"Este proceder mafioso ha sido siempre el acostumbrado en el Sodalicio de Vida Cristiana" Sodalicio: El intento de demoler la Misión Especial del Papa Francisco

La Misión Especial enviada por el Papa Francisco al Perú en julio de 2023 para investigar los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana —integrada por Mons. Charles Scicluna, arzobispo de Malta, y Mons. Jordi Bertomeu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe— vería iniciado un intento de demolición a partir del primer día del inicio de sus actividades, el 24 de julio del año mencionado, sin que sus dos integrantes supieran en ese momento lo que vendría después. Para ese día Giuliana Caccia, una activista ultraconservadora provida y profamilia, y Sebastián Blanco, un exsodálite que participa de la misma lucha, habían conseguido ser invitados a la Nunciatura Apostólica en el distrito de Jesús María (Lima, Perú) para presentar sus testimonios.

Giuliana Caccia, antes de ser directora de la asociación Origen —dedicada a lo que ella llama la “batalla cultural”—, fue directora de FAM Fundación para la Familia, una asociación que no sólo estaba vinculada al Sodalicio, sino que incluso tenía la misma dirección que la comunidad sodálite y su Centro Pastoral “Nuestra Señora de la Evangelización” en el distrito de San Borja en Lima. Sebastián Blanco es hermano de Ignacio Blanco, actual cónyuge de Giuliana Caccia, quien fue secretario personal de Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio. Ninguno de los tres personajes mencionados se ha manifestado críticamente sobre los abusos ocurridos en el Sodalicio, siendo hasta ahora defensores de la institución.

A Giuliana Caccia y Sebastián, defensores del Sodalicio, se les habría anulado el precepto penal del Papa Francisco que los amenazaba con excomunión. Ellos aseguran que todo quedó aclarado. Sin embargo, hay muchas cosas que no quedan claras.https://t.co/AVlglBjcMH

— Martin Scheuch (@ScheuchMartin) November 24, 2024

La cosa no pintaba bien. Pero eso no lo podía saber Mons. Jordi Bertomeu, quien atendió él solo a la señora Caccia y al señor Blanco por separado, pues Mons Charles Scicluna había perdido su vuelo y recién llegaría al día siguiente. Giuliana Caccia se presentó como víctima de dos exsodálites, José Enrique Escardó y Martin Scheuch —yo mismo—, quienes supuestamente la habríamos acosado verbalmente e insultado, que es cómo ella interpretó algunos intercambios de mensajes en redes sociales, donde Escardó y yo describíamos con cierta crudeza sus afinidades con el Sodalicio.

Dicho de otro modo, no sólo intentó difamarnos a los dos como presuntos victimarios, sino que incluso nunca reconoció que ambos habíamos sido víctimas de abusos graves en el Sodalicio, los cuales han tenido consecuencias en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y curiosamente ambos, junto con el periodista Pedro Salinas, somos quienes hemos seguido denunciando públicamente, de manera continua y permanente, los diversos abusos del Sodalicio hasta el día de hoy.

Sebastián Blanco, en cambio, buscó dar un testimonio positivo sobre el Sodalicio, presentándolo como una organización que sólo hacía bien a sus miembros mediante una formación espiritual sólida, que abarcaba también lo físico y lo psicológico. Aparentemente habría partido de la premisa de que un testimonio positivo puede anular testimonios negativos que incluyen recuentos de abusos. Pero la lógica no suele acompañar a este individuo. Los testimonios positivos y los negativos no se anulan entre sí. Que más de un centenar de víctimas hayan sufrido abusos graves no se anula por los testimonios de quienes, por el momento, sólo guardan recuerdos positivos de su paso por el Sodalicio. Pero también es cierto que las experiencias buenas no compensan en absoluto los daños sufridos por las víctimas, los cuales tienen consecuencias de por vida.

Según Caccia y Blanco, Mons. Bertomeu les prometió absoluta confidencialidad, confidencialidad que se guardó dentro del marco de la investigación. Es decir, ni Mons. Bertomeu ni Mons. Scicluna revelaron jamás sus nombres a nadie. Pero esta confidencialidad también tenía límites. El testimonio de ambos personajes, sin revelar su identidad, tenía que ser contrastado con los de otros testigos. Y aunque ninguno de los funcionarios vaticanos reveló a nadie sus identidades, éstas pudieron ser averiguadas por la prensa gracias a fotografías de los periodistas que asediaron mediáticamente la nunciatura apostólica en Lima desde el primer día de actividades de la Misión Especial. Este modo de proceder en las investigación lo conocíamos todos aquellos que presentamos nuestros testimonios ante Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu, incluso aquellos que pidieron que se mantenga su identidad en el anonimato.

No entendemos entonces por qué tanto Caccia como Blanco querían que sus testimonios estuvieran blindados por un secreto absoluto. Si Blanco quería hablar bien de su experiencia en el Sodalicio, ¿qué motivos había para mantener ese testimonio en secreto? ¿Acaso hablar bien de una experiencia que él tuvo en esa comunidad religiosa es algo puramente privado o vergonzoso? Si Giuliana Caccia quería denunciar a dos exsodálites, ¿cuál era el motivo para que eso no lo supiera nadie? ¿Quería poder dar su testimonio sin que los acusados pudieran defenderse o sin que se corroborara la verdad o falsedad de su testimonio?

Lo cierto es que cuando se quejaron ante Mons. Bertomeu de haber violado la confidencialidad de sus testimonios, éste les dio el 1° de agosto de 2023 las explicaciones correspondientes, y allí quedó zanjado el asunto por el momento.

Sin embargo, el 23 de agosto de 2024, habiendo pasado un año después de los acontecimientos, Caccia y Blanco interpusieron una denuncia penal contra Mons. Jordi Bertomeu ante la Fiscalía peruana por “violación del secreto profesional”. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué la denuncia no se hizo mucho antes? Tal vez la explicación se halle en la coyuntura de ese momento. El 14 de agosto la Conferencia Episcopal Peruana había dado a conocer que el 9 de agosto el Papa Francisco había expulsado a Luis Fernando Figari del Sodalicio.

Y tal vez ya habría llegado a oídos de las autoridades sodálites, a través de su procurador en Roma, Enrique Elías, que estaba planeada la expulsión de otros miembros. Eso nos lleva a una sospecha fundada: que Giuliana Caccia y Sebastián Blanco no actuaron de propia iniciativa —como ellos nos quieren hacer creer—, sino que serían meras marionetas de un poder en la sombra, el del Sodalicio de Vida Cristiana, el cual busca a través de ellos desacreditar la Misión Especial del Papa Francisco.

Esto resulta evidente ante el hecho de que la denuncia no prosperará por razones evidentes:

1° en el terreno donde está ubicada la Nunciatura Apostólica rige la ley del país de origen, es decir, del Vaticano y no la ley peruana, que se aplica a diplomáticos sólo se cometen delitos fuera de los límites de la delegación diplomática;

2° los enviados por un jefe de Estado —en este caso, el Papa Francisco respecto al Estado Vaticano— cuentan con inmunidad diplomática;

3° no hay pruebas de que se haya roto el secreto profesional, salvo el testimonio de los dos denunciantes.

Sin embargo, el objetivo no parece ser lograr una improbable sentencia contra Jordi Bertomeu, y eso lo saben bien quienes manejan los hilos. El objetivo principal sería desacreditar a la Misión Especial, a fin de revertir las expulsiones de miembros del Sodalicio y evitar la supresión de la institución.

El 15 de septiembre de 2024 Caccia y Blanco fueron amenazados por el Papa Francisco, mediante documento escrito, con excomunión ferendae sententiae si no retiraban la denuncia contra Jordi Bertomeu y tomaban otras medidas, entre ellas ofrecer disculpas a los miembros de la Misión Especial y contar públicamente la verdad de los hechos. Nunca lo hicieron. Este sábado 23 de noviembre fueron recibidos en audiencia privada por el Papa y, al salir de ella, relataron que el mismo Pontífice había anulado de puño y letra el precepto penal que se les había impuesto.

Este insólito hecho suscita varias preguntas:

- ¿Cómo consiguieron una audiencia privada con el Papa? No es algo tan fácil de obtener, a no ser que intervenga alguien con influencias en el Vaticano. ¿Quién o quiénes son los personajes que mediaron para que esto ocurriera?

- ¿Quién les financió el viaje a Roma? No es algo que cualquiera se pueda permitir, dados los costos elevados, más aún si el punto de partida es el Perú.

- Si les anularon el precepto penal, ¿se hizo gratuitamente sin que tuvieran ellos que retroceder respecto a la denuncia penal contra Jordi Bertomeu? ¿No pudieron presentar sus descargos vía la Nunciatura Apostólica, en vez de irse a Roma con todo lo que ello cuesta?

- Y si la audiencia fue privada, ¿están autorizados a contar en público los detalles de lo que se habló en ella sin autorización expresa del Papa?

La narrativa sodálite busca hacer creer que lo que está sucediendo con el Sodalicio es fruto de un complot liderado por Mons. Jordi Bertomeu, habiendo logrado que se expulse a Figari y a otros catorce miembros “sin explicaciones claras”, los cuales siguen siendo llamados “hermanos” por los sodálites que siguen perteneciendo a la institución. Y aparentemente estos “hermanos” expulsados seguirían viviendo en las comunidades sodálites, sin que haya cambiado para nada su estatus domiciliario.

A todo esto se suma la carta notarial del 24 de octubre de 2024, dirigida al Nuncio Apostólico en el Perú, Mons. Rocco Gualtieri, por el P. Jaime Baertl y Juan Carlos Len Álvarez tras ser expulsados del Sodalicio. Allí se niega que haya ocurrido el abuso de connotaciones sexuales que yo mismo sufrí de parte de Baertl cuando sólo tenía 16 años y se niegan los malos manejos económicos y administrativos realizados por ambos personajes. Exigen una rectificación pública, aduciendo que lo que se señala contra ellos “podría terminar constituyéndose en un delito civil y canónico de difamación”. 

Más aún, es preocupante lo que me cuenta el exsodálite Renzo Orbegozo, víctima del Sodalicio, quien reside en Grapevine (Texas, Estados Unidos). Su suegro Gonzalo Valderrama —un sodálite con vocación al matrimonio, miembro de la segunda generación del Sodalicio desde la década de los 70— se halla desde algunas semanas de visita en el domicilio de su familia. Desde allí tiene contacto telefónico con algunos de los expulsados —el P. Jaime Baertl, Alejandro Bermúdez y, por más increíble que suene, con el mismo Luis Fernando Figari— para coordinar los siguientes pasos a tomar. Y la misma Giuliana Caccia se ha comunicado con Valderrama, a fin de preguntarle si tiene fotos de Mons. Bertomeu con Orbegozo, quien tuvo que viajar a Roma para tramitar judicialmente documentos que le servirán para acceder a la nacionalidad italiana, a fin de “demostrar” así la falta de imparcialidad del investigador vaticano.

Desde allí tiene contacto telefónico con algunos de los expulsados —el P. Jaime Baertl, Alejandro Bermúdez y, por más increíble que suene, con el mismo Luis Fernando Figari— para coordinar los siguientes pasos a tomar

Lo que entonces queda claro es que tanto Giuliana Caccia como Sebastián Blanco serían las marionetas de una siniestra mano titiritera que actúa en la sombra, cuyo único propósito es desacreditar la Misión Especial del Papa Francisco. No es ninguna novedad. Este proceder mafioso ha sido siempre el acostumbrado en el Sodalicio de Vida Cristiana.