A decir verdad, siempre he celebrado que quienes intervienen en la formación de la opinión pública en la Iglesia, aunque disienta de ellos, sepan de qué hablan. Cuando no es así, sólo cabe atribuirlo a ignorancia o a sumisión servil. En ambos casos, me parece reprobable su intento. No responde a los estándares mínimos de veracidad exigidos. Y, esto, tratándose de cristianos y de Jerarquía católica, es especialmente vergonzoso.

Uno ha escuchado y leído defensas de la actitud de la Iglesia, de su Jerarquía, en tema de abusos sexuales del clero, de todo tipo. Y las he escuchado, y a veces padecido, de simples fieles fanatizados en su defensa de todo lo que oliese a clerecía; de supuestos especialistas en derecho canónico, ignorantes del mismo y claramente desbordados por la cultura del momento en la sociedad civil; de obispos diocesanos, totalmente superados por su responsabilidad, sin saber qué hacer, mal aconsejados por profesionales de un derecho canónico del pasado; de sacerdotes y obispos con funciones de protección de menores en la propia CEE, que desconocían elementales criterios de justicia del Código canónico en vigor; etc., etcétera.

Pues bien, aunque a muchos les pueda parecer increíble, lo cierto es que el tratamiento por la Iglesia en España de muchos casos concretos de abusos sexuales, y durante bastante tiempo, estuvo, en una proporción importante, en manos de personas con creencias y talantes similares a los expuestos en el párrafo precedente. Ellos fueron quienes intervinieron directamente en la instrucción de muchos de los procedimientos previstos por la norma canónica vigente.

No es de extrañar, en consecuencia, que las cosas saliesen como, por desgracia, salieron. Hablando en general, mal, muy mal. Si no se quiere ser cómplice de lo ocurrido, no hay más remedio, aunque duela su reconocimiento, que aceptar la evidencia: muchos de los operadores procedimentales, incluidos, sobre todo, algunos obispos diocesanos, no acreditaban la competencia necesaria y lo que es peor hicieron imposible el apoyo ‘humano y espiritual’ que están llamados a otorgar al sacerdote implicado en tan grave cuestión.

En este sentido, creo que lo ocurrido (cfr. La “santidad fingida” y La verdad silenciada) debiera llevar a la Iglesia a recibir y aceptar una muy importante primera lección de futuro. Ya no basta, cuando está en juego la fama de las personas, sacerdotes o no, la credibilidad de la propia institución y el testimonio de la realización de la justicia, con la formación y preparación que, en la actualidad, acreditan muchos clérigos y obispos. En su formación, en mi opinión, se detecta una muy clara laguna: el conocimiento de las reglas del juego en la cultura actual.

No veo como pueda hacerse justicia si se ignora o se duda de los derechos humanos y sus exigencias, del derecho a la propia defensa, del derecho al contradictorio en los juicios y procedimientos, de la incompatibilidad entre ser juez y parte, del derecho a ser asistido por un abogado de su plena confianza, de la vigencia del principio de publicidad de las actuaciones, del principio de la presunción de inocencia y de las exigencias que conlleva, de la necesidad de probar cumplidamente los hechos y la conducta que se atribuye a quien se denuncia, etc., etcétera.

Una segunda lección a recibir y aceptar, como consecuencia de lo ocurrido, consiste, en mi entender, en la necesidad de confiar en el laicado. Menos decir y más hacer. En cualquier diócesis, existen profesionales del derecho, muy prestigiados, independientes y honestos, perfectamente capaces de llevar a buen puerto cualquier investigación sobre abusos sexuales del clero. ¿Por qué no se les encomiendan estas funciones en el ámbito de la Iglesia? Una vez topamos con el ‘perverso clericalismo’.

Opinar, aunque sea en defensa de la Iglesia, y de la clerecía, sin conocimiento de tales posibles irregularidades, siempre me ha parecido temerario. Un verdadero despropósito y un manifiesto servilismo fuera de lugar.

Una tercera lección que la Iglesia ha debido recibir y aprender en todo este gran gatuperio consiste en la necesidad de revisar, para rechazar en lo sucesivo, el criterio según el cual se eligen las personas a quienes se les encomiendan ciertas funciones y servicios. A mi entender, el criterio básico debiera ser el de su competencia y conocimiento. No el de pertenencia a la clerecía, ni el que se haya distinguido por su adhesión a la Jerarquía ni por su defensa de las posiciones de la Iglesia, ni, mucho menos, por su pertenencia a un grupo religioso determinado, sea el que sea.

Es bastante frecuente y descorazonador ver como se excluyen las voces críticas, las que pueden plantar cara a la posición previa del superior jerárquico, las que no se prestan a la sumisión y a la obediencia, las que se saben que se comportarán con verdadera independencia de criterio y con el afán de servir ante todo a la verdad. Estas personas parece que no interesan pues acaban complicando la existencia del jerarca de turno. Se les aplica ‘el borrado de la memoria’. No se quiere entender, y menos aceptar, que muchas voces se manifiestan con claridad y rotundidad porque les duele cuanto contemplan, porque aman a la Iglesia y quieren servirla. ¡Especialistas y expertos, vaya manipulación!

9. Uno tiene la impresión, creo que fundada, de haber asistido al desprestigio, más que notable, del episcopado español en su conjunto. Tampoco la misma Conferencia episcopal, como institución, ha salido bien parada del envite. Creo que, por aquello de ‘sostenella y no enmendalla’, por errores propios como haberse constituido en colaboradores eficaces en el ocultamiento, por no haber hecho los deberes, por no seguir el criterio observado en otros episcopados, por no aceptar la evidencia del requerimiento social, acabaron por erosionar la credibilidad propia y de la Iglesia.

Al final, como no podía ser de otro modo, sobre todo después del trabajo de investigación de ‘El País’ (1), el sector decididamente contrario a la investigación de los abusos ha tenido que ceder. Eso sí, entre tanto ha propiciado, en clara falta de inteligencia, la investigación desde la política. Personalmente estoy seguro que, una vez más, después de tanto desgaste inútil de la propia imagen, Francisco ha tenido que coger el timón e imponer el rumbo a seguir: la investigación de los abusos en España, su encubrimiento y sus posibles indemnizaciones. No se menciona, sin embargo, el modo como se llevó a cabo la instrucción de los correspondientes procedimientos canónicos y las posibles irregularidades en que se incurrió. Grave omisión, sin duda.

El encargo, como es sabido, recayó por acuerdo de la Comisión Permanente de la CEE, en la firma de abogados, Cremades & Calvo Sotelo. El primero de ellos miembro indubitado del Opus Dei. El no haber valorado, en su justa medida, esta última circunstancia, puede resultar, a la postre, objeto de lamentación e incluso elevarse a la categoría de error imperdonable. La Comisión Permanente tenía sobre la mesa una serie de datos que, a mi entender, debían ser decisivos a la hora de determinar la oportunidad o no del nombramiento concreto. Al parecer, no los tuvieron en cuenta.

Los datos en cuestión, frente a los que no es posible alegar ignorancia alguna, se pueden resumir así:

a). El Opus Dei ha venido suscitando, desde un principio y por múltiples razones, opiniones muy encontradas en una parte importante de la sociedad española e incluso en el interior mismo de la Iglesia. Su protagonismo muy activo y triunfante en el restaurador pontificado de Juan Pablo II le dejó, en ciertos ambientes de la Iglesia, un tanto estigmatizado. Es indudable que su sola presencia suscita en muchos ámbitos un claro recelo, un cierto incomodo, y hasta, en algunos casos, un rotundo rechazo. Guste o no, las cosas eran y son así.

b). Es obvio que la Comisión Permanente sabía de la actuación de Don Silverio Nieto Núñez, Director de Asuntos jurídicos civiles en la CEE, sacerdote vinculado, presuntamente, al Opus Dei, y colaborador activo con el Vaticano en la gestión de algunos casos de abusos sexuales del clero, en relación con el tan criticado tema de los Protocolos, no promulgados ni dotados de la ‘recognitio’ vaticana, pero utilizados por nuestros obispos en la instrucción de los procedimientos que tramitaban. Eran, dijeron cuando se descubrió el pastel, de uso privado.

c). Tampoco ignoraba ni la actitud adoptada por el Opus Dei en el caso del Colegio Gaztelueta ni la intervención, en alguna fase del procedimiento, de Don Silverio Nieto. Gestión, muy contestada por los familiares de la víctima y que, por cierto, llegó a conocimiento del público en general merced al eco que tuvo en los medios de comunicación.

d). Igualmente era conocido, al menos por algún obispo responsable de asuntos de protección de menores en la CEE, que el asesoramiento prestado por algún experto del Opus Dei no fue muy acertado que digamos, pues fue corregido por el superior jerárquico (CDF).

e). Era, igualmente, sabedora del espectáculo esperpéntico -en el sentido de Valle-Inclán-, que adquirió el ‘caso Colegio Gaztelueta’: las partes se vieron enfrentadas en una guerra sin cuartel, a la que se agregó el propio Colegio adscrito al Opus Dei y la familia del menor. Como sería la cosa que, en vísperas de la celebración del juicio, el Colegio creó una Web específica para rebatir las acusaciones contra el profesor en base a múltiples declaraciones de profesores, compañeros de clase y preceptuados del profesor denunciado.

f). La Comisión Permanente conocía también las resoluciones de la Jurisdicción penal del Estado: Juzgado de Getxo, Audiencia Provincial de Vizcaya, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional: condena al Profesor del Opus Dei. También sabían de la Resolución canónica (CDF) en octubre de 2015: “Los hechos denunciados no han sido probados y, en consecuencia, se debe restablecer el buen nombre y la fama del acusado sin que proceda adoptar, ulteriormente, ninguna otra medida con relación a la citada persona”.

El lío que se había montado fue mayúsculo. Implicaba, incluso, a muy altos responsables vaticanos, sin excluir al propio Francisco. Es más, no ignoraba, ni mucho menos, el estado de opinión que se creó en la sociedad civil y en bastantes ámbitos de la propia Iglesia: el Vaticano había, presuntamente, cerrado el caso en falso (2).

g). Tampoco, finalmente, ignoraba la cuestión de las ‘Auxiliares domésticas’, miembros del Opus Dei, llamadas a realizar tareas domésticas en Centros de la Obra. Cuarenta y dos mujeres denunciaron a la Santa Sede por obligarlas a realizar estas tareas -presunto abuso de poder y de conciencia- (3).

Todo esto, que no es poco, al parecer, no se tuvo en cuenta. No hace falta ser adivino para prever la que se podría avecinar. Sin embargo, la Comisión Permanente no activó la más elemental prudencia. Optó por un bufete de abogados, precisamente, en base a la condición del Sr. Cremades como miembro del Opus Dei. No lo hicieron por su condición de abogado. Si hubiese sido esta la condición tenida en cuenta, la competencia del nombrado, habría que subrayar que existen miles de profesionales del derecho en este país con capacidad, más que suficiente, para desempeñar un encargo de esa naturaleza y que no suscitarían los reparos, las dudas y hasta el rechazo que conlleva el Opus Dei en amplios sectores de la sociedad y de la Iglesia misma. A todas luces, estamos ante un acto, atendidas las circunstancias concurrentes, claramente imprudente de toda una Comisión Permanente de la CEE.

El encargo dado al bufete en cuestión, como es de suponer, produjo la esperada “incredulidad e indignación” en el ámbito familiar del denunciante y en todos los sectores de la sociedad española y de la Iglesia, recelosos de todo cuanto huela a Opus Dei. Pero, sobre todo, recibió la contestación, nada más y nada menos, que del cardenal Osoro, vicepresidente de la CEE, hombre de la confianza de Francisco en España.

En Declaraciones al periódico “El País”, el 13 de marzo de 2022 (4) puso de manifiesto, entre otras cosas, lo siguiente:

a). Al ser preguntado cómo surgió la idea del encargo al bufete Cremades & Calvo Sotelo, respondió: “No puedo decirte porque estaba en Roma cuando esto se autoriza. No tengo ni idea, me informaron [desde la CEE] cuando ya estaba hecho”. Se desmarca, con claridad, del susodicho encargo.

b).  Al ser preguntado cómo interpreta que la Conferencia no haya dicho hasta ahora los abusos que conoce, respondió: “Eso depende un poco de los obispos. Cada ministro tenemos que decir los datos que tenemos. Pero hay una confusión: la Conferencia no es la institución que dirige a la Iglesia. No tiene ningún mando, de ningún tipo. Tiene la misión de la comunión de los obispos”. Exacto. Una verdadera andanada.

c). Preguntado acerca de si está dispuesto a abrir los archivos de su diócesis a los efectos de la investigación, responde: “Lo que yo tengo lo puedo dar, ¿para qué me lo voy a guardar? Que te advierto que es muy poco de mi época [como arzobispo en Madrid]”. ¿Y de épocas anteriores? Responde: “No he encontrado nada”. Otra gran andanada.

El error cometido por la Comisión Permanente va a aflorar de inmediato su peligrosidad y su trascendencia. Esto es, va a salir a la luz una parte de la verdad que contiene. El encargo, dadas las circunstancias concurrentes, a un abogado miembro del Opus Dei, sin la intervención del cardenal Osoro en la gestación del mismo, sólo es entendible en un marco de enrarecimiento profundo de las relaciones internas entre los máximos responsables, Presidente y Vicepresidente. Y es que la verdad que se contiene, y ahora se manifiesta, en el trasfondo del encargo (5), es la división y el descontento interno respecto al modo de ejercer el liderazgo. ¡Lo que faltaba! ¡Y, lo que veremos!

Por si no fuese suficiente con lo ya expuesto y valorado, dos acontecimientos posteriores vendrían a complicar todavía más las cosas y a poner en entredicho y cuestionar aún más la prudencia del encargo otorgado. Esto es, vendrían a confirmar el gravísimo error cometido por la Comisión Permanente de la CEE al encargar la investigación a un bufete de abogados, uno de cuyos propietarios es miembro confeso del Opus Dei.

El primer acontecimiento se concreta en el sorpresivo M.P. de Francisco Ad charisma tuendum, 14 de julio de 2022 (6), que habría de producir un impacto demoledor en la opinión pública española y mundial. Por mucho que se ha intentado rebajar el tono, lo cierto es que, de alguna forma, el Papa obligaba al Opus Dei a refundarse (7).El impulso papal era de calado. Muchos en la sociedad española y en el interior de la propia Iglesia se vieron confirmados en sus posiciones de resistencia al Opus Dei.

El segundo acontecimiento está en relación con el ‘caso del Colegio Gaztelueta’. A lo subrayado con anterioridad y que enfrentó a la jurisdicción canónica con la jurisdicción penal del Estado español (Resoluciones de signo contradictorio), habría que añadir ciertas posiciones expresadas por la cúpula del Opus Dei, que vinieron a echar más leña al fuego (8). Ante la situación creada, el papa Francisco ordena revisar (9) todo el proceso canónico a fin de hacer justicia en el caso, depurar responsabilidades y sanar las heridas producidas.

En todo este increíble y vergonzoso galimatías, he reconocer que me asalta una duda, un temor y una esperanza.

a). No acabo de entender cómo se ha podido ser tan imprudente. Las circunstancias que se daban cita eran claras, indubitadas y conocidas. Cuesta creer que fuesen tan imprudentes. Es más, cuesta creer que lo sigan siendo. A partir de esta duda más que razonable, surgen ciertas preguntas: ¿Por qué, entonces, cayeron en la trampa de ponerse en manos del Opus Dei, sabiendo que iba a ser mal visto y contestado en la sociedad y en la Iglesia? ¿No habrá gato encerrado? ¿Por qué, visto cómo ha evolucionado la realidad, no se opera una reconsideración del encargo efectuado? Contribuiría, sin duda, a evitar a todos numerosos sinsabores y a que aumentase la credibilidad de la Iglesia.

b). No obstante, abrigo el temor de que la Comisión Permanente hubiese olvidado el dicho de Apiano de Alejandría: “La imprudencia suele preceder casi siempre a la calamidad”. ¡Ojalá me equivoque! Desde luego, se están dando los pasos, que si no se rectifica, todo será una gran calamidad.

c) Mi esperanza radica en que, por fin, la Iglesia confíe en la jurisdicción estatal, que sea ésta quien juzgue y sancione tales conductas así como la que fije la indemnización a las víctimas por el daño causado. Después, las posibles medidas cautelares, adoptadas por la Iglesia al admitirse a trámite la denuncia por el Juzgado penal estatal -suspensión cautelar del ministerio-, pueden elevarse a definitivas. Sólo así se evitará el riesgo siempre presente, y en modo alguno aconsejable, de incurrir, como ha ocurrido ahora, en manifiesta contradicción entre jurisdicciones diferentes con el consiguiente coste para la Iglesia ante la opinión pública.

1.<https://elpais.com/especiales/pederastia-en-la-iglesia-espanola/>.
2.<https://www.religiondigital.org/espana/Iglesia-espanola-Vaticano-cerrado-Gaztelueta_0_2487951190.html>.
3.<https://www.religiondigital.org/mundo/Opus-Dei-Santa-Sede-abusos-poder-conciencia_0_2384761514.html>.
4. <https://elpais.com/sociedad/2022-03-13/carlos-osoro-sobre-los-abusos-entiendo-que-haya-gente-dolida-y-eso-me-duele-tambien-a-mi.html>.
5. <https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/conferencia_episcopal/perplejidad-anastro-declaraciones-osoro-falta-mando-conferencia-episcopal/20220315005917043396.html>.
6. <https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20220714-motu-proprio-ad-charisma-tuendum.html>.
7. <https://www.religiondigital.org/rumores_de_angeles/Francisco-obliga-Opus-redundarse-mismo-Iglesia-Dei-Obra_7_2471522834.html>.
8. <https://www.religiondigital.org/vaticano/prelado-Opus-Dei-Gaztelueta-judicial-ocariz-cuatrecasas-perdon-abusos-pederastia_0_2475652414.html>.

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