“De vergüenza…” No han faltado calificativos para ubicar la crisis desatada en la 4T por la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). No es para menos, el proceso pasó por el circo de la pasarela de más de 50 aspirantes quienes tuvieron sus pocos minutos de protagonismo en televisión. Al final, una terna que, políticamente, era premonitoria, “haiga sido como haiga sido”.

Que el legislador haya puesto en la Constitución la designación del presidente de la CNDH por parte del senado, no era simplemente por dotarle de más tareas. Al explorar la historia del ombudsperson, los mecanismos necesariamente pasaron por su refinación para confiarlo al poder que representa la voluntad popular en la pluralidad política. 

La Comisión de los derechos humanos y el ombudsperson nacieron al seno de la Secretaría de Gobernación en 1989, pero los cambios sociales exigían su desmantelamiento al interior de un aparato político que en la práctica parecía incompatible con la defensa de los derechos humanos para el fincamiento de responsabilidades contra autoridades abusadoras de los derechos. No era posible ser juez y parte. 

La reforma sobre la autonomía de la CNDH, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo en 1999, quiso escindir del poder a una magistratura moral para ser efectivo contrapeso contra los abusos. Efectivamente se consumó en la ley lo que es uno de los logros más importantes en el sistema de la defensa de los derechos humanos en México, reconocido por organismos internacionales; sin embargo, la CNDH es una instancia controvertida y pasa también por el escrutinio que le ha señalado por su tibieza consumiendo altos recursos del presupuesto público haciéndole una entidad demasiado cara para los mexicanos. 

Al punto, sus titulares fueron cuestionados por la falta de acción determinante ante las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas o la crisis de los desaparecidos; no obstante, la reforma constitucional sobre derechos humanos del 2011 obligaría a formular el rediseño de las competencias de la CNDH para dotarle de mayores facultades que no fueran, sencillamente, las de acciones de ornato como una especie de florero de implicaciones puramente morales.

Aunque la Constitución otorga al ombudusperson facultades legales por los derechos humanos, la CNDH parece requerir aún de fuerza para impedir la influencia de cualquier poder que pretenda su control para ajustarla a la medida y gusto del gobierno en turno. En la 4T de López Obrador, parece imperar el privilegio de pocos para ocupar esos lugares que podrían ser incómodos a los objetivos políticos de un gobierno que está desmantelando los órganos autónomos tan sólo por la sospecha de ser neoliberales.

Aunque “congelada”, senadores del partido de López Obrador pretendían en agosto pasado una iniciativa para reformar a la CNDH a fin de que el organismo tuviera “nuevos modelos” de colaboración con el Poder Ejecutivo lo que, en la práctica, podría significar el debilitamiento de la autonomía. Otros intentos de reforma parecen más radicales hasta transformar a la CNDH en una Defensoría Popular que implicaría prácticamente la desaparición del organismo.

La ilegal designación de la actual presidenta de la CNDH es parte de ese colapso. Lejos de motivar la esperanza por la defensa imparcial y autónoma de los derechos humanos, levanta sospechas y crea desconfianza por su evidente filiación política. Es el primer golpe asestado para consumar una reforma complaciente a las formas del presidente. Mala señal que parece ser el primer puño de tierra en la tumba de la CNDH.