12 de junio, Día contra el Trabajo Infantil: 'Contra el trabajo infantil, elijo Comercio Justo' Cáritas alerta: contribuimos a la explotación infantil tras productos que consumimos a diario

(Cáritas).- Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra este 12 de junio, Cáritas, junto al resto de organizaciones miembro de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), alerta, dentro de la campaña «Contra el trabajo infantil, elijo Comercio Justo», de que muchos de los productos que forman parte de nuestros hábitos de consumo diario (como café, chocolate, azúcar, cereales, ropa y otros artículos textiles) esconden, en sus cadenas de producción, situaciones de explotación laboral de niños y niñas.

Una buena manera de actuar contra esta realidad es adquirir, como consumidores, productos de Comercio Justo, dado que la ausencia de explotación infantil es uno de los principios esenciales que deben cumplir todas las organizaciones implicadas en este modelo de consumo basado en la sostenibilidad y la protección de los derechos de las comunidades productoras.

La celebración de la jornada tiene este año, además, un significado añadido, ya que 2021 ha sido designado por la ONU como Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, que refuerza la llamada a dar visibilidad a esta lacra social, tan poco conocida.

El trabajo infantil en cifras

Los datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) muestran cuál es la magnitud la problemática del trabajo infantil en el mundo, que, además, puede verse agudizada por las crisis, el aumento de la pobreza y el cierre de escuelas derivadas de la pandemia. Este informe así lo describe.

Según sus últimas estimaciones, hay 152 millones de niños y niñas trabajadores en todo el mundo, de los cuales casi la mitad (73 millones) realiza actividades peligrosas.

En su mayoría, el trabajo infantil afecta a niños varones (88 millones, ante 64 millones que son niñas). Por sectores de actividad, el trabajo infantil se concentra en primer lugar en la agricultura, ganadería o pesca (7 de cada 10 menores que trabajan); mientras que el 17% lo hacen en el sector de servicios y el 12% en la industria, en particular la minería.

África es la región que concentra mayor proporción de menores trabajadores, donde 1 de cada 5 niños o niñas trabajan. En otras regiones la prevalencia es menor: en Asia y el Pacífico, la proporción es 1 de cada 14 niños; en las Américas, 1 de cada 19 niños; en Europa y Asia Central 1 de cada 25; y en los Estados árabes, 1 de cada 35 niños.

Casi la mitad de los niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años; 42 millones (28%) tienen entre 12 y 14 años; y 37 millones (24%), entre 15 y 17 años.

Cabe señalar que estas cifras podrían ser mayores, ya que el trabajo infantil es, en muchas ocasiones, una realidad invisible y difícil de medir, tal y como se constata en el informe “Erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas mundiales de suministro” publicado por UNICEF, la OIT, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

En el mismo se analizan las complejas redes de suministro y producción de una gran parte de los productos que consumimos, elaborados con materias primas o materiales procedentes de países de todo el mundo y que son procesados, ensamblados, envasados, trasladados y consumidos en todos los países y mercados del mundo. En estas redes se esconden diversas formas de explotación laboral infantil.

Compromiso del Comercio Justo a la lucha contra del trabajo infantil

El principio número 5 del Comercio Justo establece la prohibición de cualquier forma de explotación de niños y niñas por parte de las propias organizaciones miembro o las empresas intermediarias. Además, todas las organizaciones deben estar adheridas a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y a las leyes nacionales o locales sobre el empleo infantil.

De forma expresa se señala que “cualquier participación de niños o niñas en la producción de artículos de Comercio Justo (incluyendo el aprendizaje de un arte tradicional o artesanal) siempre es comunicada y monitoreada, y no debe afectar negativamente al bienestar, la seguridad, los requisitos educativos y la necesidad de jugar de los niños y las niñas”.

Junto a esto, gran parte de las cooperativas y organizaciones productoras destinan la denominada “prima social” a iniciativas relacionadas con la educación de niños, niñas y jóvenes, a través del apoyo a becas, escuelas infantiles para los hijos de las familias productoras y del resto de la comunidad, ayudas para material escolar o transporte, etc.

Las organizaciones de Comercio Justo trabajan de manera activa en estrategias de denuncia, incidencia política y movilización ciudadana para favorecer los cambios necesarios que contribuyan a erradicar la lacra del trabajo infantil. Este objetivo es el que comparte también Cáritas en toda España, a través de su Red Interdiocesana de Comercio Justo (RICJ), compuesta por 28 Caritas Diocesanas, con 36 tiendas y 72 puntos de venta.

Proyecto de prevención del trabajo infantil en Bolivia

Junto al trabajo de sensibilización y el compromiso con un modelo de consumo basado en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables en las comunidades del Sur, la acción de Cáritas Española en el terreno se realiza de manera activa mediante el apoyo a proyectos de las Cáritas locales para prevenir el trabajo infantil.

Es el caso del proyecto que lleva a cabo en Bolivia desde 2018 la Pastoral Social Cáritas Potosí para evitar situaciones de explotación laboral, mejorar las capacidades educativas y la situación nutricional y alimentaria de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en la región, donde existe una elevada incidencia de casos de trabajo infantil en la minería y las actividades agrícolas.

En total, gracias a este proyecto —que cuenta con un presupuesto de 246.740 euros, de los cuales 200.000 proceden de un legado solidario aportado a Cáritas Española— se está acompañando a casi 900 niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 7 y los 18 años.

Estos menores viven en comunidades empobrecidas y alejadas geográficamente en las zonas de Potosí, Betanzos, Puna y Uyuni, y pertenecen a familias en situación de gran precariedad y con bajos ingresos económicos, cuyos medios de vida dependen principalmente de la actividad agropecuaria y minera.