La CEE muestra su "sorpresa" ante la extrapolación de datos de pederastia de la encuesta del Defensor del Pueblo Un episcopado profundamente dividido pospone a noviembre cualquier decisión sobre la auditoría de Cremades

Con apenas un tercio de los obispos presentes en la sala (aunque muchos de los relevantes, como Omella o Argüello, recién llegados de Roma, Cobo o García Magán), y el resto on line (vía zoom), la Conferencia Episcopal decidió, a última hora de la noche, tras más de cinco horas de discusiones y en mitad de una gran división interna, los obispos han decidido aplazar cualquier decisión sobre la auditoría Cremades a la Asamblea Plenaria (ordinaria), ya prevista para el 20 de noviembre próximo. Es decir, no han decidido nada. 

El principal punto de fricción fue qué hacer con la auditoría encargada al despacho Cremades&Calvo Sotelo. Desde el principio, dos posturas encontradas: una, la partidaria de asumir el informe y tratar de consensuar con el bufete las conclusiones y recomendaciones (especialmente, en lo tocante a la reparación y a la responsabilidad por encubrimiento); la otra, más radical, que abogaba por anular el contrato, al considerar su incumplimiento por parte del despacho, y tratar de evitar filraciones interesadas.

Al final, ni una cosa ni otra: "En relación a la auditoría encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, los obispos han escuchado la solicitud y la motivación para la ampliación del plazo de su auditoría, que ha presentado el presidente del Despacho, Javier Cremades. La Asamblea Plenaria ha decidido posponer a la próxima Asamblea de noviembre la decisión sobre la encomienda realizada al despacho Cremades&Calvo Sotelo en el mes de febrero de 2022", se lee en el comunicado.

Sobre el resto (Gabilondo y la creación de un fondo de reparación al estilo de lo propuesto por el Defensor del Pueblo), hubo bastante consenso desde el principio. En cuanto al informe en sí, a la hora de valorar la participación de la Iglesia, y asumir buena parte de las recomendaciones (como apuntaba el comunciado de CONFER), y en cuanto a las críticas a las extrapolaciones de datos de la encuesta encargada a GAD3 y que, sin lugar a dudas, seguirán siendo el titular en todos los medios, como es natural. 

"Duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino", señalan los obispos en su nota, que afirma que los obispos "han valorado, de manera especial, el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situar a las víctimas en el centro. Se han considerado también valiosas las recomendaciones propuestas en este informe".

Partiendo de esta realidad, "la Asamblea Plenaria se une a la petición del Defensor del Pueblo que urge al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones, para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad" porque, afirman, "dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial, supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo. Además, poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia, discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda".

Sobre las recomendaciones del Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal "ha constatado que, en buena medida, son convergentes con otras propuestas trabajadas en la CEE desde ya hace algún tiempo". La única decisión ejecutiva, ha sido la de "encargar al Servicio de Protección de Menores de la CEE el itinerario de la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en relación a los cauces de reparación, prevención y formación", algo que se llevará a cabo a partir de la próxima Plenaria.

"Junto a la responsabilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos, por la que miembros de esta Asamblea Plenaria han pedido perdón, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia: los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tiene el deber de dar respuesta", culmina la nota, que admite que "un solo caso de abusos es intolerable", pero reivindica que "la Iglesia católica en España lleva años trabajando en poner fin a esta lacra y va a seguir trabajando en la misma línea, incorporando a su esfuerzo diario estas recomendaciones".

"La Iglesia quiere contribuir a erradicar los abusos sexuales en la infancia no solo en la Iglesia sino en toda la sociedad y pone al servicio de la misma su triste experiencia para hacerlo, con espíritu de colaboración", finaliza el escrito.