¿Sería Usted capaz de torturar?, se preguntaba un destacado articulista del diario El País hace unos días. Me interesó mucho su pregunta, pero no he podido pensarla hasta hoy. La respuesta del autor del blog, además, me pareció sensata, y el caso que imaginaba era extremo; más que un caso de tortura parecía un problema de "legítima defensa": alguien ha colocado y sabe desactivar una bomba que va a estallar en mi casa, con mi familia dentro, y yo lo tengo en mis manos. Efectivamente, los casos de tortura no se plantean así en la actuación policial ordinaria (el Estado). Convengo, por tanto, en que no es la situación a que se enfrentan normalmente quienes piden a posteriori la justificación de su tortura. Lo habitual es que se trate, y ¡éste sería el problema!, de la práctica de la tortura de forma sistemática, y asumida como algo "normal" en las cloacas del Estado democrático. Más aún, el problema es si poco a poco el Estado asume esa práctica como un instrumento más de nuestra seguridad, y a cambio nos pide y le brindamos nuestro silencio. (Los otros Estados, los no democráticos, no tienen este problema, pues viven de la tortura hecha ley). A mi juicio, la tortura hemos de convenir en que es la más perversa de las actuaciones del Estado, allí donde pierde su razón moral y se convierte en mal mayor. El Estado que tortura no es más legítimo que los asesinos torturados. El argumento de que así consigue evitar males mayores, eso lo dice una de las partes, la favorecida por el propio Estado, pero la otra parte, sobre la que recaen las sospechas, nunca llegamos a saber cuántas víctimas inocentes, torturadas, ha tenido que sufrir antes de dar con el culpable. Decimos, tres mil inocentes muertos en las torres gemelas... ¡si lo hubiésemos podido evitar¡ Cierto, pero no ¡a cualquier precio! El precio podría ser, mediante la tortura, mayor aún. ¿Qué sabemos de Irak y de quiénes o cuántos son las víctimas inocentes? La tortura de una sociedad, a través de su Estado, sobre los sospechosos de crímenes siempre será la ruina de esa sociedad. Ella misma se desacredita moralmente y ya es imposible probar que tenga más y mejor derecho que sus criminales adversarios. Otra cosa es que algunos, me refiero a los que quieren pescar a río revuelto contra la democracia desde el terror, llamen tortura a cualquier actuación penal, penitenciaria o policial que les afecte negativamente. Ésta es otra cuestión, y para eso están, deben estar, los controles legales y judiciales de esas actuaciones. Pero la tortura en sí misma nunca es válida; quizá sea el principio de moral pública más claramente absoluto. ¿Alguna vez se puede dar el caso de que alguien, a título personal, tenga que delinquir mediante la tortura desde el Estado por el bien de muchos, por tanto, para evitar males mayores? Estos “salvadores” son más peligrosos que cualquier otro. La sociedad y el Estado nunca podrán reconocer que eso es justo, ni legal. El Estado tiene recursos legales de todo tipo para conseguir el efecto pretendido, sin provocar males mayores y más víctimas de las que evita. El hecho de que “éstas víctimas sean entre gente menos importantes y sin los media para contarlo”, nada aporta al caso. Y si provoca con sus medios más víctimas de las que evita, sencillamente es un Estado radicalmente injusto y violento. No sólo puede ser desobedecido civilmente, sino que debería serlo. La rebelión cívica sería ya un deber, y el silencio de las mayorías, complicidad en la injusticia. En suma, ¿la tortura? Nunca.