones”, y denuncia que el objetivo de la comisión “no era esclarecer la verdad sino minimizar el daño reputacional de la institución”.
“Montserrat sigue priorizando mantener su poder, prestigio y patrimonio por encima de los derechos de las víctimas”, argumenta Hurtado, que constata cómo “una vez más se demuestra que la Iglesia Católica es incapaz de investigarse a si misma. Solo la justicia civil puede hacerlo”.
Por este motivo, concluye, “es urgente una reforma ambiciosa del Código Penal para que el cómputo del plazo de prescripción comience a contar a partir de que la víctima cumple cincuenta años”.
“Por respeto a la dignidad de las víctimas el abad de Montserrat Josep María Soler, debe asumir sus responsabilidades y presentar inmediatamente su dimisión. Un Abad encubridor no puede ser buen pastor”, finaliza Miguel Ángel.
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