Todos los medios y periodistas se declaran "no culpables" Un tribunal australiano reanuda el juicio por desacato contra los medios por la cobertura del caso Pell
Este proceso por desacato en el Tribunal Supremo del estado de Victoria comenzó el pasado 9 de noviembre y está presidido por el juez John Dixon, que en diciembre redujo a 79 las 87 acusaciones
La Fiscalía considera que se violó la orden judicial impuesta ese año para evitar que la decisión sobre el juicio contra Pell por abuso sexual influyera en otro proceso pendiente por pederastia contra el religioso
Todos los medios y periodistas se declaran "no culpables" frente a un delito que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y multas de hasta 500.000 dólares australianos
Todos los medios y periodistas se declaran "no culpables" frente a un delito que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y multas de hasta 500.000 dólares australianos
| RD/EFE
Un tribunal australiano reanudó este jueves el juicio por desacato contra más de una veintena de medios y periodistas por la cobertura del proceso por pederastia del cardenal George Pell, quien fue finalmente exonerado, en una jornada en que un medio se refirió a una supuesta "conspiración católica".
Estos periodistas y medios, incluidas publicaciones del grupo mediático News del magnate Rupert Murdoch y de Fairfax, al que pertenece el diario The Age, están acusados de desobedecer una orden del juez que les impedía informar provisionalmente sobre el juicio de Pell, después de que fuera declarado culpable en diciembre de 2018.
Este proceso por desacato, en el Tribunal Supremo del estado de Victoria, comenzó el pasado 9 de noviembre y está presidido por el juez John Dixon, que en diciembre redujo a 79 las 87 acusaciones que pesan en contra de los acusados.
El proceso se reanudó hoy y está previsto que se prologue durante dos semanas.
En la vista, el abogado del diario The Age, Matt Collins, defendió el artículo publicado por este medio el 12 de diciembre de 2018, un día después de que Pell fuera hallado culpable de pederastia, en el que explicaba por qué no podía informar sobre el caso de un australiano de "alto perfil".
The Age no dio el nombre de Pell ni detalles sobre la decisión del jurado, aunque hizo alusión a la orden judicial que prohibía la cobertura del caso.
Collins remarcó que la condena de Pell fue de todas formas difundida en las redes sociales, en donde se compartieron artículos publicados por medios internacionales.
Asimismo mencionó que varios lectores "enojados" se quejaron ante el diario acusándolos de ser "parte de una conspiración católica", según la videoconferencia a la que tuvo acceso Efe.
Más tarde, uno de los testigos, Alex Lavelle, entonces editor del diario The Age y con 25 años de carrera periodística sin problemas de desacato, explicó ante el juez que él consideró la posibilidad de publicar la historia el mismo día del veredicto, aunque después decidió esperar a que la noticia se conociera en otro lugar.
"Me pareció evidente que era obvio explorar si podíamos preparar un artículo que no viole ninguna ley de ningún modo, ya sea de supresión o de desacato, y que diga a los lectores porqué no podíamos publicar esta historia", justificó Lavelle en declaraciones citadas por la agencia local AAP.
Todos los medios y periodistas se declaran "no culpables" frente a un delito que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y multas de hasta 500.000 dólares australianos (364.600 dólares estadounidenses o 306.700 euros).
La Fiscalía de Victoria considera que se violó la orden judicial impuesta ese año para evitar que la decisión sobre el juicio contra Pell por abuso sexual influyera en otro proceso pendiente por pederastia contra el religioso.
A raíz del fallo de culpabilidad por el abuso sexual de dos menores en la década de 1990, varios medios australianos presuntamente se saltaron la prohibición, que sería formalmente levantada en febrero de 2019 al quedar sobreseído el segundo proceso.
Pell fue condenado más tarde a seis años de prisión por cinco cargos de abuso sexual, fallo ratificado en agosto de 2019, pero revertido el pasado abril por la máxima instancia judicial del país.