Segunda jornada de los cursos de verano de la HOAC en Salamanca “Las conquistas sociales no son eternas, si no se sigue luchando para mantenerlas, se pierden”

La primera de ellas, en torno a los derechos sociales, ha contado con la presencia de Joanen Cunyat, de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones; Laura Barrio, investigadora social y activista por el derecho a la vivienda y Sara García de las Heras, de USO.

El objetivo principal de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones, formada por 460 entidades diferentes, es conseguir blindar las pensiones en la Constitución. La plataforma defiende una reforma de la Constitución que prohíba de forma explícita la privatización de las pensiones y las considere un derecho, y que, al mismo tiempo, asegure su poder adquisitivo.

Joanen Cunyat ha destacado que, especialmente desde 2011, este pilar fundamental de nuestra democracia “está siendo atacado porque las pensiones son el mayor negocio del planeta”. Según explica, “en España, las pensiones privadas no llegan en la actualidad al 10 por ciento del PIB, por lo que son un campo virgen para quienes quieren hacer negocio con ellas”.

Su tarea fundamental se basa en la sensibilización y concienciación de la sociedad, por medio de diferentes movilizaciones y de su trabajo de incidencia política, para lo que, en sus nueve años de vida no han dejado de mantener encuentros con todos los grupos parlamentarios excepto la ultraderecha de VOX, que ha manifestado su interés por la privatización de las pensiones.

Estrategia contra una vivienda digna

Por su parte, Laura Barrio, presente en movimientos a favor del derecho a la vivienda desde 2011 ha iniciado su exposición mostrando cuál es la situación de la vivienda en nuestro país. La activista ha explicado que la situación actual de acceso a la vivienda se basa en un estrategia buscada a lo largo de los años. Por eso, “no solo ayudamos a las familias que sufren estas situaciones de dificultad con la información y el apoyo mutuo, sino que también nos movilizamos para denunciar lo que está ocurriendo”.

La plataforma por el derecho a la vivienda se está movilizando para lograr que en esta legislatura se consiga aprobar la ley por el derecho a la vivienda, prometida por el Gobierno de coalición, que parte, según Barrio, de una insuficiente investigación previa. De ahí que su propuesta de ley tenga dos objetivos fundamentales: defender el derecho subjetivo a la vivienda, que blinde el derecho a un hogar seguro y estable a toda la ciudadanía; y la función social de la propiedad privada, que garantice que no pueda haber una persona sin vivienda mientras haya casas vacías construidas. Al mismo tiempo, según ha explicado, defienden que la futura Ley parta de un análisis exhaustivo, y cuente con un presupuesto suficiente, unos objetivos y un proceso de evaluación posterior.

Desde la Unión Sindical Obrera, (USO) Sara García ha iniciado su participación explicando que para ella “es muy complicado separar la parte de defensa de los derechos sociales y sindicales, porque están muy vinculados”. En ese sentido, el sindicato al que pertenece forma parte, entre otras, de plataformas como la del blindaje de las pensiones, por la justicia fiscal, la Alianza por el clima, CEAR y Alianza contra la pobreza, entre otras.

Para la sindicalista: “Somos un agente social para el cambio y es importante seguir trabajando transversalmente en la lucha por los derechos sociales, ya que es muy fácil perderlos. Y en eso, nos encontraremos en el camino con vosotros porque llevamos 60 años haciéndolo”.

Educación y sanidad públicas

En la segunda parte de la mañana, el Panel de experiencias se ha centrado en la Defensa de los servicios públicos con la presencia de Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y Marius Fullana, de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (FAMPA) Valencia.

Sánchez Bayle ha realizado un “paseo” por las diferentes movilizaciones en defensa de la sanidad pública y la enseñanza que se puede sacar de dicha experiencia. Así, ha recordado que “las luchas consiguen resultados pero sigue habiendo motivos para la lucha”. En el Estado español, por ejemplo, se ha logrado la reintegración de las fundaciones gallegas; se ha paralizado la privatización de hospitales y centros de salud en Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y Aragón; se retiraron los copagos para el transporte sanitario o las farmacias hospitalarias; y en la Comunitat Valenciana se han recuperado los hospitales privatizados de Alzira y Torrevieja y está en camino el de Dénia, debido a la gran presión popular.

Para el doctor, estas luchas nos han enseñado, entre otras cosas, que en las movilizaciones la unidad y la inclusión son fundamentales; que el exceso de protagonismo “es malo para la salud”. Y al mismo tiempo, que es importante que en las luchas participen, de manera conjunta profesionales y población; que las movilizaciones abarquen todos los frentes de lucha: legales, mediáticos, movilizaciones, huelgas, etc.; y que la persistencia y la paciencia son las palancas para el éxito, ya que “la contrareforma sanitaria deteriora y pone en serio peligro la salud de la población”, según ha explicado.

Sánchez Bayle ha recordado, en palabras de Gramsci que: “Hay que actuar con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad” y que “las conquistas sociales no son eternas, ya que si no se sigue luchando para mantenerlas, se pierden”.

Por su parte, desde FAMPA Valencia, Marius Fullana ha explicado cómo se defiende el sistema público desde una asociación de madres y padres o de familias. Para la asociación de la que forma parte, “el sistema de titularidad pública no incluiría la parte patrocinada por la Administración y que pagan también nuestros impuestos”, es decir, la educación concertada, ya que, para ellos, “el sistema público es el que defiende la igualdad y la equidad, el respeto a las diferencias y es germen del cambio social, porque proporciona al alumnado más herramientas para el pensamiento crítico”. Por eso, además, “reclaman mayor inversión en el sistema público, que en España es del tres por ciento”.

Fullana ha explicado que, en su opinión, “un AMPA es uno de los tejidos asociativos con mayor potencialidad, ya que toda esta acción en defensa del sistema público y por crear un sistema público alternativo contribuye a involucrarnos en otras luchas y ayuda a los y las adolescentes a saber que es importante implicarse en la transformación del mundo”.

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