El 28 de enero de 2020 realicé (1) algunas reflexiones entorno al diálogo iniciado entre la Santa Sede y el Gobierno Sánchez sobre cuestiones ‘religiosas’ de interés común. La pandemia que padecemos ha obligado a su interrupción provisional. Es de esperar que se retome la agenda del Gobierno en la que ambas partes pueden estar interesadas, probablemente por motivos diferentes.

En esta nueva reflexión, deseo, por incómodo que pueda parecer, referirme a una eterna cuestión, que no conviene olvidar cuando está de por medio la Santa Sede. La llevaré a cabo a partir de lo que nos ha enseñado la historia más reciente de las relaciones entre dichas partes.

En concreto, con la dictadura franquista (Concordato de 1953) y con la democracia recuperada (Acuerdos varios), que ahora, por obvias razones, están en cuestión.

En ambientes mediáticos y no mediáticos, pero muy favorables a Francisco, se percibe un cierto entusiasmo en la negociación abierta, sobre todo a partir del momento en que el tándem Omella/Osoro controla la marcha de la Conferencia episcopal. Incluso se ha celebrado la presidencia de Omella, como si fuera el nuevo cardenal Tarancón. Esta relativa euforia no me parece realista. Es más expresión de un deseo utópico que otra cosa.

En efecto, se desconoce, en este momento, cuál va a ser el protagonismo que se reserva a la Conferencia episcopal o si va a tener alguno. También se ignora, ahora mismo, si la negociación o el diálogo se planteará exclusivamente entre las Altas partes contratantes o si se arbitrarán fórmulas intermedias. ¡Cuidado con el tema!, como ya advertí en la primera reflexión. Si tomamos nota de la respuesta de Pablo Iglesias a los obispos por sus críticas al ingreso mínimo vital (“El Papa es el jefe hasta nueva orden”), puede que toda cautela al respecto sea poca. Por otra parte, creo que las circunstancias sociales, políticas y eclesiales del momento presente son esencialmente distintas y, por tanto, los posibles términos de lo que se acuerde serán muy diferentes.

Dicho lo anterior, más o menos instrumental y formal, lo que de verdad me preocupa es aquello de lo que no se habla. Y, sin embargo, es, a mi entender, trascendental. Lo que verdaderamente importa es la salvaguarda de los principios, la priorización de éstos frente a los intereses. Este criterio ha de inspirar y ordenar siempre la negociación, cualesquiera sean los protagonistas de la misma. Los intereses de la Santa Sede y de los obispos en España son de segundo grado, representan un riesgo permanente y una tentación segura, que, a la postre, podrían –si se cae en la trampa- dar al traste con el éxito de la negociación misma. Si algo es exigible a la Santa Sede y a los obispos en España es, precisamente, que no perturben este binomio -principios vs. intereses-, que no lo adulteren, que respeten su primacía, y que el proceso negociador y sus resultados sirvan para testimoniar ante la opinión pública española que, de verdad, se cree en lo que se predica. Lo contrario -no salvaguardar los principios, como ha ocurrido en situaciones del pasado- significaría un auténtico fracaso por mucho que se lograse conservar ciertos intereses.

El 27 de agosto de 1953 se firmó, en la Ciudad del Vaticano, el Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede. ¿Qué valoración merece el mismo desde la perspectiva planteada (principios vs. intereses)? En mi opinión, muy negativa.

Al decir del Cardenal Ottaviani, el Concordato plasmó “los deberes del Estado católico respecto de la Religión”. Ya antes, al inicio de la negociación, Pío XII señaló (1951), al embajador español ante la Santa Sede, “cómo debía gobernar Franco en cuestiones como la libertad religiosa (no debía permitir el culto público protestante aunque lo solicitara Estados Unidos), las relaciones con Israel (no debían establecerse) o la China de Mao (que no debía tener relaciones con España)”, como ha hecho notar César Vidal en La Historia secreta de la Iglesia católica en España. La dictadura franquista, y más a partir de la firma del Concordato, “marca, con mucho, el cenit de la influencia política, jurídica y social de la Iglesia católica en la España contemporánea” (Víctor y Antonio Reina). El ‘elemento católico’ define al propio régimen y lo diferencia, de alguna manera, de los fascismos europeos.

Sin embargo, se ha dejar muy claro que, por muy católico que interesara definirlo, lo cierto es que semejante ‘maridaje’ sirvió para consolidar internacionalmente una dictadura (aislamiento). Lo cual, desde luego, se mire como se quiera, no era coherente con los principios doctrinales católicos ni con la reciente Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. ¡Qué cosas, madre mía, ha propiciado la Iglesia de Roma!

Esta influencia de la Iglesia -en muchos casos, ajena a los signos de los tiempos- en los asuntos españoles tuvo su reflejo, por ejemplo, en la no inclusión de España en el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Tanto Franco como el presidente Truman propiciaban tal objetivo. El presidente norteamericano sólo puso una condición: la libertad religiosa en España. Como subraya César Vidal, “no se trataba de que España dejara de ser un estado confesional católico ni tampoco de que se reformara el Fuero de los españoles. Lo único que pedía el presidente Truman era que el artículo 6 del Fuero se interpretara de una manera más generosa”.

Todo fue inútil, por increíble que parezca. La respuesta de Mons Tardini (Secretaría de Estado) tardó en llegar nada más y nada menos que cuatro años y “… lo hizo en el sentido de que el artículo 6 debía aplicarse en un sentido estricto ya que ‘constituye una grave obligación de conciencia con todas sus consecuencias’” (Ibidem). España se vio privada del Plan Marshall e incluso del ingreso en la NATO. Al dimitir el embajador americano, Sr Griffith, declaró que todo se debió a “las interminables demoras del Gobierno español en conceder la libertad religiosa”. En definitiva, las consecuencias de la intolerancia religiosa de la Santa Sede y de los obispos en España las pagó todo el pueblo español, que tuvo que retrasar su despegue económico. Una vez más, los principios quedaron marginados y, como en este caso, en un asunto doctrinal esencial.

Si ahora pasásemos revista al contenido o las términos del Concordato, se debería aceptar como buena la observación global del embajador Castiella. Éste calificó la actitud vaticana como “cicatería”. Había entonces “formuladas cuarenta y una concesiones del estado a la Iglesia católica y ninguna de la Iglesia católica al estado” (César Vidal). Esta misma negativa impresión (primacía de los intereses) respecto de la actitud mantenida por los obispos volvió a ser subrayada por Castiella, al término de las negociaciones, con estas palabras: “Todos ellos se han limitado a pedir más y más –sobre todo desde el punto de vista económico- al Estado español. Nada absolutamente han reclamado para España”. Ello explica que, como ha resumido de modo ecuánime César Vidal, “los términos del Concordato eran (fuesen) extraordinariamente favorables para la Iglesia católica”, sobre todo, añadiría, en línea con los intereses. ¡Vaya testimonio y coherencia!

Al renunciar, de modo expreso, el Estado a “legislar sobre materias mixtas o sobre aquellas que de algún modo puedan interesar a la Iglesia, sin previo acuerdo con la Santa Sede”, se establecía de hecho una especie de tutelaje o protectorado de la Iglesia sobre España. Y, además, en asuntos de importancia como la educación y del derecho de familia, por ejemplo. Las organizaciones católicas dependían solo de los obispos sin que pudiesen ser fiscalizadas por el estado. Se hizo una excepción, las actividades subversivas. ¡Privilegios!

Al volver a restablecer la confesionalidad católica del estado, con exclusión de cualquier otro culto, se impregnaba, por ejemplo, toda la instrucción pública de catolicidad. ¡Ya es conceder! Es más, si la identidad española residía en el catolicismo, los no católicos, como subrayó Tarancón en sus Confesiones, “estaban considerados como malos españoles”. Pero es que, sobre todo, tal fijación de identidad otorgaba a la Iglesia católica un vergonzoso privilegio, a la vez que dividía y desvertebraba a la nación misma. Todo les pareció bien a los obispos y a la misma Sede apostólica.

Podríamos seguir desgranando otros muchos ejemplos en los que es evidente la generosa posición del Estado, claramente favorable a la Iglesia católica. Se podría subrayar, por ejemplo, el hecho de que los clérigos gozaban de inmunidad judicial ratione personae: sólo podrían ser procesados con permiso del obispo y, en caso de condena, ésta se cumpliría en cárceles especiales. Eran ciudadanos privilegiados, de otra categoría al común de los mortales. Igualmente se podría hacer referencia a los emolumentos del clero. Éstos estarían exentos de impuestos y el Estado los abonaría mientras la Iglesia estimase que no estaba reconstruido su patrimonio (desamortización). ¡Privilegios de nuevo!

Cuando no se salvan los principios y priman los intereses, ocurre lo de siempre, máxime si, en la negociación concordataria (también en otros casos), una de las partes es la Iglesia católica, que viene obligada a testimoniar el Evangelio. Si de hecho priman los intereses sobre los principios, la gente se decepciona y defrauda ante la realidad que presencia. Su coste se paga en términos de abandonismo y deserción. Es lo que ocurrió ante el bochornoso espectáculo de la Iglesia en España con el Concordato de 1953. Todo, entre otras cosas, por confundir, como tantas veces, la realidad con representación (2) de la misma y por no primar los principios sobre los intereses.

NOTAS:

1. El Gobierno vs. la Iglesia católica .
2. La realidad o su representación.